No contento con haber protagonizado uno de los mayores fraudes electorales de la historia democrática –la ominosa subida de impuestos de la primera legislatura de este Gobierno–, Cristóbal Montoro parece decidido a dar un nueva vuelta de tuerca a la insoportable presión fiscal y a la liberticida limitación forzosa del pago en efectivo, que ahora está en 2.500 euros, para dejarlo en poco más de 1.000.
Los mayores fraudes monetarios los han perpetrado los Estados a través de sus leyes de inconvertibilidad y de curso forzoso, de monetizaciones de deuda, de corralitos bancarios y otras arteras formas de expropiación, así que lo primero que habría que hacer es recelar del Estado y reivindicar el derecho de los ciudadanos a pagar en efectivo como parte de su derecho a la propiedad privada, y sin más limitaciones que las que libremente acuerden las partes intervinientes en cada intercambio mercantil. En aras de esa misma libertad, habría que ser consciente de que toda limitación del pago en efectivo entraña una obligación forzosa de ser cliente de una entidad bancaria y soportar las comisiones que se dicten.
El hecho de que esta regulación que tiende a la erradicación del dinero en efectivo sea aplicada también en otros países no es excusa, como tampoco lo es la lucha contra el fraude y la economía sumergida. Y no lo es, en primer lugar, porque una cosa es el delito y otra, muy distinta, el medio utilizado para perpetrarlo. Eso, por no hablar de que la mayor parte de la economía sumergida no podría sobrevivir al altísimo coste que le impone la voracidad fiscal de Montoro.
Este Gobierno, cuya asfixiante política fiscal parece dirigida a allanar el terreno a la confiscatoria extrema izquierda podemita, no sólo está volviendo a incumplir sus promesas de rebaja fiscal, que otrora traicionó con la excusa de la crisis y la mala herencia recibida: está desviando la atención del mayor problema que aqueja a la economía, el endeudamiento público, y que no se explica por el fraude que puedan perpetrar quienes hacen pagos en efectivo sino por el sobredimensionado sector público, que no tiene bastante con succionar la mitad de la renta nacional.