Cada dos años, la organización no gubernamental TRACE International une fuerzas con el think tank estadounidense RAND Corporation para evaluar el grado de corrupción vigente en los distintos países del mundo. El informe, concebido como un Índice de Riesgo de Corrupción, engloba cuatro pilares:
- Relaciones del sector privado con el sector público. Aquí entran cuestiones como el grado de discrecionalidad del poder político, el nivel de generalización de malas prácticas como los sobornos y la calidad del ámbito regulatorio que los políticos imponen a las empresas.
- Actuaciones contra la corrupción. Esta categoría mide el castigo legal previsto para los corruptos y el grado de cumplimiento de dichas leyes.
- Transparencia del sector público. En este punto se incluyen aspectos como la publicidad de los presupuestos o las leyes de incompatibilidades.
- Capacidad de control y supervisión social. El cuarto pilar evalúa la capacidad de la sociedad civil para frenar la corrupción, incorporando indicadores de libertad de expresión y desarrollo socioeconómico.
La nota del documento anti-corrupción elaborado por TRACE y RAND asigna una puntuación de 0 a 100 a los 199 países evaluados. Cuanto más cerca esté la calificación asignada de 0 puntos, menor riesgo de malas prácticas. En sentido inverso, una nota cercana a 100 puntos redundará, a su vez, en un mayor riesgo de corrupción.
España, en el puesto 51
En el caso de España, nuestra calificación global es de 49 puntos, lo que nos sitúa en un puesto mediocre (estamos en el escalón número 51 de un ranking en el que figuran casi dos centenares de países). Tras años de intensos debates sobre la corrupción, España está lejos de los mejores países pero también se queda lejos de los peores.
Por categorías, recibimos la siguiente evaluación:
- Relaciones del sector privado con el sector público: 55/100 puntos.
- Actuaciones contra la corrupción: 36/100 puntos.
- Transparencia del sector público: 45/100 puntos.
- Capacidad de control y supervisión social: 19/100 puntos.
El primer pilar del índice tiene un peso mayor que los tres restantes sobre la nota final. Precisamente en esta categoría, España sale especialmente mal parada, con 55 puntos sobre 100. Esto quiere decir que el marco público al que se acercan empresas y ciudadanos con motivaciones ilícitas sigue siendo demasiado discrecional, lo que anima al soborno y consolida un marco regulatorio ineficiente.
También es preocupante la nota de transparencia que recibe el sector público, con 45 puntos sobre 100. Después de varios años en los que todos los políticos hablan de la importancia de la transparencia, la nota recibida por España en esta categoría del informe de TRACE y RAND es, cuando menos, decepcionante.
Algo mejor es la nota que mide las actuaciones contra la corrupción (36 puntos sobre 100). Los numerosos casos de corrupción que están siendo juzgados vendrían a apuntalar esta evaluación, confirmando que, si bien no hemos desarrollado un marco efectivo para impedir la corrupción, al menos sí contamos con buenos mecanismos para detectarla a posteriori y proceder a juzgarla.
Pero la mejor calificación es la que recibe España en el apartado dedicado a la capacidad de control y de supervisión social. Con 19 puntos sobre 100, el índice entiende que los medios de comunicación y la sociedad civil española tienen un nivel de preparación relativamente alto para denunciar las malas prácticas.
Los mejores
El top 30 incluye a países en los que el riesgo de corrupción va de 10 a 39 puntos. El líder destacado a la hora de frenar las malas prácticas es Suecia, con una nota final de apenas 10 puntos. En las cinco primeras posiciones también están Nueva Zelanda (15 puntos), Estonia (17 puntos), Hong Kong (17 puntos) y Noruega (19 puntos).
Hay numerosos países europeos en las primeras posiciones: Irlanda en el número 6 (22 puntos), Países Bajos en el número 7 (24 puntos), Finlandia en el número 9 (26 puntos) y Dinamarca en el número 10 (27 puntos). También están entre los 30 primeros otros países del Viejo Continente como Suiza, Reino Unido, Islandia, Austria, Luxemburgo, Letonia, Portugal, Alemania, Lituania, Francia y Polonia, así como otros miembros de la OCDE (Canadá, Australia, EEUU, Chile…).
Fuera del top 30 pero por delante de España también nos encontramos con Bélgica, Israel o Italia. Las peores puntuaciones a nivel europeo son para Grecia, que se queda en el puesto 119 con una nota de 64 puntos sobre 100, Ucrania, que apenas alcanza el puesto 133 con una calificación de 67 sobre 100 puntos. Nigeria se lleva la palma: es el farolillo rojo con una nota de 97 puntos que apunta a un ambiente de corrupción generalizada. No le va mucho mejor a Venezuela, que se sitúa a la cola de América Latina con 85 puntos sobre 100 (puesto 187 de un total de 199 países).