Las comunidades gobernadas por el PSOE no han perdido el tiempo en la última Conferencia de Presidentes Autonómicos y han vuelto a acusar a Madrid de ejercer una "competencia desleal" en el plano tributario.
No es la primera vez que los barones socialistas lanzan este tipo de quejas. En 2014, Susana Díaz llamó "antipatriotas" a las regiones que bajan impuestos, afirmando que la Comunidad de Madrid pretende convertirse en un "paraíso fiscal". Esa misma línea es la que siguió Ximo Puig a finales de 2016, cuando lamentó que "a 140 minutos de Valencia no se paga Patrimonio ni Sucesiones". Y también van por ahí las quejas de Emilio García Page, que se sumó a las críticas de Díaz y Puig durante la Conferencia de Presidentes Autonómicos.
Estas críticas no son exclusivas del PSOE. Los altos cargos de Podemos e Izquierda Unida han cargado desde hace años contra el modelo de impuestos bajos que introdujo Esperanza Aguirre y ha mantenido Cristina Cifuentes. Incluso Ciudadanos ha defendido en diversas ocasiones la necesidad de avanzar hacia la "armonización" de gravámenes como Patrimonio o Sucesiones y Donaciones?
Los datos de Patrimonio
¿Qué ingresos generan estos tributos? Cruzando los informes del Consejo General de Economistas y de REAF-REGAF Asesores Fiscales con los presupuestos de los distintos gobiernos autonómicos, nos encontramos con lo siguiente:
- Cada año, la recaudación por el Impuesto de Patrimonio aporta cerca de 100 millones a las arcas de la Junta de Andalucía, apenas el 0,3% de los ingresos necesarios para cubrir los 33.000 millones que gasta el Ejecutivo de Susana Díaz.
- Comunidad Valenciana se embolsa cerca de 120 millones por el mismo concepto, apenas el 0,6% de los 19.000 millones que maneja cada año Ximo Puig.
- En Castilla-La Mancha, este gravamen aporta 160 millones por ejercicio, lo que supone solamente el 1,9% del presupuesto total de la Junta que preside García-Page (unos 8.4200 millones).
- En Extremadura, los ingresos derivados de este tributo son de apenas 5 millones por ejercicio. Comparado con unos presupuestos autonómicos que rondan los 5.000 millones, Patrimonio supone apenas un 0,1%.
Parece claro, por tanto, que no hablamos de un impuesto relevante para las cuentas públicas. Si comparamos su aportación a las arcas regionales con el gasto final que asumen las comunidades, podemos comprobar que su peso se mueve entre el 0,1% de Extremadura y el 1,9% castellano-manchego.
Por otro lado, es curioso que los barones del PSOE se revuelvan contra la política que está siguiendo la Comunidad de Madrid en lo relativo al Impuesto sobre el Patrimonio. En 2007, el líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, presionaba a Esperanza Aguirre para que acelerase la supresión de este gravamen. Un año después, en abril de 2008, el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero suprimía el Impuesto del Patrimonio en toda España, aunque el ex presidente lo reintrodujo en septiembre de 2011, a escasos tres meses de su salida de La Moncloa.
Desde entonces, todas las autonomías han reintroducido este tributo, salvo la Comunidad de Madrid, que llegó a recaudar 650 millones por este concepto pero ahora renuncia a cobrar este tributo, de acuerdo con el compromiso de impuestos bajos que inauguró Aguirre y ha asumido su sucesora en el cargo, Cristina Cifuentes.
Los datos de Sucesiones y Donaciones
¿Y qué hay del gravamen de Sucesiones y Donaciones? Haciendo la misma comparación que hemos realizado con Patrimonio, llegamos a conclusiones muy similares:
- En Andalucía, este impuesto aporta 345 millones, que equivalen al 1% del gasto autonómico.
- Para Comunidad Valenciana, hablamos de una aportación recaudatoria de 142 millones, que suponen el 0,7% del presupuesto regional.
- En Castilla-La Mancha, Sucesiones y Donaciones genera 142 millones al año, lo que implica el 1,7% del gasto autonómico.
- Extremadura recibe en sus arcas públicas unos 55 millones por este gravamen, el 1,1% de los presupuestos de la Junta.
Una vez más, vemos que el peso del tributo de Sucesiones y Donaciones sobre la recaudación de los gobiernos comandados por el PSOE es muy limitado, moviéndose entre el 0,7% de la Comunidad Valenciana y el 1,7% de Castilla-La Mancha. Pero, en cambio, el impacto que tiene este tributo en el bolsillo de miles de contribuyentes es devastador.
Por ejemplo, como Madrid bonifica al 99% este tributo para los casos más habituales, heredar en la capital y no en Sevilla puede salir 100 veces más barato. Así, un la transmisión de un patrimonio de 800.000 euros pagaría 200.000 euros al fisco andaluz y 2.000 al madrileño. El caso andaluz es tan flagrante que cada día se dan 19 renuncias a recibir herencias.
Los datos del Consejo General del Notariado nos dicen que en 2007, coincidiendo con el pinchazo de la burbuja, se dieron 11.000 renuncias a herencias. Esta cifra no ha parado de crecer desde entonces y, de hecho, las estadísticas para 2015 presentadas en 2016 apuntan que casi 38.000 españoles tuvieron que renunciar a heredar al no poder enfrentar los costes ligados a este gravamen. Esto equivale a una tasa de renuncia del 10%, indicador al que llegamos comparando las 38.000 renuncias registradas con el total de actas notariales de sucesiones y donaciones que se firmaron en 2015 en España.
IRPF y otros tributos
Madrid también mantiene un modelo más atractivo en el resto de impuestos. Por ejemplo, en el año 2016, sumando el tramo regional al nacional, el IRPF de la región de la capital de España oscilaba entre el 19% y el 43,5%. En la Comunidad Valencia, el intervalo iba del 21,4% al 46%, mientras que en Castilla-La Mancha oscilaba entre el 20% y el 47,5%, en Andalucía se movía entre el 19,5% y el 48% y en Extremadura abarcaba desde el 19% hasta el 45%.
Algo parecido nos encontramos en otros gravámenes. Así, además de Patrimonio, Sucesiones y Donaciones e IRPF, Madrid tiene una fiscalidad más baja en el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y el tributo de Actos Jurídicos Documentados.
El resultado es que, de manera incontestable, Madrid se ha convertido en la autonomía con mejor clima fiscal de España. José María Rotellar lo explica en un artículo de opinión que también publica hoy este periódico:
Madrid es la región con los impuestos más bajos de España tras las rebajas fiscales de 2005, 2006, 2008 y, especialmente, la de 2014, que supuso la mayor bajada de impuestos de una comunidad autónoma en toda la historia del Estado de las Autonomías. Estas rebajas lograron dejar a Madrid con cinco puntos de rebaja en el IRPF y el 99% de bonificación en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones para los familiares más cercanos. Además, es la única región que mantiene bonificado al 100% el injusto Impuesto de Patrimonio. Madrid también mantiene el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales más bajo de España, con una rebaja del 16% y cuatro puntos menos que en muchas regiones, o el Impuesto de Actos JUrídicos Documentados más bajo de España, con una rebaja del 25% en el impuesto.
Madrid ‘financia’ a las CCAA de impuestos altos
Pero, si acaso todo lo anterior no es suficiente para desmontar el discurso de los barones socialistas, no está de más echar un vistazo a las balanzas fiscales que publica cada año el ministerio de Hacienda. Según dicho documento, la Comunidad de Madrid aporta anualmente a la financiación de las demás comunidades autónomas fondos cercanos al 10% de su PIB.
De las cuatro regiones gobernadas por el PSOE, solo la Comunidad Valenciana es una aportadora neta de fondos, aunque su contribución equivale al 1,5% del PIB, siete veces menos que Madrid. Por otro lado, Andalucía recibe fondos equivalentes al 6% de su PIB, cantidad idéntica a la que se embolsa Castilla-La Mancha. En el caso de Extremadura, la recepción neta de fondos inyectados por otras comunidades al sistema de financiación autonómica equivale al 16% de su PIB.
Si España adoptase un federalismo fiscal pleno y cada región tuviese que vivir solamente con los ingresos que recauda su gobierno autonómico, los madrileños pagarían 3.000 euros menos al año en impuestos, pero seguirían recibiendo el mismo gasto público. Los valencianos también se beneficiarían, pero su ahorro sería de 300 euros, diez veces menos. Algo similar le ocurriría a los castellano-manchegos, mientras que los andaluces se verían obligados a pagar 1.000 euros más de impuestos al año y los los extremeños asumirían un mordisco adicional de 2.400 euros por ejercicio.
Madrid se endeuda menos y tiene más empleo
Un sistema fiscal define su sostenibilidad en virtud del equilibrio presupuestario que arroja su mix de ingresos y gastos. En este plano también vemos grandes diferencias: la deuda pública en Madrid es del 14% del PIB, pero asciende al 22% en Andalucía y Extremadura, llegando al 36% en Castilla-La Mancha y al 42% en la Comunidad Valenciana.
El círculo virtuoso que generan unos impuestos más bajos y una deuda más reducida beneficia también al empleo. Con las mismas leyes laborales, la tasa de paro en Madrid es del 15%, frente al 20% de Comunidad Valenciana, el 23% de Castilla-La Mancha, el 26% de Extremadura o el 29% de Andalucía. Mientras que ninguna de las regiones del PSOE está mejor que el promedio nacional (19%), Madrid se coloca cuatro puntos por debajo.
De manera que, en vez de cargar las tintas contra Madrid por haber bonificado dos impuestos autonómicos que apenas tienen impacto en los presupuestos autonómicos, las regiones del PSOE harían bien en ponerle las cosas más fáciles a sus habitantes, adoptando un sistema fiscal más atractivo.