A lo largo de los últimos años, el ascenso de la extrema izquierda en el panorama político español ha ido de la mano de un aumento de la cobertura mediática dedicada al movimiento "okupa". En el Ayuntamiento de Madrid, grupos antisistema como el "Patio Maravillas" se han convertido en protagonistas de la agenda política y mediática, sobre todo a raíz de su relación de amor/odio con el gobierno de Manuela Carmena.
Pero lejos de constituir casos puntuales, los casos de "okupación" que han salido a la luz en los últimos años son apenas la punta del iceberg. Así queda patente en las estadísticas judiciales, que nos permiten analizar la evolución de las condenas por delitos de usurpación entre los años 2008 y 2015.
Si nos remontamos al año 2008, vemos que los tribunales españoles condenaron a 488 personas por este tipo de ataques a la propiedad privada. En 2009 se registraban niveles similares: 492 condenados a lo largo y ancho del país. Pero en 2010 empieza a observarse un aumento más significativo en el número de condenas, hasta un total de 631.
La línea ascendente se mantiene en los ejercicios siguientes. En 2011, los tribunales españoles condenaron a 689 personas por delitos de usurpación, mientras que en 2012 hubo 1.071 sentencias condenatorias contra "okupas". Un año después, en 2013, eran ya 1.669 los condenados por la Justicia española.
Y lo peor estaba por llegar. En 2014, el número total de condenados se disparó hasta las 2.402 personas, mientras que en 2015 se dio otro aumento vertiginoso hasta llegar a los 3.278 condenados. Una subida espectacular, que nos sitúa casi siete veces por encima de los niveles observados en 2008.
Llama la atención que el número de condenados se haya disparado a partir de 2012. Hasta entonces, el aumento en el número de sentencias condenatorias por delitos de usurpación había sido más moderado. Para ser precisos, las condenas se multiplican por 1,4 entre 2008 y 2011 pero crecen 4,8 veces entre 2011 y 2015. Evidentemente, este comportamiento tan diferente coincide con la derrota electoral del PSOE y la llegada del PP a La Moncloa.
Ante semejante panorama, no sorprende que España obtenga una mediocre calificación en el Índice de Derechos de Propiedad. Este ránking internacional, elaborado por la Property Rights Alliance, deja a nuestro país en el puesto 46 de la lista, a la altura de Costa Rica y muy lejos de países líderes a la hora de proteger la propiedad, como es el caso de los primeros clasificados (Finlandia, Luxemburgo, Nueva Zelanda, Noruega, Suiza, Singapur, Suecia, Japón, Países Bajos, Canadá, Dinamarca, Australia, Reino Unido, EEUU, Alemania, Austria, Irlanda, Bélgica...).