El catastrazo de Montoro comienza a dar sus frutos. El Ministerio de Hacienda ha sacado a la luz 1,69 millones de inmuebles que no habían notificado su valor correcto al Catastro. Ya sea porque no estuvieran declarados como inmuebles urbanos o rústicos o porque no hubieran notificado al organismo dependiente de Hacienda las obras o ampliaciones que hubieran llevado a cabo, estas edificaciones han sido consideradas fraudulentas.
Del total de inmuebles, las mayores irregularidades se han detectado en Andalucía (373.224), Galicia (213.017), Castilla y León (164.141), Comunidad Valenciana (149.749), Castilla-La Mancha (141.135) y Cataluña (130.115). Por provincias, es Lugo la que concentra la mayor cifra (85.289), seguida de Málaga (69.926), La Coruña (68.702), Alicante (66.333), Valencia (61.679) y Badajoz (60.702).
Según los datos de Hacienda, el 33% de las irregularidades detectadas en las inspecciones se corresponden con nuevas construcciones, el 31% con ampliaciones, el 29% reformas y cambios de uso y el 5% con piscinas sin declarar.
Satélite, drones y aviones
Fue en el año 2013, cuando el Ministerio de Hacienda comenzó a rastrear el territorio español a la caza de los infractores. Para aflorar cualquier cambio sospechoso en los inmuebles, el departamento que dirige Cristóbal Montoro ha utilizado imágenes por satélite, aviones, drones e inspectores a pie de campo.
Hasta ahora, ha logrado analizar 4.340 municipios españoles de los 6.331 que incluye el plan de actualización catastral. Se trata del 83% de todos los que existen en España, ya que País Vasco y Navarra han quedado fuera de la investigación.
Más impuestos para los propietarios
Las arcas de estos miles de ayuntamientos han sido las principales beneficiadas por la medida de Montoro ya que el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) se calcula a partir del valor catastral. Como la actualización del catastro ha aumentado ese valor, los propietarios se han visto obligados a pagar 1.251 millones más por este impuesto municipal.
A finales de 2012, el Gobierno anunció una enmienda a la Ley de Medidas Tributarias para crear un nuevo procedimiento de regularización en el catastro. La medida consistía en una especie de amnistía catastral para los inmuebles rústicos y urbanos que no estuvieran siendo objeto del gravamen correcto.
Este procedimiento, también llamado catastrazo, le costaría 60 euros a cada inmueble, en concepto de tasa de regularización, a lo que habría que sumarle las subida correspondiente del IBI que se produciría en los años venideros. Eso sí, los propietarios se librarían de la multa de Hacienda.