La Fundación FAES acaba de publicar un interesante informe de Santiago Álvarez sobre la consolidación presupuestaria y la reducción del déficit que exige Bruselas. Las dos gráficas y los tres párrafos del informe que se reproducen a continuación son de especial valor a la hora de desmontar la tesis del austericidio que sostienen muchas voces de la izquierda radical:
Por el lado de los ingresos públicos, que habían disminuido de 442.300 millones de euros en 2007 a 375.628 millones en 2009, los cambios impositivos (subida de tipos en IVA e IRPF, restricción de gastos deducibles en el Impuesto sobre Sociedades, crecimiento de las bases tributarias en 2014 y 2015, etc.) supusieron un incremento recaudatorio de algo más de 40.000 millones de euros, con un avance de liquidación en 2015 de 415.539 millones de euros.
La contribución del gasto público a este proceso de consolidación ha sido menor que la de los ingresos. En el año 2009, el gasto no financiero de las Administraciones Públicas se situó en 493.865 millones de euros. En 2014 se había reducido a 465.610 millones de euros y en 2015 volvía a aumentar hasta 470.702 millones de euros, según la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
Con estos datos es imposible hablar, como se sostiene desde ciertas posiciones políticas, de un desmantelamiento del sector público o de la existencia de lo que algunos denominan un "austericidio". En realidad, aunque es cierto que la crisis ha obligado a dedicar recursos crecientes a las políticas sociales y de mantenimiento de rentas, y que el pago de intereses de la deuda ha crecido notablemente, el gasto público en 2014 y 2015 sigue siendo mayor que el que se registraba en 2008 (y no digamos nada si la comparación la realizamos con el ejercicio 2007, el anterior al estallido de la crisis, que era de 420.628 millones de euros).
FAES recuerda en el informe que "en el proceso de consolidación presupuestaria puesto en marcha a partir de 2009, el incremento en los ingresos ha tenido una contribución mayor (de casi seis puntos del PIB) que el recorte de los gastos en la reducción del déficit público". Añade también la entidad antes vinculada al PP que "el gasto no financiero del conjunto de Administraciones Públicas sigue siendo mayor que el que se producía en el año anterior a la crisis, 2007, por lo que no se puede sostener que se ha producido un desmantelamiento del sector público".
Mirando a futuro, FAES apunta que "el Gobierno debería continuar la reforma fiscal empezada en 2014 y eliminar de forma definitiva el Impuesto sobre el Patrimonio" y recuerda también que "la UE culpa de las desviaciones del objetivo de estabilidad en 2015 al incumplimiento del esfuerzo fiscal previsto y al hecho de que no se ha producido un ahorro permanente en el gasto de las Administraciones Central y Autonómica del 0,4% del PIB".