No hubo sorpresas en el último Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) de 2016 que se ha celebrado este jueves por la tarde en Madrid. Soraya Sáenz de Santamaría y Cristóbal Montoro han mantenido la postura prevista y han anunciado a las comunidades autónomas que el año que viene todas ellas tendrán el mismo objetivo de déficit, el 0,6% del PIB regional. No habrá, por lo tanto, déficit a la carta. Eso sí, quizás para compensar, el ministro llegó con un aguinaldo debajo del brazo: más de 4.500 millones de euros del FLA para que las CCAA puedan hacer frente al exceso en los objetivos de déficit de 2015 y 2016.
De esta forma, todas las regiones se adaptarán al 0,7% del PIB de déficit en 2016, al 0,6% en 2017, al 0,3% en 2018 y al 0 (equilibrio) en 2019. Por su parte, la deuda deberá situarse en el 24,1% del PIB el próximo año, para descender al 23,6% en 2018 y al 22,7% del PIB en 2019.
Las comunidades gobernadas por el PP (Madrid, Galicia, Castilla y León, La Rioja y Murcia) y Canarias han votado a favor de estos objetivos. Valencia y Baleares, gobernadas por el PSOE, han votado en contra. Mientras tanto, Aragón, Castilla-La Mancha, Andalucía, Extremadura, Asturias y Cantabria se han abstenido. Cataluña no ha podido votar al no estar representada por el consejero del ramo, Oriol Junqueras (en su lugar ha estado presente el secretario de Economía del departamento). Eso sí, el representante de la Generalidad catalana ha mostrado a la salida de la reunión el absoluto rechazo de su Ejecutivo a lo aprobado por el CPFF. La aprobación de estos objetivos en el CPFF es el paso previo a su aprobación definitiva en el Consejo de Ministros de este viernes.
Como era previsible, las comunidades que terminarán 2016 con una cifra de déficit más elevada (y que, por lo tanto, más complicado lo tienen para llegar al 0,6% dentro de un año) han puesto el grito en el cielo. Valencia y Cataluña han actuado en esta ocasión como líderes del grupo de los díscolos. Enfrente, las regiones con gobierno popular han apoyado, con más o menos entusiasmo, al Gobierno.
En esta ocasión, lo más novedoso quizás haya sido la presentación de un informe de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) en el que parece apoyar el argumento de los que defendían déficits diferenciados. El documento se hará público mañana viernes, pero ya figura como anexo al acta del CPFF. El organismo cree que el Gobierno debería ser más exigente con las regiones que puedan acabar por debajo del 0,6%, obligándolas a ir a una cifra de déficit inferior, lo que daría margen a las otras para cerrar algo por encima. Montoro ha explicado que se va a aprobar el mismo objetivo de déficit para todas las Comunidades Autónomas en 2016 "por un sentido práctico de la política". En este sentido, ha dicho que la propuesta de la Airef "es bienvenida, como todo tipo de propuestas, porque son interesantes e implican muchas consideraciones para un futuro", pero que no se aplicará, entre otras cosas porque supondría retrasar todo el procedimiento.
Al final, la discusión de este jueves ha girado en los términos habituales cuando se trata de la discusión de los límites de déficit. Por un lado, las regiones que prevén cerrar el año con un déficit más alto argumentan que no se puede exigir el mismo déficit a quien tiene en estos momentos un 0,6% que a quien tiene un 2%. Su razonamiento es que, más allá de lo que haya ocurrido en el pasado y de las razones por las que unos y otros tienen ahora déficits diferentes, lo cierto es que poner el mismo límite para 2017 obligará a muchos más ajustes a algunas regiones. Y no sólo eso, sino que se ponen del lado de la Airef en defender que si hay quien puede llegar al 0,2% o al 0,3%, por qué no va a hacerlo.
Enfrente, las regiones con un déficit más bajo aducen que lo que no sería justo es castigar a los que mejor lo están haciendo. Según este punto de vista, si el Ministerio concede más margen a los que se saltan los objetivos de este año, no sólo está siendo injusto, sino que está poniendo nos incentivos perversos a futuro, porque corre el riesgo de que se interprete que saltarse las normas comunes tiene premio. En esta ocasión, parece que Montoro y Sáenz de Santamaría se han alineado con esta postura.
En este sentido, hay que matizar mucho la postura de la Airef y lo que en realidad significa. El representante catalán ha asegurado que su planteamiento (déficit a la carta) es más lógico y es lo más habitual en otros países europeos. Para respaldarlo, ha señalado al informe de la Airef que, efectivamente, abre la puerta a esta posibilidad. No es algo aislado, hace un par de semanas el FMI, en su informe sobre la economía española, también apostaba por esta alternativa.
El problema es que las regiones díscolas se olvidan de la segunda parte de estas recomendaciones. Porque tanto la Airef como el FMI han dicho siempre que plantear déficits a la carta tiene que ir unido a un estricto seguimiento, incluso con incentivos y castigos para los que cumplan y los que no lo hagan. Ni Cataluña ni Valencia pueden presumir demasiado en este sentido, porque llevan ignorando los objetivos de Hacienda desde hace años sin que eso se haya traducido en multas o sanciones.
Más dinero del FLA
Junto a la aprobación de los objetivos de déficit y deuda pública, la reunión de este jueves ha servido para repartir 4.547 millones procedentes del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) destinados a cubrir las desviaciones de los objetivos de déficit del ejercicio 2015 así como de los recursos previstos para financiar la ampliación del objetivo de las regiones para 2016, que ha pasado del 0,3% al 0,7% actualmente en vigor.
De esta forma, el Ministerio ha informado de que la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE) ha acordado la asignación de recursos del Fondo de Financiación a través del FLA por un total de 1.638 millones, destinados a atender las desviaciones del objetivo de 2015. Del mismo modo, la CDGAE aprobará destinar 2.909 millones a las regiones por el incremento del déficit para este año. Con esta última cifra, "las comunidades autónomas recibirán en 2016 un total de 31.373 millones procedentes del FLA".