Mariano Rajoy se mostró dispuesto a reunirse en breve con Carles Puigdemont, pero rechazó que en el orden del día de ese despacho pueda estar el diseño de un modelo de financiación especial para Cataluña. Así, invitó al Ejecutivo catalán a que se sume cuando lo estime oportuno a la comisión de trabajo para la reforma del sistema, a la que cada comunidad enviará a un experto. Y, en caso de seguir sin ocupar su silla, avisó a Cataluña de que tendrá que acatar la nueva fórmula una vez sea aprobada por el Congreso de los Diputados.
La advertencia fue suscrita por la práctica totalidad de líderes autonómicos, tanto del PP como del PSOE, que acudieron a la conferencia de presidentes. En la cumbre se acordó que en un mes han de empezar los trabajos para abrir el melón de la financiación y que antes de que concluya el año ha de estar lista la reforma. A puerta cerrada, fue el murciano Pedro Antonio Sánchez uno de los mandatarios que más empeño puso en poner un plazo para que las negociaciones no se demoren en el tiempo. "La voluntad es llegar a un acuerdo en 2017", anunció un satisfecho Rajoy en rueda de prensa.
Choque entre Cifuentes y Díaz
Fue una conferencia sin grandes escollos. Cristina Cifuentes protagonizó el momento más delicado, toda vez Susana Díaz abanderó una petición para que se "armonicen" los impuestos cedidos a las comunidades autónomas, como el de patrimonio o sucesiones y donaciones. La presidenta madrileña, defensora de los impuestos bajos, se negó en rotundo, mientras que su homóloga andaluza se refirió a esa región como un "paraíso fiscal". "Defiendo que España no roba a nadie y que ningún territorio le paga los servicios a otro, pero la mejor manera de cumplirlo es que haya criterios objetivos y justos que determinen el sistema mas justo de financiación para ver quién está sobre financiado o infrafinanciado para poder permitirse bajar o subir los impuestos", argumentó Díaz, que recibió el apoyo de Valencia o Extremadura. Rajoy se limitó a constatar la división pero "no se tomó ninguna decisión", según sus propias palabras.
Superado este capítulo, las comunidades acordaron con el Gobierno abrir el melón de la financiación autonómica en un marco de igualdad. De hecho, los barones llegaron a la cita con el temor de que Rajoy estuviera tentado de abrir un debate bilateral con Cataluña al margen de la negociación común, más aún tras abrir despacho Soraya Sáenz de Santamaría en Barcelona. "La financiación es cosa de todos", se dijo desde Galicia, Madrid o Murcia. El mensaje llegó incluso desde el Partido Socialista: "No vamos a tolerar" que los problemas se resuelvan "bilateralmente", subrayó Vicente Álvarez Areces, portavoz en el Senado. En la reunión sin cámaras delante, Díaz censuró la ausencia de Puigdemont e Íñigo Urkullu a la reunión, como se encargó de pregonar su equipo.
El presidente no tardó en disipar estas dudas, y reclamó a Cataluña que se sume a la mesa común: "La invitación está abierta y es permanente, para cuando quieran incorporarse y ha cambió de nada", destacó, sugiriendo que nombren a un experto que asista a la comisión. "No pienso hacer ningún reproche", llegó a afirmar. Pero insistió en que no habrá relación bilateral en este tema: "Una cosa es hablar y otra cosa es que se tomen unas decisiones para unos y otras decisiones completamente diferentes para otros. El modelo de financiación autonómica tendremos que acordarlo entre todos", sentenció. Cabe recordar que País Vasco y Navarra tienen un sistema especial al margen del resto de España.
Eso sí, Rajoy avisó nada más comenzar la cumbre que no hay dinero en las arcas para satisfacer todas las demandas de las comunidades y que tendrán que ceder. "Todos tenemos interés en mejorar la financiación pero para eso hay que tener recursos", dijo. En este sentido, puso encima de la mesa un dato: la recaudación sigue estando 20.000 millones por debajo del año 2007, momento en el que comenzó la recesión económica. Y reiteró que la receta tiene que continuar siendo "el crecimiento económico y la creación de empleo". Además, planteó como reto conjunto el sostenimiento del estado de bienestar y, en concreto, el gasto en pensiones.