"Recuperar la ciudad para la gente". Si hubiera que rescatar un lema que Ahora Madrid ha utilizado [y utiliza] con insistencia sería éste. No opinan lo mismo las cientos de familias unidas en cooperativas y entrampadas en procedimientos y trabas administrativas que ven ahora peligrar sus ahorros de toda una vida.
La portavoz del Grupo Municipal del PP, Esperanza Aguirre, se reunió el pasado miércoles con los integrantes de dos de estas cooperativas –Residencial Maravillas y Residencial Metropolitan- que agrupan a más de 700 familias y que habrían aportado ya de media cada una de ellas 250.000 euros, en el caso de las primeras, y 100.000 las segundas.
Pero retrocedamos en el tiempo para comprender mejor la situación de cada caso, muy parecidos entre sí y con un denominador común: la angustia de estas personas.
Metropolitan o las cocheras de Cuatro Caminos
443 familias deciden conformarse en cooperativa y agruparse en torno al Grupo Ibosa –gestora de vivienda social, fundamentalmente-. En noviembre de 2014 ganaron la subasta convocada por Metro para la venta de la parcela de 40.000 metros cuadrados sobre la que se asientan las cocheras de Cuatro Caminos. Y el 17 de diciembre de ese año firmaron el contrato de compra-venta. [Vea aquí las características del proyecto]. A partir de ese momento, comenzó la tramitación urbanística con los técnicos del Ayuntamiento de Madrid. Un año y medio en total de conversaciones (seis meses bajo el gobierno de Ana Botella y doce más con el de Manuela Carmena). Los problemas no tardaron en llegar cuando Ahora Madrid se hace con el Ejecutivo municipal:
- "Pelotazo urbanístico". Fue la primera acusación a la que se enfrentaron estas familias. No se puede tachar de pelotazo urbanístico "algo que compra una cooperativa sin ánimo de lucro y que vende una empresa pública", señalan desde Metropolitan. Llegaron a "tildar a Ibosa de gran promotor inmobiliario hasta que se dieron cuenta de que éramos una gestora de vivienda social".
- Bien de Interés Cultural. Una vez solventado ese primer bache, la cooperativa se enfrentó a uno más farragoso. Varias plataformas y movimientos afines a Ahora Madrid y Podemos [también el PSOE] consideraron que las cocheras de Cuatro Caminos no se podían tocar puesto que se trataba de un Bien de Interés Cultural a proteger. Así se lo hicieron llegar a Patrimonio. "Tras seis meses de batalla", finalmente, esta solicitud fue denegada totalmente. Las cocheras "no tienen intereses de BIC en ningún grado".
- No a la monetización. El Ayuntamiento se negó a la monetización a la que tenía derecho por la cesión obligatoria del 10% del suelo y exigió ese porcentaje de la propiedad. Así, desde la cooperativa se vieron obligadas a expulsar a 43 familias. Las 443 viviendas planeadas originariamente, 381 libres y 62 de protección oficial, quedarán reducidas a 400.
- Soterramiento. Una vez hecha la concesión por su parte, a los cooperativistas se les impone una nueva traba: su proyecto no cumple con lo establecido en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en cuanto al soterramiento de las cocheras se refiere. Así se les informa desde el Ayuntamiento "a través de una nota de prensa". Mientras, "los técnicos se niegan a emitir un informe de incumplimiento porque saben que cumple", señala Metropolitan. "Lo más que hacen estos técnicos es enviar un e-mail interno a sus responsables políticos diciendo que en ‘algunos aspectos se aparta de las condiciones fijadas en el PGOU’". Nótese que los técnicos "utilizan la palabra ‘aparta’ y no ‘incumple’", reseñan. Sobre las cocheras hay proyectado un parque de unos 17.000 metros cuadrados de uso público.
"Lo que vemos es quehay un gran componente ideológico porque siempre te van variando su versión: cuando pruebas que las cocheras sí están soterradas, porque así aparecían desde el principio, te dicen luego que no es un tema de soterramiento sino de cotas y, claro, se te cae el alma a los pies", comenta indignado a LD Ignacio, uno de los cooperativistas que ha invertido mucho dinero en este proyecto. Hay "una batalla ideológica o política que nosotros, como ciudadanos, no entendemos. No somos una constructora, no estamos intentando promover pisos para venderlos. Y lo que hay ahora son unas cocheras cochambrosas que no sirven ya para nada y que están cerradas. En su lugar, nosotros haríamos un parque y otras instalaciones de uso público".
El concejal de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo, lo explica así: "La alternativa pasa por cumplir esa determinación de la ficha del PGOU, que insta a soterrar y a eliminar en superficie todas las instalaciones vinculadas a la cochera de Metro, por lo tanto la alternativa es compleja porque es una propuesta técnica compleja, donde hay que ir de la mano de Metro y también donde hay que plantear algún tipo de reordenación de parque, sobre todo en términos de cotas. Hay alternativas y nosotros esperamos que este proyecto pueda tener salida muy pronto y poder cumplir, por supuesto, con las expectativas de los cooperativistas".
"La cota a la que se sitúa la cochera y el parque [707,8] es la misma que viene en la documentación del Plan general", recuerdan desde Metropolitan, desmintiendo lo declarado por Calvo; y contó con el visto bueno de los técnicos municipales.
La desesperación es total. Unos 45 millones de euros llevan pagados entre todas las familias ya ["38-39, a Metro en concepto de parte del pago del suelo"]; 100.000 euros de media cada familia y eso sin contar otro tipo de gastos, como el pago a los gestores.
"Todos los que nos metimos en una cooperativa, sabíamos que no es algo que vayas a tener mañana, pero nadie se imaginaba que iba a encontrarse con una traba tras otra", lamenta Miguel Ángel, otro de los afectados. Tenían seguridades: se trataba de una subasta pública en donde se especificaban las características del proyecto. "Estamos abiertos a acordar aspectos del Plan parcial con el Ayuntamiento, pero no a que cambien esas condiciones" por las cuales decidieron comprar.
Miguel Ángel coincide con Ignacio: "Nos están usando en una guerra política". Es un "proyecto bueno para todo el mundo: hay un parque público, infraestructura pública para Metro, vivienda de protección oficial… No entiendo por qué la negativa". Este cooperativista ha metido ahí sus ahorros. En concreto, tiene 80.000 euros bloqueados. Y se había hecho sus planes de vida: tiene tres hijos y su vivienda actual se le ha quedado pequeña. Cuando su mujer se volvió a quedar embarazada decidió buscar una casa más amplia; esta era una buena opción y los plazos encajaban. Ahora ya no.
"¿Dónde está el problema aquí?, ¿qué podemos hacer?", se pregunta Ignacio. "No vemos buena fe y eso es lo que nos preocupa". Si esto finalmente no sale adelante no es sólo que "pierda parte del dinero, sino que lo que he perdido son dos años; es imposible que yo compre ahora una casa por ese precio en esta zona. Intento ser muy comprensivo, pero hay cosas que…". Insiste en que la ley es la que es y no entiende por qué no se ciñen a ella y la cumplen. "Es lo más indignante que hay en este sentido".
No obstante, en medio de esta angustia han recibido una buena noticia, casi la mejor que podían obtener estos días. Y es que esta zozobra se veía incrementada por un nuevo pago de 6 millones de euros que debían realizar a Metro el próximo 17 de junio. Si no lo hacían, caían en incumplimiento de contrato, lo que conllevaba la pérdida de todo lo aportado hasta la fecha. "Pedimos a la Comunidad de Madrid que, dadas las circunstancias excepcionales, lo aplazara y nos ha contestado que la propia [Cristina] Cifuentes ha acordado que esto sea así". Ahora están a la espera de que Metro les envíe el documento donde aparece dicha prórroga y la nueva fecha: el 17 de diciembre.
Los cooperativistas lo tienen claro: lucharán por sus derechos para que el Ayuntamiento cumpla con la normativa vigente. Así, este lunes tendrá lugar una asamblea donde se aprobará la creación de un comité jurídico. Varios cooperativistas son abogados y "van a delegar en ese comité la interposición" de futuras posibles demandas. De hecho, ya se ha contactado con ocho o nueve despachos externos y "todos nos han dicho que tenemos razón", afirman desde Metropolitan. Será ese comité el que se decante por uno de los bufetes. Se tomará una decisión antes de julio, tras la comisión del ramo y el Pleno municipal de este mes.
"La gente está muy nerviosa", comenta Miguel Ángel, así que no es extraño que se decida en esas votaciones empezar a tomar ya medidas judiciales. Y es que hay personas "que tienen situaciones muy complicadas… Yo, dentro de lo malo, tengo trabajo", comenta. "El lunes se votará y puede salir cualquier cosa", insiste. Él, en concreto, si no tiene por escrito la concesión de este aplazamiento por parte de la Comunidad de Madrid "votará a favor" de acudir ya a los tribunales.
Maravillas o Raimundo Fernández Villaverde
En este caso se trata de unas 300 familias que llevan invertida una media de 250.000 euros cada una, aunque en realidad –como luego explicaremos- es bastante más. Se trata de una parcela que ocupa el Taller de Precisión y Centro Electrónico de Artillería, un edificio del siglo XIX perteneciente al Ministerio de Defensa, en el distrito de Chamberí. Defensa decidió sacarla a subasta pública en el año 2014 y estas familias constituidas en cooperativa en torno a Domo –una gestora que hace la labor de agrupar a todas las personas que quieran constituirse como tal- pujó por ella. Consiguieron el aval que solicitaba el Ministerio: 110 millones de euros a realizar en dos pagos, primero uno de 55 millones en el momento de ganar la subasta y un segundo de otros 55 al año de haber realizado el primero. [Vea aquí las características del proyecto].
A partir de ahí era necesario avanzar con la tramitación urbanística, que consta de tres pasos fundamentales: el primero es la elaboración del Plan parcial [en éste, recordemos, se definen aspectos como la altura que tienen que tener las viviendas, la edificabilidad de la parcela, así como todo lo que está contemplado en la ficha del PGOU]; el convenio de gestión y, por último, la licencia de edificación. "Además de pedir un crédito a posteriori para el segundo pago, empezamos a recopilar todos los informes necesarios", cuenta Juan Andrés García padre de familia y portavoz del Residencial Maravillas.
Lo hicieron; entregaron esos informes a lostécnicos urbanísticos, que dieron el ok y este Plan parcial quedó listo para que fuera llevado a la comisión del ramo y de ahí, a su vez, al Pleno para su aprobación. "¿Qué ocurre? Una vez aparece que este Plan se va a tratar en el Pleno, hay una pequeña movilización de bases relacionadas con Ahora Madrid que provoca una actuación bastante extraordinaria del Ayuntamiento: sacar del orden del día, el día de antes [de la celebración de dicho Pleno], este asunto" para realizar una sesión de presentación a asociaciones y bases donde prácticamente "no se nos dejaba entrar para tratar esta cuestión", denuncia. Como todo esto era "absurdo", porque estaba todo correcto, se acaba incluyendo en el orden día del Pleno del 27 de noviembre, donde se produce la famosa votación a mano alzada que parte en dos a Ahora Madrid. Finalmente sale aprobado con los votos a favor del PP, Ciudadanos, de 14 concejales de Ahora Madrid y laposición en contra del PSOE y los seis ediles díscolos [Mauricio Valiente, Carlos Sánchez Mato, Yolanda Rodríguez, Pablo Carmona, Rommy Arce y Montserrat Galcerán]. "Votaron a favor [el resto de concejales de Ahora Madrid] porque si no lo hacían sabían que estaban incurriendo en un delito", subraya García.
Eso sí, "el nuevo Gobierno únicamente accedió a elevarlo a Pleno si renunciábamos a 460 plazas de garaje [todas ellas incluidas en el proyecto inicial] en contra de los informes de movilidad", recuerda este cooperativista. "La reducción del número de plazas de garaje incluidas en el proyecto de viviendas no sólo es contraria a los intereses generales de los vecinos de la zona, caracterizada por ser un barrio deficitario en aparcamientos, sino que ha supuesto un importante perjuicio económico para todos los cooperativistas, al tratarse de un significativo recurso económico para contribuir a la financiación de sus viviendas", denuncian desde Residencial Maravillas.
Lo hicieron, pero igual que les ocurre a las familias de las cocheras de Cuatro Caminos, no sería el último obstáculo impuesto por el Ejecutivo local. "Sólo tienen la intención de retrasarlo todo", concluye –visto lo visto- Juan Andrés García.
Ahora están embrollados en el segundo paso, el convenio de gestión. La Ley del Suelo –como explicábamos antes- obliga a ceder un 10% para uso público, esa cesión se puede hacer bien abonando el importe equivalente o bien cediéndole ese terreno al Ayuntamiento. "El Gobierno anterior optaba siempre, salvo casos muy concretos, por la primera opción para reducir la deuda; el actual prefiere los terrenos. Por nosotros, como es acorde a la ley, no hay ningún problema", comenta. La "sorpresa" llega cuando en medio de esa negociación piden que se les ceda otro tanto para infraestructuras [lo conocido más técnicamente como "redes locales"]. Pretenden que la cooperativa entregue locales comerciales a un precio muy inferior al del mercado.
"Dado que las peticiones actuales del Ayuntamiento no disponen de amparo legal, el Consistorio pretende promover la tramitación de un Plan Especial que retrasaría aún más el inicio de las viviendas y que, en cualquier caso, podría incurrir en nulidad de pleno derecho al no ser un instrumento urbanístico legalmente habilitado para ello", señala Residencial Maravillas.
Además, se les exige que el patio de manzana sea público. Algo que no se les había pedido hasta ahora y que "no tiene amparo legal alguno" a la vez que "atenta contra los más elementales derechos de los cooperativistas" y es "contrario a lo establecido en el Plan parcial, aprobado en el Pleno" de noviembre.
"Nosotros somos gente muy formal, con hijos, y no podremos aguantar esta situación por mucho más tiempo". "Hemos invertido nuestros ahorros en esto y los de nuestras familias; yo, en concreto,he invertido los ahorros de 15 años de trabajo", dice angustiado García. A esos 250.000 euros hay que sumarle gastos de alquiler de los pisos donde actualmente residen, el IBI, los costes de seguridad [han contratado vigilancia para que la parcela y las instalaciones abandonadas no sean okupadas]. "Estamos hipotecados", con lo que eso conlleva también de pago de intereses. "Anualmente podemos estar pagando más de un millón de euros"; gastos que consiguen afrontar con la ayuda de los ahorros de sus padres.
El relato se repite: los técnicos están de su lado; han dado el visto bueno a lo aprobado hasta ahora, pero "están atados de pies y manos". Únicamente se han reunido con ellos, pues ni la alcaldesa ni el concejal de Urbanismo ni ningún otro edil del gobierno les ha recibido hasta -precisamente- esta semana, asegura.
De la misma forma que sus compañeros de Cuatro Caminos,no descartan la posibilidad de emprender acciones legales. "No es algo que descartemos, pero seguimos teniendo la esperanza de que el Ayuntamiento haga cumplir la ley". Y recuerda al Consistorio, casi a modo de súplica, "que la ley no tiene que ver con la ideología, que están gobernando para todo el mundo: si lo que quieren es transparencia y legalidad, ahí la tienen", manifiesta en referencia a su proyecto.