El Ayuntamiento de Madrid ha presentado las líneas generales de sus presupuestos para el año 2017, con un incremento del gasto del 9,36%, que supone el equivalente a 363,4 millones de euros más que en 2016, que, a su vez, ya había sufrido una subida de los gastos respecto al último presupuesto aprobado por el PP, referente al año 2015.
La izquierda podemita, apoyada por el PSOE bisagra del señor Sánchez, ha acelerado por el camino del despilfarro a cuenta de la hucha bien llena que heredó. Ese mayor gasto lo basan en los ingresos saneados que recibieron, pero lo hacen de manera imprudente, pues si el entorno volviese a empeorar, sus ingresos caerían y su gasto estructural, sin embargo, seguiría, con el consiguiente déficit, que endeudaría más al Ayuntamiento de Madrid.
Afortunadamente, la normativa legal se lo impide. El señor Sánchez Mato corrió en julio para presentar un Plan Económico Financiero (PEF) que les exigía el Ministerio de Hacienda por incrementar su gasto de 2016 e incumplir la regla de gasto tanto de dicho año como del cierre de 2015, ejecutado por la actual Junta de Gobierno. Ese PEF era contrario a la ley, al vulnerar la regla de gasto. Como el PSOE del profesor Carmona y del inspector de Hacienda Pérez Boga se lo rechazó, lo dejó aparcado, pero el Ministerio de Hacienda ya dijo que ese plan no era viable porque nunca lo aprobaría, al vulnerar la legislación.
Ahora, con el cambio de portavoz de Hacienda en el grupo socialista, el camino se le allana a la alcaldesa para sacar adelante su plan en el Pleno, siempre que los concejales no puedan votar uno a uno, porque si lo hacen individualmente es difícil pensar que los concejales Carmona y Pérez Boga voten a favor de un plan que el propio profesor ha calificado de pueril y del que ha dicho que incumple la regla de gasto.
Un incumplimiento, además, que sería una irresponsabilidad financiera y una frivolidad política, en palabras del profesor Carmona, de manera que la lógica indicaría que el que pudo ser alcalde de Madrid votaría en contra de dicho PEF, con lo que no podría salir adelante en el Pleno, al ser rechazado también por el PP y Ciudadanos.
Y es que, efectivamente, el presupuesto y su PEF incumplen dicha regla, de manera que se incrementa el gasto mucho más de lo que permitiría hacerlo el ciclo económico, impidiendo reducir más la deuda del Ayuntamiento de Madrid, pues ese incremento del gasto de 400 millones de euros sólo en 2017, más los importantes incrementos previstos para los años siguientes, impide acabar antes con la deuda y obliga a los madrileños a tener que pagar con sus impuestos más intereses en lugar de poder ahorrárselo o destinarlo a fines más necesarios.
Por mucho que la señora Maestre diga que un Gobierno en funciones no puede, políticamente, echar para atrás dicho plan, sabe que no sólo puede, sino que es su obligación mantener el cumplimiento de la ley, en este caso de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. No es cuestión de política, sino de legalidad. Por mucho que el señor Sánchez Mato diga que es positivo el plan, sabe que incumple la regla de gasto y que es un PEF, por tanto, contrario a la ley.
Y por mucho que la señora Carmena venda que ellos reducen la deuda, sabe que dicha reducción se debe a la gestión anterior, reducción que ellos han ralentizado con el mayor gasto que llevan a cabo, con incumplimiento de la regla de gasto, de manera que si el PP logró salir del plan de ajuste cuatro años antes del tiempo establecido, con la marca blanca podemita el Ayuntamiento de Madrid ha vuelto a entrar dentro de la vigilancia del Ministerio de Hacienda por su excesivo y contrario a la ley incremento de gasto.
Dicho PEF debería ser rechazado por el Pleno, donde debería votarse de manera individual, no únicamente por cada portavoz, porque, uno a uno, los cincuenta y siete concejales del Ayuntamiento de Madrid deberían poder elegir si quieren votar a favor o en contra de algo que incumple la ley, como es ese PEF, con la vista puesta fijamente en las medidas correctoras, coercitivas y sancionadoras que establece dicha Ley de Estabilidad en sus artículos 18 a 26, que puede desembocar en la aplicación del artículo 61 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, con la disolución del Consistorio.
Deben pensar en ello, uno a uno, los cincuenta y siete concejales, pues suya será la responsabilidad de no hacer que Madrid caiga en el esperpento por el que la Junta de Gobierno de Ahora Madrid quiere llevar al municipio.