Hace más de seis meses Manuel Llamas advertía en nuestro diario de cómo el gasto de las autonomías en servicios públicos se mantiene en niveles de burbuja y de cómo el 80 por ciento del déficit autonómico es culpa del gasto excesivo y no de una baja recaudación. Este lunes ha sido el diario ABC el que ha denunciado cómo las autonomías han aumentado el gasto, sólo en sueldos de sus empleados públicos, en 4.000 millones de euros en tres años, hasta un total de 72.000 millones.
Aunque Cataluña y Andalucía han sido las dos comunidades que más han disparado el gasto de personal, con 900 y 800 millones respectivamente, lo cierto es que el despilfarro autonómico no conoce de colores políticos, como bien ilustran los indicadores de gasto en relación al número de habitantes. Esta es la razón, junto al compartido deseo de seguir gastando a calzón quitado, por la que la clase política –y, por contagio, la práctica totalidad de los medios de comunicación– guarda silencio ante la insostenibilidad de nuestro demencial sistema autonómico, a pesar de ser, junto a la inobservancia del imperio de la ley y nuestro politizado sistema judicial, el mayor problema que aqueja al país.
De hecho, la falta de control en el gasto público en general, y de las autonomías muy en particular, guarda estrecha relación con la incapacidad del Gobierno de Rajoy a la hora de hacer cumplir la ley a las comunidades autónomas, ya sea para velar por el derecho a estudiar en castellano, ya sea para impedir procesos secesionistas o la creación de ilegales y caras estructuras de Estado a nivel regional.
Y es que de nada sirve otorgar un carácter legislativo al equilibrio presupuestario, ya sea mediante reformas constitucionales, ya sea mediante leyes de estabilidad presupuestaria, si luego nadie las cumple, empezando por el Gbierno de la nación. Pocos fracasos del Gobierno del PP han sido más incontestables –por mucho que ningún partido de la oposición se lo recrimine– como el de imponerse e imponer a las Administraciones autonómicas una auténtica política de austeridad.
Montoro empezó la legislatura advirtiendo a los gobernantes autonómicos de los mecanismos de "vigilancia, sanción e intervención" que contemplaba la Ley de Estabilidad Presupuestaria, pero su única vigilancia ha sido la de dar un aprobado general a las autonomías que todos los años han incumplido sus objetivos de reducción del déficit. Su única sanción ha sido la de premiar a aquellas autonomías más incumplidoras con objetivos menos exigentes para el año siguiente, sin olvidar que la amenazante intervención fue, desde el primer día, la de financiarlas de forma extraordinaria a cargo de los Fondos de Liquidez Autonómica.
Lejos quedan los estudios de FAES –think tank liberal-conservador que acaba de hacer público su entendible divorcio del PP– o de Progreso y Democracia –fundación socialdemócrata asociada a la extinta UPyD– alertando sobre los desmanes de nuestro modelo autonómico y proponiendo profundas reformas para hacerlo sostenible. La desaparición del partido de Rosa Díaz y la todavía más absoluta traición del rajoyismo a todo lo que otrora abanderaba el PP de Aznar han dejado sin representación parlamentaria a esa demanda transversal que pretende poner coto al no menos transversal despilfarro autonómico.
De hecho, el único acuerdo que han alcanzado el PP y el PSOE hace escasos días con el beneplácito del resto de las formaciones ha sido el de suavizar –todavía más– el ajuste de nuestras voraces comunidades autónomas en 2016 y 2017. Ahora sólo falta que la mayoría parlamentaria surgida de las ultimas elecciones generales imponga al "Gobierno cuanto antes" de Rajoy y Rivera una reforma legislativa para liberar también a los ayuntamientos de la necesidad de ajustar sus gastos y sus ingresos, tal y como ya ha amenazado el frente popular/secesionista por boca de Errejón.
Como no lo impida Bruselas, no es de extrañar que terminen aprobándolo hasta con el respaldo de la minoría gobernante.