Suponemos que tan escueta respuesta es la que ha podido dar la Comisión Europea al Gobierno español, cuando éste se ha visto sorprendido, al menos en apariencia pública, por el apremio de la Comisión, emplazándole a que antes del 15 de octubre remita a Bruselas el borrador de presupuestos para 2017, y la lista de medidas reales que garanticen la consecución de los objetivos de déficit público tolerados para 2016, 2017 y 2018, momento en que, de cumplirlos, estaríamos formalmente en gracia de Dios, después de un largo trecho como pecadores, porque sustantivamente sólo lo estaremos cuando el déficit sea 0,0%.
La historia viene de lejos, y su origen debería recordarse con frecuencia para que los españoles que, con alegría infundada, pretenden que el Estado resuelva sus problemas, tanto si son de hambre –los de mayor fundamento– como si son para mejorar su estética, para cambiar de sexo o para vencer la infertilidad, moderen sus aspiraciones y dejen para el Estado lo que es del Estado y asuman como propio aquello que por naturaleza les corresponde. Hasta el Gobierno pretende que Bruselas comparta sus problemas.
En los calores veraniegos, vivimos en nuestro país la inquietud de esperar una decisión de la autoridad comunitaria sobre nuestros resultados de déficit en el año 2015, que, como en años anteriores no habían cumplido con el compromiso ya atenuado por una magnanimidad probablemente inmerecida.
Durante semanas, políticos, periodistas, analistas y comentaristas debatían entre el sí y el no de la sanción, incluso de la multa, que podría aplicarse a España por su incumplimiento. Las posiciones, las más de ellas respetables en extremo, optaban por una opción o por la opuesta.
El amor patrio –noble sentimiento– y el interés político mostrando evidencias inexistentes –sentimiento mucho menos noble– no podían entender que a España se le sancionara, total, por incumplir lo dispuesto y comprometido. Otros, quizá con menor emotividad, pensábamos que, para el bien de Europa, la norma hay que aplicarla sin titubeos, por lo que sacrificar a España con una multa era respetar lo convenido.
Se consideró un éxito de la imagen patria la tolerancia de Bruselas al no aplicar la sanción que se temía, presentándose como que la indulgencia se aplicaba por lo bien que lo habíamos hecho todo. Ya entonces, como tantas veces navegando contra corriente, defendimos que sí había habido sanción –un quehacer, al que no están obligados los que cumplen–, aunque ciertamente no había habido multa, es decir, sanción pecuniaria.
¿A qué viene ahora sorprenderse por lo que exige Bruselas? Al fin y al cabo, es como habíamos quedado. Más aún, que la Comisión y el Consejo han justificado la exigencia con que el Gobierno no había hecho todo lo posible para corregir el déficit. Y es que a estos centroeuropeos no les gustan las pamplinas, y tampoco están dispuestos a matrimonios de conveniencia.