El sistema público de pensiones registra un abultado déficit estructural desde hace años, de modo que el Gobierno del PP ha tenido que tirar del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para poder abonar puntualmente las prestaciones a los jubilados españoles. Sin embargo, esta hucha se agotará previsiblemente a finales de 2017. Esta es la razón por la que los partidos políticos y agentes sociales están negociando a aprobación de nuevas medidas en el seno del Pacto de Toledo a fin de garantizar el cobro de las pensiones a corto plazo.
Pero es que, además, a medio y largo plazo, el declive demográfico también impactará en el nivel de vida de los futuros jubilados. Las reformas aprobadas en los últimos años por PSOE y PP se traducirán en una edad de jubilación más tardía y prestaciones mucho más bajas. De ahí, precisamente, que todos los expertos en la materia y el propio Banco de España aboguen por impulsar nuevas reformas y, sobre todo, incentivar el ahorro privado para complementar la futura pensión.
Este tipo de alertas y recomendaciones, sin embargo, chocan frontalmente con la negación de la realidad que siguen transmitiendo la clase política española. El último ejemplo a este respecto son las declaraciones ofrecidas este martes por la diputada y presidenta de la Comisión del Pacto de Toledo, Celia Villalobos, que, lejos de reconocer el negro panorama al que se enfrentan los futuros jubilados, se ha quejado de la campaña que está haciendo las aseguradoras privadas.
"Comprendo que las empresas privadas de seguros estén haciendo su campaña, que acaba el 31 de diciembre, pero me parece impresentable que asusten a los mayores", ha dicho antes del inicio de la sesión de la comisión de este martes en la que comparece la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez. Villalobos ha dicho que las pensiones "están aseguradas con crisis económica y sin crisis económica, y con Fondo de Reserva o sin Fondo de Reserva", aludiendo al previsible vaciamiento de la llamada 'hucha de pensiones' durante 2017 por el déficit de la Seguridad Social.
De hecho, incluso ha indicado que no cree que los pensionistas vayan a perder poder adquisitivo ante el creciente incremento de los precios -tras la última reforma en el sistema público de pensiones se desligó su revalorización a la inflación-. Y ello, a pesar de que las pensiones se revalorizarán un 0,25% en 2017, mientras que la inflación rondará el 1%, según las últimas previsiones.
En este sentido, ha recordado que el descenso de los precios durante los últimos años, acompañado con una revalorización mínima del 0,25% de las pensiones, ha provocado que el poder adquisitivo de los pensionistas fuera mayor. Eso no quiere decir, ha apostillado, que las pensiones sean "altas", por lo que ha deseado que en el futuro "haya pensiones mejores". Las quejas de Villalobos recuerdan a las que en su día también protagonizó la ministra Báñez, negando la necesidad de ahorrar para complementar las pensiones públicos, tal y como advirtió claramente el Banco de España.
Esta despreocupación por parte de algunos políticos del PP parece lógica si se tiene en cuenta que su futuro retiro no va a depender de la cuantía de las pensiones públicas. Al fin y al cabo, tanto Villalobos como Báñez acumulan un importante patrimonio que les garantiza un retiro dorado.
En el caso de la presidenta del Pacto de Toledo, su situación financiera habla por sí sola. Durante la pasada legislatura, percibió un sueldo que no bajaba de los 7.500 euros al mes al pertenecer a la mesa del Congreso. Según la web Sueldos Públicos, por un lado, cobraba la asignación constitucional básica de 2.813 euros brutos en 14 pagas, pero, además, percibía un complemento como miembro de la mesa de 1.209, también en 14, más gastos de representación (1.010 euros en 14 pagas), y gastos de libre disposición (otros 707 euros por 14 pagas). "En total, 102.255 euros, de los que 21.886 no tributan".
Según su última declaración de bienes, con fecha 7 de julio de 2016, Villalobos posee, además, dos viviendas en propiedad y un depósito con más de 220.000 euros.
A esto hay que sumarle los millones de euros que ha ganado en las últimas décadas su marido Pedro Arriola por ejercer de asesor áulico primero de Aznar y ahora de Rajoy. Lo que cobra realmente Arriola es uno de los secretos mejor guardados en el PP. Se sabe que es el trabajador mejor pagado del PP, en ingresos declarados, en los últimos 25 años. Además, su nombre ha aparecido siempre vinculado a los cobros "en negro", tan presuntamente habituales durante años en Génova 13.