La caótica gestión de Manuela Carmena y su equipo al frente del Ayuntamiento de Madrid se ha convertido en un filón para los medios de comunicación y un dolor de cabeza para los vecinos de la capital. Raro es el día en que el equipo municipal no está rodeado de una nueva polémica o controversia sobre su manejo de la ciudad.
El desorden en el que ha caído el Ayuntamiento se puede entender mejor acudiendo a pequeños episodios del día a día que ponen de manifiesto los problemas del equipo de Carmena para llevar adelante una ciudad. Tomemos, por ejemplo, el caso de un contrato menor de obra para la construcción de una pista deportiva en el barrio de Embajadores.
A priori, hablamos de una obra sencilla, que de hecho apenas supone 18.100 euros. Por eso, cuando el expediente del contrato se dio de alta en octubre de 2015, lo lógico era pensar que el gobierno de Ahora Madrid no perdería mucho tiempo tramitando esta pequeña actuación. Es más, el propio informe de necesidad e idoneidad del Ayuntamiento señaló que era preciso "realizar la obra con carácter urgente".
El consistorio invitó a cuatro compañías constructoras y acabó seleccionando a una empresa cotizada en el Ibex 35, a pesar de la retórica hostil que suelen adoptar los dirigentes de Ahora Madrid cuando hablan de dicho segmento empresarial. Normalmente, el procedimiento habría terminado aquí y en menos de dos meses se habrían iniciado las obras.
Seis errores de partida
Pero aquí entra en juego la Intervención del Ayuntamiento, encargada de vigilar la gestión. Tras un mínimo repaso a la documentación exigida, el órgano fiscalizador del Ayuntamiento detectó todo tipo de vicios en el contrato. En primer lugar, el expediente no explicaba el tipo de uso que se le daría a la pista deportiva, lo que hacía imposible desbloquear la financiación, al no poder encuadrar el gasto en ningún concepto económico o crédito presupuestario. ¿Hablamos de una "remodelación o reforma de terrenos", de una actuación sobre el "patrimonio municipal", de una "construcción de equipos o equipamientos"? El gobierno de Ahora Madrid no lo aclaró en ningún momento.
En segundo lugar, los dirigentes del Ayuntamiento tampoco remitieron el presupuesto en formato electrónico, algo a lo que están obligados por las mismas Bases de Ejecución que contienen los presupuestos municipales. Además, en tercer lugar, los presupuestos remitidos incluían diferentes unidades de obra, mediciones, estimaciones… por lo que la Intervención del Ayuntamiento determinó que "no se ha determinado correctamente el valor estimado y el precio del contrato".
Hay más. El gobierno de Carmena tampoco utilizó los cuadros de precios aprobados por el Ayuntamiento de Madrid por los cuales se determina cuál es el nivel de desembolso que se puede autorizar para proyectos de urbanización y edificación. A este cuarto defecto hay que sumarle un quinto error: la documentación tampoco incorporaba el Informe de Viabilidad que debe presentarse para ejecutar cualquier proyecto de nuevas instalaciones deportivas, tal y como consta en un Acuerdo del 29 de octubre de 2015 que redactó el propio gobierno de Carmena.
Y, por si no fuese suficiente, la Intervención detectó un sexto fallo en el contrato de la pista deportiva: "no consta el estudio de viabilidad y análisis coste/beneficio previsto en el apartado 1.2 de la Instrucción 3/2012, que establece las medidas a adoptar en relación con la contención del gasto en el ámbito municipal".
Error tras error
El 3 de diciembre se remitió al equipo de gobierno municipal una nota desfavorable por parte de la Intervención. Desde el Ayuntamiento volvieron a la carga y presentaron de nuevo el contrato, con diversas modificaciones. Sin embargo, el 14 de diciembre volvía a emitirse una nueva nota desfavorable desde la Intervención, ya que el organismo de control que advertía de la prevalencia de dos errores: por un lado, seguían usándose diversas unidades de obra y mediciones, lo que impedía determinar correctamente el valor y el precio del contrato; por otro lado, se seguía ignorando el cuadro de precios del Ayuntamiento para proyectos de construcción como el de la pista deportiva. En consecuencia, el organismo fiscalizador comunicó al equipo de Manuela Carmena que emitiría un "informe con reparos" si no se subsanaban los errores señalados.
Llegados a este punto, parecería claro lo que había que subsanar. Sin embargo, el Ayuntamiento se limitó a presentar un nuevo presupuesto en el que se incorporaban los datos del cuadro de precios del Ayuntamiento, pero solamente para la oferta ganadora ("se sigue sin aportar las ofertas de más entidades con actitud y capacidad de obrar"). En consecuencia, se impedía que el organismo fiscalizador controlase cuál era la oferta más ventajosa económicamente. Por tanto, la nota de la Intervención volvió a ser desfavorable.
Además, el 17 de diciembre se emite un informe no fiscal de la Intervención del Ayuntamiento que indicaba nuevos vicios en el contrato. Para ser precisos, el ente de control "recomendó" al gobierno de Ahora Madrid que utilizase "procedimientos ordinarios de contratación, conforme determina el artículo 138 de la Ley de Contratos del Sector Público, ya que estos procedimientos favorecen y garantizan los principios de publicidad, concurrencia y transparencia, así como los de eficiencia y economía que pudieran derivarse de la selección de ofertas económicamente más ventajosas".
Esta advertencia no es menor. El gobierno de Manuela Carmena habla a menudo de transparencia pero este contrato demuestra que una cosa son las palabras y otra los hechos. Y es que, según la Intervención, adjudicar la pista deportiva por un contrato menor no es recomendable, ya que impide sacar a concurso esta obra desde un mínimo planteamiento de "publicidad", "concurrencia", "transparencia", "eficiencia", etc.
Ya no solo nos topamos con los errores burocráticos, sino también con un pronunciamiento más duro de la Intervención del Ayuntamiento, que denuncia en este informe la mala práctica que asume el gobierno de Ahora Madrid al adjudicar una obra de este tipo mediante un contrato menor. Pero los desencuentros generados por la pista deportiva de Embajadores apenas comenzaban aquí.
Así, el 30 de diciembre de 2015 llega una nueva nota de la Intervención que vuelve a revelar una preocupante incapacidad de gestión por parte del consistorio madrileño. Así, el organismo fiscalizador termina optando por devolver de nuevo el contrato y denunciar que el gobierno local sigue sin presentar la documentación necesaria según las bases de ejecución presupuestaria. Para ser precisos, la Intervención señaló que "no consta relación valorada", "no consta certificación de obra", "no consta certificación en formato presto", etc.
La perfecta demostración del caos gestor de Ahora Madrid
Evidentemente, si este expediente fuese un caso aislado, podríamos circunscribirlo a una serie de errores puntuales. Sin embargo, conviene recordar que el Ayuntamiento de Madrid ha sido incapaz de ejecutar el 90% de las obras previstas para 2016, por lo que ha vuelto a incorporarlas en los presupuestos de 2017. Además, la ejecución presupuestaria de las inversiones anunciadas por el consistorio para el presente año 2016 apenas llegaba al 6% en el mes de julio. No estamos, por tanto, ante un caso concreto, sino ante la perfecta demostración del caos de gestión en el que está sumido el Ayuntamiento de Madrid.