El 22 de febrero de 2002, el gobierno federal de Alemania inauguró oficialmente el trabajo de una comisión formada por quince expertos y encomendada a diseñar una reforma del mercado de trabajo a la altura de los retos del siglo XXI. El director del órgano era Peter Hartz, un polémico ejecutivo que, por aquel entonces, trabajaba como director de Recursos Humanos de Volkswagen.
Aunque el paro no es un problema en la Alemania de 2016, la cosa era muy distinta en 2002. La reunificación nacional, sin duda una excelente noticia desde el punto de vista sociopolítico, había generado nuevos retos económicos. No era fácil asimilar laboralmente a millones de trabajadores que habían vivido durante décadas bajo un sistema económico comunista. Esto contribuyó a empujar el desempleo hasta el entorno del 9% en 2002, aunque la cifra real rozaba el 13,5% una vez se incluía a parados que estaban apuntados a cursos de formación. A esto se sumaba el vaciamiento de la “hucha de la seguridad social”, que en 2002 ya solo reunía fondos para pagar cinco meses de pensiones.
El trabajo de la comisión Hartz fue intenso. En menos de medio año se había presentado el informe final y el 1 de enero de 2003 ya se había empezado a aplicar el primer paquete de reformas diseñado por el grupo de expertos. El resto de las recomendaciones entraron en vigor entre 2004 y 2006. En menos de cuatro años, el gobierno socialdemócrata de Gerhard Schroeder le había dado la vuelta por completo al mercado de trabajo teutón. Las reformas se mantuvieron e incluso se profundizaron con la llegada al poder de Angela Merkel.
El palo y la zanahoria
Un problema transversal, que abordaron las reformas de la comisión Hartz, era el de los incentivos perversos de los programas asistenciales que estaban en vigor. Bajo el marco vigente en 2002, el subsidio de paro podía cobrarse durante 32 meses y suponía casi el 70% del último sueldo cobrado por el trabajador. A esto, se sumaba una ayuda adicional que se entregaba una vez se agotaba el subsidio de paro y que suponía cerca del 60% del último sueldo, sin tope de duración. Pero también estaban encima de la mesa otros esquemas asistenciales, como los que entregaban durante seis meses el 100% del último sueldo a quienes pedían una baja laboral. Transcurrido ese primer semestre, el pago se reducía pero seguía siendo del 80%.
A lo anterior se sumaba otro factor problemático: el elevado coste burocrático, regulatorio y fiscal ligado a la creación de empleo. Las propuestas de la comisión Hartz también se centraron en plantear reformas capaces de atajar este problema. No se trataba, por tanto, de usar solamente el palo, sino también de ofrecer la zanahoria.
Los cuatro paquetes Hartz
El primer paquete de reformas de la comisión Hartz que fue adoptado por los legisladores incluía las siguientes reformas:
- Exigir que los parados acepten las ofertas laborales, acotando notablemente el margen para las negativas.
- Reorganizar los servicios públicos de empleo, con ánimo de conectar mejor a los demandantes de empleo con las empresas.
- Ofrecer a los trabajadores un “bono de formación”, para que elijan de manera directa qué tipo de cursos querían recibir para mejorar su preparación.
- Recortar los beneficios concedidos a los desempleados, ajustándolos a contribuciones pasadas y otros factores.
- Limitar las restricciones que impedían encadenar contratos temporales mediante la introducción de contratos más flexibles.
El segundo paquete Hartz es quizá el más conocido fuera de Alemania, pues incorporaba la aprobación de minijobs. Este término se refiere a contratos de corta duración y de tiempo parcial que apenas acarrean impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social, un punto clave para reducir las cargas fiscales del empleo. También se introdujo un mecanismo llamado “Yo, S.A.” (“Ich-AG”) que otorgaba una ayuda fiscal a los desempleados que pasasen a ser autónomas. Esta medida estaba pensada como fórmula para reducir el peso del “empleo sumergido”.
Funcionó peor el tercer paquete Hartz, que se centraba en personalizar y mejorar el seguimiento que hacen los servicios públicos de empleo de la trayectoria de los profesionales sin trabajo. Se esperaba que varios millones de alemanes se acogiesen a este nuevo programa, pero entre 2003 y 2005 se registraron menos de 150.000 personas. En febrero de 2006 se procedió a eliminar este programa. Una vez más, los alemanes fueron pragmáticos: evaluaron el programa, intentaron sin éxito una posible vía de resolución y, ante el fiasco, evitaron insistir en el error y abolieron esta iniciativa.
Pero “Hartz III” también incluía otros cambios que sí se mantuvieron con el paso del tiempo. Por ejemplo, se introdujo un recorte automático del 30% en las prestaciones entregadas a aquellos desempleados que rechacen ofertas de empleo sin justificar el “no” bajo una serie de exigentes requisitos. Además, se aumentó el umbral mínimo para el cobro del subsidio de paro, pasando de doce meses cotizados en los dos últimos años a un año de aportaciones en el último trienio.
En línea con el programa “Hartz III”, Schroeder lanzó una serie de reformas complementarias que se centraban en promover la creación de empleo mediante políticas de oferta. Las cotizaciones a la Seguridad Social a cuenta del trabajador bajaron del 19,9% al 15%, mientras que las cotizaciones para el seguro sanitario que aportan las empresas pasaron del 14,3% al 12,15% del coste laboral. También hubo rebajas tributarias en otras figuras fiscales. Por ejemplo, el Impuesto sobre la Renta fue reducido en su tramo superior del 48,5% al 42%. Además, los tipos aplicados a todos los niveles de renta también fueron reducidos, generando un ahorro fiscal de más de 22.000 millones de euros.
Finalmente, el plan “Hartz IV” concluyó la agenda de reformas del gobierno de Schroeder. El principal logro de esta batería de medidas consistía en simplificar y clarificar todos los programas de asistencia concedidos a los desempleados, evitando duplicidades con gobiernos regionales o locales y apostando también por endurecer los criterios para acceder a estas ayudas.
Menos costes fiscales y menos déficit
IESE Business School ha analizado la evolución de los costes laborales y del déficit público tras la introducción de las reformas laborales de la comisión Hartz. En ambos casos, la mejoría del empleo ha ido de la mano con un menor coste laboral y un menor desajuste de las cuentas públicas.