Ya lo decíamos en julio. Libre Mercado denunciaba entonces que "Theresa May se estrenó como nueva primera ministra de Gran Bretaña adelantando por la izquierda a los laboristas y proponiendo diversas medidas intervencionistas orientadas a reducir la desigualdad". Con el paso del tiempo, la sucesora de David Cameron empieza a confirmar algunos de estos temores.
Esta semana, sin ir más lejos, está previsto que la dirigente tory se alinee públicamente con los sectores de su partido más partidarios de restringir la inmigración. En su discurso anual ante el Partido Conservador, la primera ministra tiene previsto cargar contra los "políticos y comentaristas que se escandalizan ante el patriotismo de quienes votaron por el Brexit preocupados por la inmigración". De hecho, también esta semana hemos conocido que el ministerio de Interior estudia exigir a las empresas que comuniquen públicamente cuántos trabajadores extranjeros tienen en nómina.
En su discurso, May también se colocó en un centrismo ambiguo, criticando "el marco ideológico de la izquierda socialista y la derecha liberal". La primera ministra criticó a quienes "ven al gobierno como un problema" y cargó contra las empresas que "usan las leyes fiscales" para pagar menos a Hacienda. El New Statesman, una de las publicaciones de referencia de la izquierda, ya ha señalado que este "discurso estatista debe preocupar al Partido Laborista", pues les arrebata parte de sus mensajes fuertes".
May también está dispuesta a cambiar los órganos de gobierno de las grandes empresas británicas. Su plan ha dejado en fuera de juego a la izquierda, ya que la primera ministra ha ido tan lejos que pretende imponer por ley que representantes de los trabajadores y los consumidores se sienten obligatoriamente en los consejos de administración.
Una agenda difusa
Mark Littlewood, director del Institute of Economic Affairs, lo tiene claro: "El gobierno de Theresa May habla mucho de gestionar la economía con prudencia, pero lo cierto es que el Reino Unido se está convirtiendo en un país de excesivo gasto público y excesivo endeudamiento estatal. En la OCDE, somos ya el quinto país con un mayor descuadre presupuestario, solo por detrás de Grecia, Japón, Portugal y España. Ilusiona que se hable de usar el Brexit para relanzar nuestra economía y mejorar la productividad, pero hay que ser austeros y vivir dentro de nuestras posibilidades".
El encargado de controlar el déficit es Philip Hammond, que sustituye a George Osborne como encargado de las finanzas públicas de las islas. Una de sus primeras decisiones ha sido suspender el programa "Help to buy", con el que el gobierno británico comprometía ayudas y garantías orientadas a facilitar la compra de vivienda.
Sin embargo, Hammond también ha descartado la rebaja del Impuesto de Sociedades al 15% que había planteado George Osborne como palanca para adaptarse a la salida de la Unión Europea. Si en las filas liberales del Partido Conservador esta propuesta había generado entusiasmo, el "no" de Hammond ha sido un auténtico jarro de agua fría.