El régimen bolivariano de Venezuela ha ordenado a las empresas, tanto públicas como privadas, que pongan a disposición del Estado a sus empleados para trabajar en el campo durante un plazo inicial de 60 días, prorrogable por otros 60, con el fin de paliar la grave crisis humanitaria que sufre el país desde hace meses debido a la escasez generalizada de productos y alimentos básicos.
Según el decreto publicado la semana pasada, el Gobierno asumirá el pago del salario base, mientras que las empresas asumirán el coste de las cotizaciones sociales. El régimen exige que los empleados reclutados tengan las "condiciones físicas y técnicas" para ejercer las funciones requeridas.
Esta norma nace al amparo del decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica que aprobó el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, para tratar de afrontar la profunda crisis económica del país, pero que no ha servido ni servirá de nada, ya que parte de una diagnóstico erróneo, tal y como explica el economista Juan Ramón Rallo.
"Trabajos forzados"
Amnistía Internacional ha denunciado que esta medida significa implantar el “trabajo forzado” en Venezuela, equivalente, por tanto, a la esclavitud. “Un Nuevo decreto que establece que cualquier empleado en Venezuela puede ser obligado a trabajar en tareas de agricultura como forma de luchar contra la crisis alimentaria en el país equivale a trabajo forzado”, señala la entidad en un comunicado.
"Intentar abordar la severa falta de alimentos en Venezuela forzando a la gente a trabajar en el campo es como intentar curar una pierna quebrada con una curita," dijo Erika Guevara-Rosas, Directora para las Américas de Amnistía Internacional.