Pablo Iglesias ha declarado en reiteradas ocasiones que el Gobierno de Ecuador es el mejor ejemplo de que las políticas del "socialismo del siglo XXI" son posibles. De hecho, cuando se ha cuestionado al líder de Podemos por defender el "impago" de la deuda pública, Iglesias y los suyos no han dudado en apelar al caso ecuatoriano como respuesta.
¿Qué ocurrió en el país andino? La clave está en 2006, cuando Rafael Correa llega al poder. El dirigente bolivariano proclamó entonces el comienzo de una "revolución ciudadana" y creó un organismo conocido como la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público. El objetivo era "impulsar la identificación de las deudas ilegítimas".
De esta forma, Correa optó por impagar parte de los compromisos de financiación suscritos por los anteriores gobiernos del país latinoamericano. La decisión fue aplaudida por la izquierda bolivariana y ha sido descrita por Podemos como un buen ejemplo de que se puede incumplir con los compromisos adquiridos y no sufrir las consecuencias de ello. Se llegó a filmar un documental, Deudocracia, que ponía a Ecuador como ejemplo a seguir a la hora de resolver crisis fiscales.
Sin petróleo caro, se acabó la fiesta
Los altos precios del petróleo permitieron que los gobiernos de Rafael Correa disparasen el gasto público del 21% del PIB en 2006 al 43% en 2014. Sin embargo, la caída en los precios del crudo ha dejado las cuentas "al desnudo": los ingresos se desploman y las continuas subidas de impuestos y de tasas arancelarias ya no son suficientes para tapar el agujero presupuestario.
Desde entonces, el pasivo público no deja de subir. En 2009, tras los impagos decretados por Correa, la deuda rondaba el 15% del PIB. Sin embargo, en 2015 ya ascendía a 30.000 millones de dólares, cifra que representa el 30% del PIB. A este dato hay que sumarle los préstamos negociados con China y los certificados de tesorería, que empujan hasta casi el 40% del PIB el endeudamiento global del gobierno.
Los datos del propio Ministerio de Finanzas confirman, de hecho, que, en lo que va de 2016, el gasto en el servicio de la deuda se ha disparado y ya asciende a 7.000 millones, muy por encima de los 2.600 consignados a la educación o los 1.500 ligados a la sanidad. Ya no tiene sentido afirmar, como solían hacer los defensores de Correa, que la "revolución ciudadana" hace girar los presupuestos en torno al "gasto social", ya que ocurre todo lo contrario. De hecho, después de tantas críticas a los "paquetazos" de "austeridad", el gobierno ecuatoriano ha rectificado en varias ocasiones sus presupuestos para 2016, corrigiendo un gasto inicial de 36.317 millones hasta dejarlo, vía recortes, en 29.900 millones.
El desaguisado fiscal va de la mano con una fuerte desaceleración del crecimiento que ya ha derivado en una recesión. En 2014, la economía se expandió al 3,8%… pero la caída de los precios del petróleo recortó el aumento del PIB al 0,3% en 2015. Este año, el Fondo Monetario Internacional anticipa una caída del PIB superior al 2%, antesala de la contracción del 3% que proyecta para 2017.
ero Ecuador no solo enfrenta un panorama negativo en el corto plazo. De hecho, el FMI entiende que el PIB del país va a experimentar un lustro con cifras negativas. Todo esto contrasta con las proyecciones de países vecinos que aplican políticas más liberales, caso de Colombia (crecerá un 2% en 2016 y un 3% en 2017) o Perú (subida del PIB del 4% en 2016 y del 4% en 2017).
En brazos del FMI
La situación es tan grave que Ecuador ha vuelto a los mercados "por la puerta de atrás". Ya en 2014, el Banco Central prestó a Goldman Sachs la mitad de su oro. En 2015, el Gobierno colocó deuda a cinco años pagando una altísima tasa del 10,5%. Este mismo 2016, las emisiones del tesoro ecuatoriano en el mes de septiembre se saldaron en niveles del 10,75%. Estas tasas duplican los niveles en los que se mueven las últimas emisiones de Colombia y Perú.
Esta insostenible situación se ha traducido en una nueva derrota del gobierno "bolivariano" al que tanto ha aplaudido Podemos. Y es que Rafael Correa ha terminado llamando a las puertas del FMI para solicitar un plan de ayuda valorado en 364 millones de dólares. El pedido ha sido justificado por el terremoto sufrido en abril, una catástrofe que también ha aprovechado el Ejecutivo para aprobar un auténtico estallido fiscal.
El terremoto como excusa
En realidad, si Ecuador hubiese mantenido su Fondo de Estabilización, Correa no tendría necesidad de haber solicitado estos recursos… pero fue precisamente Rafael Correa quien, durante su etapa como ministro de Economía en 2005, tomó la decisión de eliminar este vehículo y gastar esos recursos. En su opinión, aquella "hucha" no tenía sentido "técnico ni ético".
Ante esta situación, lejos de reordenar el gasto público para evitar una subida de impuestos, Correa ha redoblado la presión fiscal llevando el IVA del 12% al 14%, aprobando un nuevo impuesto a las utilidades, anunciando un gravamen adicional al patrimonio o incluso creando una tasa equivalente a un día de sueldo de todos los trabajadores que cobran más de 1.000 dólares mensuales.
Con este "paquetazo fiscal", Correa quiere recaudar 2.400 millones. Merryl Lynch tiene claro que los gastos de reconstrucción derivados del terremoto ascienden a 1.000 millones, por lo que el servicio de estudios de dicha casa financiera ha emitido un informe en el que acusa al gobierno de aprovechar el terremoto para disparar los impuestos.