En la década de 1930, las élites brasileñas apostaron por “industrializar” el país a golpe de gasto público. La creación de empresas públicas era la panacea con la que el poder político esperaba acelerar el desarrollo del gigante latinoamericano. Al mando estaba el presidente Getúlio Vargas, que encabezó un régimen dictatorial entre 1930 y 1945 para luego volver al poder entre 1951 y 1954, esta vez en un marco más democrático.
Algo parecido volvió a ocurrir en la década de 1950. La segunda etapa de Vargas y el consenso intervencionista que compartían los líderes políticos brasileños, volvió a traducirse en una “agenda de industrialización” que, una vez más, se volcaba por el lado de la creación de empresas públicas. En estos años nació la petrolera Petrobras, la eléctrica Eletrobras, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social…
Entre los años 70 y 80 del siglo pasado, la democracia volvió a entrar en crisis y el régimen militar de Ernesto Geisel y sus sucesores volvió a traducirse en una fuerte expansión del gasto y las empresas públicas. Geisel lo justificaba hablando de iniciativas como el Segundo Plan de Desarrollo Nacional, con el que aspiraba a controlar “activos estratégicos” por la vía de la promoción de las empresas públicas.
Aquel sector público empresarial fijaba precios con criterios políticos y no estaba sujeto a ninguna fórmula de competencia de mercado. El proteccionismo distorsionaba aún más el funcionamiento de estas compañías que, además, recibían generosos subsidios. Todo aquello, condujo al país por una senda de hiperinflación que disparó la incidencia de la pobreza y sumió a Brasil en una cuesta abajo agravada por la falta de libertades políticas.
El “Plan Real” de Franco y Cardoso
En 1992, el presidente Itamar Franco llegó al poder tras la destitución de Fernando Collor de Mello, que tuvo que abandonar el poder por un escándalo de corrupción. Comenzó entonces el desarrollo del “Plan Real”, un paquete de medidas diseñado por Fernando Henrique Cardoso, que ejercía entonces como ministro de Finanzas y acabó siendo elegido presidente en 1994.
En primer lugar, el “Plan Real” introdujo una nueva moneda, el real. Previamente, acuñó una moneda de transición, el cruzeiro real, y diseñó una “unidad de valor” que permitía comparar precios de manera similar a lo ocurrido los años previos a la adopción del euro. El Banco Central, liderado por Arminio Fraga, subió los tipos de interés y combatió la inflación con éxito, reduciendo el aumento anual de los precios del 1.000% observado en 1992 al 16% registrado en 1996. En los años siguientes, la inflación siguió bajando y Brasil se liberó al fin del monstruo de la hiperinflación que tanto había empobrecido al país.
Pero el “Plan Real” también incluía una amplia gama de medidas orientadas a reducir el peso del Estado sobre la economía. A lo largo de los años 90 se privatizaron más de 165 empresas, generando un ingreso del 8% del PIB para el sector público como consecuencia de este proceso de desnacionalizaciones.
Albert Fishlow, de la Universidad de Columbia en EEUU, ha destacado en un informe del Instituto Brookings “el salto exportador que experimentó Brasil a raíz del “Plan Real”, con crecientes ventas al extranjero por parte del sector agrícola, la minería, el petróleo…”. A este impulso se le sumó “el aumento de la competitividad del sector industrial, que salió reforzado de la privatización y revivió de la mano de empresas privadas”.
Del boom liberal… al declive
El Índice de Libertad Económica en el Mundo, que elabora la Fundación Heritage y que Civismo publica en España, muestra el importante avance del capitalismo en los años de gobierno de Cardoso. En 1996, la nota cosechada por el país brasileño en el índice era de 48,1 puntos sobre 100… pero en 2002 había aumentado hasta los 61,5 puntos.
Hubo un cambio a mejor en la práctica totalidad de las categorías analizadas: la ausencia de corrupción subió de 30 a 39 puntos, el clima fiscal mejoró de 66,7 a 86,3 puntos, la facilidad para hacer negocios subió de 55 a 70 puntos, la estabilidad monetaria pasó de 0 a 79 puntos… Sin duda, un avance sólido que permitió avanzar hacia un modelo de mercado.
En los años que siguieron, Brasil mantuvo la senda de las reformas liberales. De 2002 a 2006, la nota cosechada en el Índice de Libertad Económica en el Mundo se mantuvo estable. Sin embargo, la segunda etapa de Lula da Silva y de los gobiernos de la hoy destituida Dilma Rousseff, siguieron la senda opuesta, llevando a Brasil del los 62 a los 56 puntos.
En un primer momento, la llegada del Partido de los Trabajadores no supuso un giro hacia políticas intervencionistas, de manera que Lula da Silva se limitó a conservar los elementos centrales de las reformas aprobadas por Cardoso. Sin embargo, entre 2006 y 2016 se ha encadenado una década de políticas populistas basada en disparar el gasto público, reforzar de nuevo el peso del sector público empresarial y distorsionar la libertad económica. El resultado ha sido una crisis política que va de la mano con años de recesión y tasas de inflación superiores al 10%.
Abandonar la ortodoxia liberal y seguir el camino intervencionista ha recuperado debates que parecían olvidados. Los brasileños vuelven a hablar de cómo relanzar el crecimiento y cómo frenar la inflación. Sin duda, una nueva muestra del nefasto resultado que tienen las políticas incompatibles con el desarrollo de la libertad económica.