Se prevé que el Fondo de Reserva de la Seguridad Social se agote en 2017, lo cual ha vuelto a generar polémica sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones de reparto y las posibles medidas para sostenerlo, que pasan, invariablemente, por el recorte de las prestaciones y una serie de subidas fiscales para financiar el aumento del gasto que, sin duda, está por venir.
El aumento del gasto es inevitable por cuestiones demográficas. Según la últimas proyecciones del Instituto Nacional de Estadística (INE), el porcentaje de población mayor de 65 años va a pasar de representar un 17,7% de la población total a un 33,4% en la próximas décadas. Este incremento es a costa tanto de los más jóvenes, el grupo de 0-16 años pasará del 17% al 13%, como de la población en edad de trabajar (17-65), que caerá del 65% en 2016 al 53,6% en 2066.
Aún así, una de los argumentos más habituales para refutar el previsible envejecimiento poblacional es una posible llegada masiva de inmigrantes en edad de trabajar que compense el envejecimiento de los nacionales y paguen así las pensiones de éstos.
Sin embargo, las proyecciones del INE ya tienen en cuenta el factor inmigración, pues incluyen un saldo migratorio positivo y creciente a partir de 2016, pasando de una diferencia positiva de 12.000 personas el presente año a 80.000 en 2065. En total, el saldo migratorio acumulado en ese periodo ascendería a un total de 3 millones de personas.
Si nos fijamos únicamente en la inmigración, el INE pronostica que España recibirá algo más de 17 millones de inmigrantes en los próximos 50 años, casi el 75% personas en edad de trabajar (entre 17-65 años), mientras que el grupo de edad que engloba a los mayores de 65 años tan solo representaría un 5%.
Si dividimos estos datos por año, España recibiría una media de 343.000 inmigrantes al año hasta el 2065, cifra que, si bien está lejos del millón de personas recibidas en 2007, supera ligeramente la media histórica registrada desde 1990 a 2014, que se sitúa en 335.191.
Por otro lado, la teoría de que un milagro migratorio al estilo del sucedido durante la burbuja inmobiliaria salvaría el sistema de pensiones no tiene en cuenta que las causas de esa emigración, al ser fundamentalmente laborales, traen consigo un efecto retorno en épocas de recesión, tal y como ha sucedido en los últimos años. Así pues, en el mejor de los casos, una emigración masiva superior a la que pronostica el INE tan sólo supondría un parche temporal y no una solución a largo plazo para el sistema.
Por último, hay que aclarar que un trabajador inmigrante no podría sustituir las cotizaciones que aporta un trabajador de nacionalidad española, máxime si éste está en sus últimos años de trabajo, cuando el salario es habitualmente mucho mayor. Esto se debe a la brecha salarial que existe entre trabajadores de diferente nacionalidad, debido a que, en general, disponen de una menor cualificación laboral, y todo apunta a que esta diferencia se mantendrá en el tiempo, siempre y cuando se mantenga la actual estructura productiva. Así mientras que un trabajador de nacionalidad española percibe un salario medio de más de 23.000 euros al año, los inmigrantes de la UE cobran de media unos 18.000 euros y los procedentes de Latinoamérica unos 14.000 -con dato de 2013-.
Así pues, en ninguno de los escenarios demográficos que plantea el INE la inmigración logra solventar el problema del envejecimiento de la población, con el consiguiente aumento del gasto en pensiones y sanidad, tanto en términos absolutos como relativos al PIB.