El Tribunal Supremo de Reino Unido ha dictaminado este martes que el Gobierno británico no puede activar el Artículo 50 del Tratado de Lisboa para iniciar el proceso de salida de la UE sin consultar al Parlamento. Por ocho votos a tres, los magistrados han decretado que el Parlamento tiene que dar la autorización para que se pueda iniciar el proceso formal de Brexit, después de que los británicos votaran a favor de salir de la UE en el referéndum del 23 de junio.
El Gobierno de Theresa May había apelado al Supremo después de que el Tribunal Superior de Londres respaldara el recurso formulado por la inversora Gina Miller y respaldado entre otros por el Gobierno escocés de que antes de iniciar el proceso de divorcio con la UE era necesaria la aprobación del Parlamento, puesto que la salida supondría privar a los ciudadanos de derechos que les fueron concedidos por los parlamentarios.
En su fallo, el Supremo ha considerado que la llamada 'prerrogativa real', los poderes ejecutivos del Gobierno, no es suficiente para privar a los ciudadanos de los derechos obtenidos a través de leyes aprobadas por el Parlamento en virtud de la entrada del país en la UE. "El referéndum es de gran significado político, pero el Acta del Parlamento que lo estableció no decía qué debía ocurrir como resultado", ha explicado en presidente del Supremo, David Neuberger, durante la lectura del fallo. "Así que cualquier cambio en la ley para dar efecto al referéndum debe hacerse de la única manera permitida por la Constitución, es decir, por un Acta del Parlamento", ha añadido.
Asimismo, los magistrados han determinado que el Gobierno no tiene que esperar a obtener consentimiento de las asambleas de Escocia, Irlanda del Norte y Gales antes de iniciar el procedimiento formal de negociación con la UE para la salida del bloque. El fiscal general, Jeremy Wright, ha reconocido que el Gobierno está "decepcionado" por el fallo pero lo acatará y hará "lo que sea necesario" para ponerlo en práctica, según informa la BBC.