El documento tiene el aspecto triste, serio, poco cuidado desde el punto de vista de la imagen y aburrido que suele ser habitual en las comunicaciones comunitarias. Sin embargo, su contenido no es para nada convencional. Este jueves, la Comisión Europea emitía su dictamen: "Recomendación para una decisión del Consejo estableciendo que España no ha tomado acciones de forma efectiva en respuesta a las recomendaciones del Consejo del 21 de junio de 2013".
El título tampoco pasará a la historia de la literatura. Pero es un documento muy relevante que inicia el procedimiento que podría llevar a la primera multa a un Estado miembro por parte de la UE por incumplir con sus objetivos de déficit.
Lo que le tocaba analizar a la Comisión en esta ocasión era el cumplimiento que España ha realizado de las recomendaciones del Consejo del 21 de junio de 2013. En aquel momento, hace tres años, nuestros socios nos marcaron un camino, no especialmente estricto, para la consolidación de las cuentas públicas. Los objetivos de déficit eran:
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6,5% del PIB en 2013
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5,8% del PIB en 2014
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4,2% del PIB en 2015
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2,8% del PIB en 2016
¿Y cuáles han sido los resultados?
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6,6% del PIB en 2013
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5,9% del PIB en 2014
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5,1% del PIB en 2015
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3,9% del PIB en 2016 (previsión oficial de la Comisión)
Es decir, no hemos cumplido ningún año y el margen más amplio ha sido precisamente en el último, 2015, cuando España crecía por encima del 3% y menos excusas había para la consolidación fiscal. Por eso, el informe de la Comisión es especialmente duro. El lenguaje no es el habitual en los diplomáticos documentos comunitarios. Y es lógico, es el principio de lo que podría desembocar en una multa a un estado miembro de la Eurozona. Sería la primera vez, pero leyendo las conclusiones de los comisarios, parece difícil evitarlo.
Las frases
Las siguientes son las seis frases más duras. Son seis afirmaciones que acaban con el mito de la "certidumbre", la "confianza", la "solvencia" y la "credibilidad" del Gobierno de Mariano Rajoy. Desde que llegó a La Moncloa hace cuatro años y medio, la estrategia del gallego ha girado en torno a estos conceptos, que ha repetido una y otra vez, asociándolos a su gestión. La idea que quería transmitir es que después de la caótica etapa de José Luis Rodríguez Zapatero, ahora había alguien al mando en el que se podía confiar. La Comisión Europea ha dejado este jueves bien claro que, en lo que a ellos les toca, eso ya no es cierto:
- "Los riesgos de incumplimiento con las recomendaciones del Consejo de junio de 2013 fueron destacados en sucesivos documentos. Por ejemplo, todas las recomendaciones de la Comisión acerca de los borradores de Presupuestos Generales del Estado para 2014, 2015 y 2016 concluían que España estaba en riesgo de no cumplir con las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento": es decir, que no hablamos de un incumplimiento puntual o de un año en el que se nos haya ido la mano. Ha sido continuo, reiterado y a pesar de los múltiples avisos que nos han hecho.
- "La relajación de la política fiscal en 2015 ha tenido un enorme impacto en el resultado final": el electoralismo del Gobierno, en gastos e ingresos a lo largo del pasado año ha generado una brecha de casi un punto del PIB de desvío respecto al objetivo pactado con Bruselas, justo en el año en el que más creció la economía española.
- "Las medidas de consolidación (como la reforma de la administración pública o el sistema de pensiones) fueron insuficientes para compensar el impacto de otras medidas expansivas implementadas en 2015, como reducciones del Impuesto sobre la Renta, devolución de la paga extra de Navidad a los funcionarios y la creciente tendencia en el gasto asociado al envejecimiento de la población": todas estas medidas de incremento del gasto (o recorte de ingresos) se podían haber evitado, pero en un año electoral como 2015, el Gobierno decidió no hacerlo.
- "La rápida creación de empleo y el crecimiento económico beneficiaban la reducción del déficit. (…) Pero estas ganancias inesperadas, especialmente en 2015, no se utilizaron para acelerar la reducción del déficit,. En su lugar, la política fiscal relajó sus objetivos, en particular a través de la reforma fiscal y un crecimiento del gasto dinámico": la Comisión le recuerda al Gobierno que el entorno era favorable. Vamos, que lo tenía relativamente sencillo para reducir el déficit… y que decidió no hacerlo.
- "Mientras las leyes de estabilidad fiscal españolas incluyen herramientas para prevenir y corregir las desviaciones del déficit de sus objetivos, la experiencia en 2014 y 2015 muestra que estas herramientas podían haber sido usadas en un mayor grado": es una petición que la Comisión ha realizado en numerosas ocasiones. El Gobierno presume a menudo de las bondades de su Ley de Estabilidad Presupuestaria pero, a la hora de la verdad, no la aplica. ¿Qué sentido tiene entonces esta normativa?
- "Todo esto lleva a la conclusión de que la respuesta de España a la Recomendación del Consejo de 21 de junio de 2013 ha sido insuficiente. España no ha alcanzado el objetivo de déficit intermedio de 2015 y no se prevé que pueda poner fin al exceso de déficit tampoco en 2016. Los esfuerzos en política fiscal se quedan muy cortos respecto a lo que recomendó el Consejo y la política fiscal fue incluso flexibilizada en 2015": éste es el párrafo final, el que cierra el informe y en el que los autores dejan clara su conclusión. España no ha cumplido en el pasado, no está cumpliendo ahora y no cumplirá en el futuro. ¿Resultado? Abrir el procedimiento para multar a nuestro país.
El proceso
Como casi siempre en Bruselas, el procedimiento es complejo y llevará unas semanas (o meses) alcanzar una decisión definitiva. Además, se mezclan consideraciones políticas. Al final, la última palabra la tiene el Consejo, en el que se sientan los Gobiernos de los países miembros. La Comisión puede sugerir una multa (u otro tipo de medidas) pero la última palabra la tienen los gobiernos
Este mismo jueves, el propio comisario europeo de Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, ha pedido que no se especule sobre la cantidad de la multa a España y Portugal y ha asegurado que "no hay ninguna voluntad de castigar" a esos países por no haber tomado medidas efectivas para corregir sus déficit. "Hoy no se trata de la sanción, en absoluto. Hoy se trata de documentar el pasado", ha dicho. O lo que es lo mismo, que quien más debería estar presionando por esa multa ya hace declaraciones conciliatorias que insinúan que al final no se aplicará. La política se vuelve a imponer a las normas comunitarias:
- Los embajadores de los países de la UE han tomado nota de la decisión de la Comisión
- El próximo martes 12, en la reunión del Ecofin (con los ministros de Finanzas) será tratado el tema.
- Si los ministros confirman el dictamen de la Comisión, darán a este órgano 20 días para que haga una propuesta concreta. En este caso, ya hablaríamos de la recomendación de una multa que, en el peor de los casos puede ascender a casi 2.200 millones de euros (el 0,2% del PIB), y suponer la suspensión de parte de los fondos estructurales europeos. Antes de que se emita esa recomendación, el Gobierno español podrá presentar sus alegaciones.
- Con estos plazos, el Colegio de Comisarios podría proponer la sanción en su reunión del 27 de julio.
- Llegados este punto, si la Comisión ha propuesto formalmente la multa, ésta será considerada adoptada salvo que los países miembros decidan por mayoría cualificada rechazar la recomendación de la CE en un plazo de 10 días. También puede el Consejo, por mayoría cualificada, enmendar la recomendación de la multa, reducir su monto o incluso cancelarla.
- Si el Consejo no se opone al castigo, la multa propuesta se aplicará a mediados de agosto.