España es un país de propietarios. Cerca del 80% de las familias tiene una vivienda en propiedad, incluyendo rentas bajas y medias-bajas, y muchos poseen incluso dos o más inmuebles. Durante décadas, el ladrillo se ha convertido en el principal activo y fórmula de ahorro de los españoles. Como resultado, la mayor parte de la riqueza patrimonial de las familias está invertida en ladrillo, y ésta es, precisamente, una de las razones por las cuales la rapiña política está centrando su objetivo fiscal y regulatorio sobre la vivienda con el fin de sacar ingresos extra o bien simple rédito electoral.
No es casualidad, por ejemplo, que el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) haya sido la única figura tributaria cuya recaudación no ha dejado de aumentar durante la crisis tras las sucesivas y constantes revisiones catastrales y subidas de tipos que han aprobado los ayuntamientos en los últimos años. O qué decir del Impuesto de Patrimonio, un tributo anecdótico y marginal en el mundo, cuya derogación se anuló en España y sigue vigente, pese a que el Estado vendió su extensión como algo temporal. Y lo mismo sucede con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, cuya eliminación de facto por parte de la Comunidad de Madrid ha levantado la ira de algunas comunidades derrochadoras e irresponsables, como es el caso de Andalucía, exigiendo al Gobierno que imponga un tipo mínimo para recibir ingresos extra, con la consiguiente pérdida de riqueza para millones de españoles.
Este particular tipo de rapiña, sin embargo, no se limita tan sólo al ámbito fiscal. Igualmente grave y preocupante son las nefastas y liberticidas regulaciones sobre vivienda que se están abriendo paso en contra de los derechos básicos del propietario. Uno de los casos más sangrantes es, sin duda, el de Cataluña. La Generalidad pretende crear un índice de precios del alquiler para sancionar a todos aquellos propietarios que se les ocurra ofrecer una renta superior a la que determinen los políticos catalanes. Así, los portales o particulares que anuncien alquileres más altos al establecido arbitrariamente por la Administración autonómica podrán ser sancionados fiscalmente por los ayuntamientos mediante cargas adicionales en el IBI.
Este despropósito no sólo viola de forma flagrante los principios esenciales de la economía de mercado y la libertad de los contratos, sino que tendrá consecuencias muy negativas a medio y largo plazo sobre el mercado del alquiler. La enorme inseguridad jurídica que generan este tipo de medidas se traducirá, de una u otra forma, en un descontrolado mercado negro y una menor oferta de alquiler, dificultando así el acceso a todos aquellos que busquen piso. La imposición de gravámenes extra a los pisos vacíos, la absoluta inmunidad política de la que gozan los okupas en algunos ayuntamientos o la perjudicial persecución a los llamados pisos turísticos por parte de todas los administraciones constituyen, en todo caso, una violación clara y directa del derecho a la propiedad privada.
Esta deriva acabará mal. Si lo que se pretende es facilitar el acceso a la propiedad inmobiliaria o el alquiler, lo que se necesita son mercados libres y una firme seguridad jurídica para garantizar el cumplimiento de los contratos, no subidas fiscales ni, aún menos, absurdas y contraproducentes regulaciones cuyo único resultado será más mercado negro, escasez de vivienda y manga ancha para la comisión de delitos. La rapiña política sobre la vivienda socava los cimientos sobre los que se sustenta el patrimonio, mayor o menor, de la inmensa mayoría de los españoles.