El Gobierno y Ciudadanos están ultimando, en una negociación pilotada por el ministro de Economía, Luis de Guindos, y el responsable económico centrista, Luis Garicano, un acuerdo sobre la reforma de los organismos reguladores, que afectaría tanto a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al Banco de España.
Así lo ha anunciado este lunes, durante su primera rueda de prensa del año, Albert Rivera, que ha recordado que se trata de algo que se incluye en el acuerdo de investidura firmado el pasado verano por el PP y Ciudadanos, y que también formó parte del acuerdo de Gobierno alcanzado entre la formación naranja y el PSOE a principios de 2016. Rivera, que se ha mostrado confiado en poder anunciar el acuerdo en los "próximos días" ha señalado la necesidad de que España tenga "una comisión fuerte de defensa de los consumidores" como ocurre, ha dicho, "en los países que mejor funcionan". Para el líder centrista, "si hay competencia garantizamos que los servicios son mejores y los ciudadanos están protegidos".
Partir en dos la CNMC
Rivera no ha querido precisar si el acuerdo incluirá la división en dos de la CNMC, como contempla el programa electoral de Ciudadanos y el propio acuerdo de investidura con los populares. Se trataría de crear, por un lado, una Autoridad Independiente de los Mercados y por otro una Autoridad Independiente de la Defensa de la Competencia. Curándose en salud, Rivera ha recordado que su partido tan solo tiene treinta y dos escaños, siendo la cuarta fuerza del Congreso de los Diputados.
La reforma anunciada por Rivera contempla que los presidentes y consejeros de los órganos reguladores sean elegidos por el pleno del Congreso entre "profesionales de reconocido prestigio" con diez años de experiencia profesional acreditada.
Acabar con la "letra pequeña"
El acuerdo de investidura entre populares y centristas contempla también la creación de una Autoridad Independiente de protección del Consumidor e Inversor Financiero que tendría como objetivo, según reza el pacto, "establecer contratos tipo de servicios financieros para minoristas (por ejemplo de hipotecas) con el fin de evitar fraudes a los consumidores justificados en la 'letra pequeña' de los contratos".
Se trata de una idea desarrollada recientemente por Rivera y Garicano, que abogan por un contrato hipotecario estándar salvo en tres aspectos: el tipo de interés, la duración y la cuantía.