A pesar de las numerosas e insistentes advertencias acerca de los graves problemas financieros que atraviesa el sistema de la Seguridad Social, el Gobierno del PP, una vez aprobada la reforma de 2013, se contentó con ir tirando del famoso Fondo de Reserva -la conocida hucha de las pensiones- para cubrir la diferencia entre ingresos y gastos, en lugar de aplicar ya los nuevos mecanismos correctores que incluye la ley -su puesta en marcha se retrasó a 2019-.
El resultado de esta decisión es que la hucha de las pensiones ha pasado de acumular unos 70.000 millones de euros en 2011 a poco más de 25.000 millones a mediados de 2016. El Gobierno ha ido retirando dinero de este Fondo para abonar a los pensionistas las pagas extraordinarias de verano y navidad durante la pasada legislatura. Pero esta reserva se agota y, de hecho, está próxima a su fin.
Así, según el Plan Presupuestario 2017 que el Ejecutivo en funciones remitió a Bruselas el pasado fin de semana, la Seguridad Social registrará a cierre de este año un déficit del 1,7% del PIB, frente al 1,1% previsto anteriormente, lo cual equivale a cerca de 19.000 millones de euros, un nuevo récord histórico. El Fondo, por tanto, quedaría reducido a poco más de 13.000 millones a finales de 2016.
El problema, sin embargo, es que la Seguridad Social volverá a presentar un agujero presupuestario del 1,4% del PIB en 2017, equivalente a unos 16.000 millones de euros, con lo que la citada hucha se agotaría en poco más de un año. A partir de ese momento, y siempre y cuando no se apruebe ninguna medida adicional por el lado de los ingresos o los gastos, el Gobierno tendrá que tirar de Presupuestos o bien de deuda para poder seguir abonando en tiempo y forma las prestaciones de los jubilados.
Pese a esta tensión presupuestaria, el Ejecutivo mantiene su objetivo de revalorizar las pensiones en 2017 por cuanto año consecutivo, aplicando el mínimo establecido por la ley, que es del 0,25%, según consta en el proyecto presupuestario remitido a Bruselas.
De acuerdo con el texto, el gasto total en pensiones crecerá el año que viene un 3%, teniendo en cuenta que el número de beneficiarios de pensiones contributivas de la Seguridad Social aumentaba un 1,2% en septiembre en relación a un año antes, mientras que los ingresos por cotizaciones subirán un 2,5%. Desde que la reforma de 2013 desligó la subida de las pensiones de la evolución del IPC, estas prestaciones solo se han revalorizado durante los siguientes años el mínimo establecido por la ley.
Sueldos públicos
Por otro lado, respecto a la remuneración de los empleados públicos, el documento dice que el gasto total disminuirá del 11% del PIB en 2016 al 10,6% del PIB en 2017, lo que puede deberse a que el impacto en las cuentas de este año de la devolución de parte de la paga extra de 2012 ya no se notará el año que viene. Nada dice el documento de si en esa cifra se ha tenido en cuenta una eventual subida de los salarios del sector público, aunque los principales partidos llevan negociando esta posibilidad en las últimas semanas.
En cuanto a las cuentas globales del sector público, el Plan avanza que los ingresos disminuirán en una décima de PIB, algo más de 1.000 millones, al pasar del 37,8% al 37,7% del PIB, mientras que los gastos se reducirán del 42,4% al 41,3% del PIB. La diferencia entre ingresos y gastos es lo que da un déficit del 3,6% del PIB en 2017, en línea con los cálculos que el ministro de Economía en funciones, Luis de Guindos, había adelantado esta semana y medio punto por encima del objetivo comprometido con Europa en el 3,1% del PIB, lo que obligará a hacer un ajuste presupuestario de más de 5.000 millones el año que viene.
El objetivo de déficit público de 2016, fijado en el 4,6% del PIB, se cumplirá gracias a los ahorros e ingresos adicionales que generarán las subidas fiscales puestas en marcha por el Ejecutivo en funciones este año. Para las administraciones territoriales se espera un déficit del 0,3% del PIB en 2016, de lo que se puede deducir que si las comunidades autónomas cumplen con el 0,7% previsto, las entidades locales tendrán un superávit del 0,4%.
La Administración Central y la Seguridad Social acabarán este ejercicio con los mayores desequilibrios presupuestarios, del 2,6 y el 1,7% del PIB, respectivamente. Para 2017, en ausencia de ajustes fiscales, la administración central incurrirá en un déficit del 2,1%, que para la Seguridad será del 1,4% y para las administraciones territoriales (autonomías y entidades locales), del 0,1%.