El ministro de Hacienda, que tantas satisfacciones nos ha dado a lo largo de los últimos cuatro años, ha decidido seguir trayendo la alegría a los corazones de todos los contribuyentes anunciando una mejora salarial para los funcionarios. Según Cristobal Montoro, los integrantes de la función pública española han demostrado una capacidad de sacrificio sin precedentes durante esta crisis económica y ahora es justo que el Estado (o sea, usted y yo) les recompense con las regalías que dejaron de recibir en los tiempos más duros, ya felizmente superados.
Está muy bien que los empleados públicos reciban esta muestra de afecto del jefe de las arcas del Estado, sobre todo si el cariño va acompañado de una regularización al alza de los complementos salariales. Pero aún estaría mejor Montoro si reservara un poco de ese cariño a los contribuyentes, que además de financiar estas alegrías presupuestarias hemos soportado sus continuas subidas de impuestos con un estoicismo cercano a la santidad.
Pero lo peor para nuestros bolsillos no es financiar esta recuperación del poder adquisitivo de los empleados públicos. Lo preocupante es que esto es, con toda seguridad, el comienzo de una serie de medidas destinadas a expandir el gasto público con el impulso decidido de Ciudadanos y el aplauso unánime de la desleal oposición. Pasó la crisis económica, o eso dicen, y los dieciocho gobiernos de España se frotan las manos porque en los presupuestos del año próximo van a poder gastar (todavía) mucho más.
La subida de sueldo a los funcionarios es sólo el pistoletazo de salida de una serie de hachazos a nuestro bolsillo que nos llevará, poco a poco, a los tiempos imperiales de la burbuja inmobiliaria, cuando los políticos autonómicos cesaban a sus asesores porque no les proporcionaban ideas para derrochar a espuertas con la suficiente velocidad.