Como los malos estudiantes que no aprenden, ni siquiera con la amenaza del castigo. La multa con la que la UE presiona a España no es suficiente advertencia para el Gobierno, que incumplirá con sus objetivos de déficit para este año. Así lo declara el informe que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) ha emitido este miércoles en Madrid. Ahora habrá que ver las consecuencias. Si alguien en Bruselas se lee el documento, al Gobierno le quedarán muy poquitas excusas que ofrecer.
La AIReF es, no lo olvidemos, un organismo creado por el Gobierno a instancias de Bruselas y que tiene como objetivo fiscalizar la sostenibilidad de las cuentas públicas españolas. Para ello, emite informes en los que analiza la evolución de los gastos e ingresos de las administraciones. En estos años, además, su función es especialmente relevante, porque el objetivo de déficit pactado con las autoridades comunitarias implica un compromiso del Estado español para con sus socios de la UE. Un compromiso que los sucesivos gobiernos han estado ignorando de forma reiterada desde hace casi una década. Por eso la amenaza de multa que pende sobre todos los contribuyentes españoles, que podrían tener que responder por la falta de control en el gasto de sus gobernantes.
Pues bien, este miércoles la AIReF ha puesto sobre la mesa uno de sus informes más duros. Y, al mismo tiempo, más preocupantes. En un momento como éste, con la atención de la Comisión centrada en nuestro país, los gobernantes españoles siguen sin cumplir sus propias normas. El siguiente cuadro resume el pronóstico del organismo en lo que tiene que ver con los objetivos de déficit para este año:
Como vemos, con los datos de gastos e ingresos correspondientes a este ejercicio conocidos hasta el momento, sólo las corporaciones municipales tienen asegurado su objetivo de déficit. Las comunidades autónomas podrían lograrlo (aunque hay que recordar que hablamos de un nivel administrativo que ha dado sorpresas desagradables a finales de año en varios de los últimos años). Y ni la Administración Central ni la Seguridad Social están ni cerca de su límite. En resumen, el conjunto de las administraciones públicas españolas volverá a saltarse su compromiso.
Todo esto es especialmente grave por dos motivos. El primero es el que apuntábamos antes: este momento no es el más indicado para una noticia como ésta. Pero es que además no estamos hablando de unos objetivos muy estrictos o impuestos hace muchos años, sin tener en cuenta la situación actual. En realidad, lo que dice la AIReF es que el déficit público español de 2016 se situará, si no se toman medidas contundentes en los próximos meses, entre el 4,1 y el 4,7% del PIB:
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En primer lugar, esto supone un incremento respecto a las estimaciones que la propia AIReF realizaba en abril, cuando pronosticaba un déficit “ligeramente por debajo del 4%”. Es decir, que no sólo no mejoramos, sino que empeoramos según avanza el año.
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Además, hay que tener en cuenta que el objetivo inicial de déficit para España era del 2,8% en 2016. Tras el enésimo incumplimiento de nuestro país, Bruselas revisó al alza el límite y nos concedió un año extra para bajar del 3% establecido en el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Pues bien, no sólo estamos lejísimos de aquel 2,8%, sino que tampoco es nada probable que alcanzemos el 3,6% al que ahora se aferra el Gobierno y que en sí mismo ya era un incumplimiento.
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De hecho, ese 4,7% que la AIReF maneja en el peor escenario (si no se cumplieran las expectativas del Gobierno en lo que tiene que ver con el adelanto de los pagos fraccionados del Impuesto de Sociedades) supondría cerrar el ejercicio dos puntos de PIB por encima del objetivo inicial, un punto por encima del nuevo y a una distancia de 18.000 millones de euros del 3% que hay que cumplir, sí o sí, en 2017.
¿Voluntad?
Pero si las cifras son llamativas, no lo es menos el contenido del informe. La AIReF denuncia lo que se intuye como pasividad del Gobierno ante esta evolución de la recaudación y los gastos. Así, los autores afirman que “la situación y perspectivas de las finanzas públicas han sufrido un deterioro progresivo desde abril”. Es más, en el documento se detallan una serie de medidas que se podrían haber tomado (y otras que se podrían tomar a futuro) y que sólo dependían de la voluntad política del Ejecutivo. Por ejemplo, llama la atención la denuncia en cuanto a la "interpretación laxa" que Hacienda está realizando de la regla de gasto para las regiones o que el Ministerio haya aprobado "los planes de ajuste por adhesión al Fondo de Liquidez Autonómica 2016 (FLA), sin exigir el cumplimiento del requerimiento formulado en cuanto a la adopción de estos acuerdos por incumplimiento del plan de ajuste 2015". Es decir, que simplemente con la estricta aplicación a las CCAA de las propias normas que el Gobierno se ha dado, se podría conseguir un mayor ajuste sin necesidad de recortes o subidas de impuestos. La sensación que queda tras la lectura del documento es que no sólo no se cumplirá con el déficit, sino que ni siquiera existe la voluntad política de hacerlo.
En lo que hace referencia a la Administración Central, la AIReF cree que buena parte de se debe a que la rebaja de impuestos que el Gobierno aprobó en 2015, en las semanas previas a la campaña electoral, está teniendo "un impacto mayor del previsto en la recaudación". Es más, la AIReF considera que incluso aunque se pongan en marcha las medidas anunciadas por Hacienda en el IS, “la cifra prevista en el Presupuesto es de difícil cumplimiento”. Algo parecido ocurre con la Seguridad Social: aunque aquí hay una previsión de déficit del 1,1% del PIB para 2016 (unos 12.000 millones de euros), incluso esa cifra se antoja optimista para la AIReF, que apunta que es muy poco probable que lo consiga.
Pero no sólo eso, es que incluso en lo que tiene que ver con regiones y ayuntamientos, el organismo fiscalizador apunta a que se podría hacer mucho más. O lo que es lo mismo: incluso aunque hay más opciones de que estas administraciones sí lleguen a su objetivo, si de verdad el Gobierno quisiera podría conseguir más.
Con respecto a las comunidades autónomas, lo que dice el informe es que el objetivo de déficit es “poco ambicioso para el conjunto del subsector”. Simplemente con que se aplicasen los presupuestos aprobados, afirma, se habría podido alcanzar “un déficit inferior al 0,7% del PIB” establecido por el Gobierno:
En varias CCAA la ejecución de los presupuestos aprobados habría permitido alcanzar un déficit inferior al 0,7% del PIB sin recortar su nivel de gasto, pero la aplicación de la misma propuesta por el MINHAP para todas las CCAA (- 0,7% del PIB), ha conducido a que casi todas ellas prevean agotar el margen dado por la flexibilización del déficit, sin que la regla de gasto haya actuado como elemento de contención. A esto último ha contribuido que la interpretación laxa del MINHAP sobre su forma de cálculo elimina para muchas CCAA el carácter potencialmente más exigente de la regla de gasto respecto al objetivo de estabilidad.
Y algo parecido puede decirse en lo que hace referencia a los ayuntamientos. En este caso, lo que dice la AIReF es que aunque “existe práctica certidumbre de cumplimiento del objetivo para 2016, podría reducirse el superávit registrado en los últimos años”:
Del análisis realizado por la AIReF en los 16 ayuntamientos con población superior a 250.000 habitantes, se desprende una tendencia a reducir el superávit de años anteriores. La finalización del periodo de aplicación de tipos incrementados en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, la relajación en la interpretación de la regla de gasto y la aplicación poco rigurosa de las medidas correctivas por parte de los órganos de tutela (MINHAP o Comunidad Autónoma según el caso) son factores determinantes de esta tendencia.
En resumen, el Gobierno no cumplirá con lo que le toca (Administración Central y Seguridad Social) y no hace nada para conseguir que los que tienen más margen CCAA y ayuntamientos mejoren sus cuentas y compensen así el desequilibrio. Desde abril, las cosas han empeorado. Y nada de lo anunciado hace pensar que el descuadre vaya a arreglarse antes de final de año. Con este panorama, el problema ya ni siquiera es si Bruselas multará a España o no. La clave es que nuestro país lleva ya seis años dependiendo de la UE para financiarse. No hay que engañarse, si no quebramos en 2010 y 2012 no fue porque los inversores volvieran a confiar en nosotros de un día para otro, sino porque el BCE y nuestros socios hicieron una declaración expresa de respaldo (¿recuerdan el famoso “haré lo que sea necesario” de Mario Draghi). Pues bien, en esta situación, y con la paciencia de la Comisión, del BCE y de los países del norte cada vez más al límite, el Gobierno volverá a incumplir sus compromisos. ¿Hasta cuándo aguantará la cuerda antes de romperse?