El ministro de Hacienda ha abierto la puerta a una amplia revisión al alza del salario de los funcionarios, con una referencia explícita a la necesidad de "dignificar" la función pública después de varios años de congelación salarial. La sugerencia nada velada del ministro ha tenido lugar en el acto de traspaso de las competencias en materia de Administración Pública a la vicepresidencia del Gobierno, lo que cabe entenderse como el preámbulo de una medida que el Ejecutivo podría acometer en los Presupuestos Generales del próximo ejercicio.
Durante la crisis económica, los funcionarios han visto cómo se suprimía la revalorización de sus sueldos y se les congelaban importantes complementos salariales, lo que ha tenido como consecuencia una reducción efectiva en sus nóminas. Ahora bien, los trabajadores del sector privado y los autónomos han sufrido una situación mucho más delicada, y no han contado con el paraguas de seguridad que otorga la función pública. Sin embargo, para ellos, de cuyo esfuerzo diario depende todo el gasto público, incluidas las nóminas de funcionarios y políticos, el ministro tan sólo prevé otra vuelta de tuerca en forma de nuevas subidas impositivas.
Cristóbal Montoro sabe sobradamente que hay una manera mucho más justa de mejorar las retribuciones de los funcionarios sin que este esfuerzo recaiga en los demás trabajadores. Se trata de reducir la presión fiscal, que ha acabado alcanzando niveles confiscatorios. La reducción de tipos en las figuras impositivas de mayor peso en la recaudación del Estado es una medida que beneficia a todos por igual, funcionarios o no. La rebaja de los impuestos es, de hecho, el equivalente de una subida salarial y tiene la virtud añadida de no afectar negativamente a los demás contribuyentes. Sin embargo, Montoro ha decidido tratar de aparecer como el benefactor de los empleados públicos, en un gesto de pura demagogia que poco puede envidiar a las medidas más intervencionistas preconizadas por la izquierda. El precio de esta falsa generosidad, como siempre, tocará pagarlo a los que, con su esfuerzo diario, mantienen en pie el mastodóntico aparato del Estado.