España afronta un nuevo tiempo de elecciones y, por tanto, de promesas y engaños electorales de todo tipo y condición. La grave situación financiera que atraviesan las pensiones públicas ha regresado al debate político, centrando algunas de las medidas que proponen los partidos en liza. En general, las cuatro grandes formaciones con opciones de gobierno (PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos) coinciden en la necesidad de aumentar al recaudación para mantener en pie un sistema que hace aguas, pero difieren en el método a aplicar.
El PP, por ejemplo, aboga por financiar parte de las pensiones contributivas mediante los Presupuestos Generales del Estado. En concreto, propone que las pensiones de viudedad y orfandad, cuya cuantía ronda los 23.000 millones de euros al año, pasen a financiarse mediante impuestos en lugar de con las actuales cotizaciones sociales. Dicha medida supondría, por tanto, una mayor carga fiscal al conjunto de los contribuyentes.
El PSOE, por su parte, también defiende una subida generalizada de impuestos, maquillada bajo el nombre de "recargo de solidaridad", pero cuya recaudación se ingresaría en el actual sistema de reparto. Sea como fuere, unos y otros, en mayor o menor medida, apuestan por incrementar la fiscalidad para pagar las pensiones.
Sin embargo, llama la atención los quiebros y evasivas que protagonizan los distintos partidos para ocultar el nuevo sablazo fiscal que sufrirán los contribuyentes durante la próxima legislatura. El último en ocultar la realidad ha sido el líder del PSOE, Pedro Sánchez. Durante el desayuno informativo organizado por Fórum Europa el pasado lunes, Sánchez insistió en la idea de establecer un "recargo de solidaridad", pero explicó que, en todo caso, se ceñiría exclusivamente a las rentas y patrimonios más elevados, excluyendo así una mayor carga fiscal sobre las rentas medias y bajas.
El único problema es que tal afirmación no se sostiene. En primer lugar, porque la medida original del PSOE, tal y como explicó a El País el ministrable Jordi Sevilla, consiste en imitar el modelo francés, que consiste en aplicar un recargo generalizado a diversos impuestos cuyo pago afecta a la inmensa mayoría de contribuyentes, no sólo a las rentas altas.
Y, en segundo lugar, porque con la propuesta de Sánchez, simplemente, no salen las cuentas. El agujero que presenta hoy la Seguridad Social supera los 13.000 millones de euros al año, y esta brecha se irá incrementando con el paso del tiempo debido, entre otros factores, al declive demográfico y el progresivo envejecimiento de la población.
Las reformas aprobadas por PSOE y PP apuntalan el sistema de pensiones a medio y largo plazo, pero el déficit actual, si no se adoptan nuevas reformas, deberá afrontarse con otras medidas durante la próxima legislatura. Sobre todo, si se tiene en cuenta que la famosa hucha de las pensiones apenas cuenta con 30.000 millones de euros, y se agotará en dos años al actual ritmo de retirada por parte del Estado.
La cuestión es que, por mucho que se suban los impuestos a las rentas altas, el dinero recaudado no alcanzaría, ni de lejos, para cubrir el actual agujero de las pensiones, de modo que la idea de Sánchez es papel mojado. Basta observar dos datos para constatarlo.
Por un lado, cabe recordar que el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó a finales de 2011 la mayor subida del IRPF de la historia, llegando a situar el tipo marginal máximo en el 52% en todo el país -en algunas autonomías el tipo aplicado fue incluso superior-. Sin embargo, tras esta subida, las liquidaciones del impuesto entre las rentas altas -más de 60.000 euros brutos al año- bajaron un 13% hasta 2013 -últimos datos disponibles-, al pasar de 685.546 declarantes a 596.207.
Como resultado, la recaudación, lejos de aumentar, cayó en 750 millones de euros (-3,4%), al bajar de 22.161 millones de euros en 2011 a 21.411 millones en 2013.
Llegados a este punto, se podría argumentar que el descenso de contribuyentes y de recaudación fue fruto de la crisis y, por tanto, no sirve como referencia, pero los datos vuelven a dar la respuesta. En el año 2007, en pleno pico de la burbuja y con una tasa de paro inferior al 10%, el número de liquidaciones de IRPF con rentas superiores a 60.000 euros ascendió a 747.295, un 25% más que en 2013, mientras que la recaudación en esos tramos rondó los 25.000 millones, unos 3.600 millones extra. Asimismo, el Impuesto sobre el Patrimonio recaudó algo más de 2.100 millones de euros en 2007, el doble que en la actualidad.
Es decir, aún en el caso de que el Estado recuperara el histórico nivel de recaudación registrado en 2007, justo antes de que estallar la crisis, el citado "recargo" en IRPF y Patrimonio sobre las rentas altas planteado por Sánchez apenas supondría unos 4.500 millones de euros adicionales, insuficiente para cubrir el agujero de 13.000 millones anuales que presentan las pensiones.
De hecho, incluso tomando como referencia la confiscatoria propuesta fiscal de Podemos, cuyo objetivo es elevar de forma muy sustancial el IRPF a las rentas altas, del 45% actual a un tipo marginal máximo del 55%, así como la fiscalidad sobre el patrimonio, y dando por bueno que la base de contribuyentes se mantendría constante, la recaudación difícilmente aumentaría un 25%, pese a tratarse de otro sablazo histórico. Es decir, el sistema de pensiones ingresaría, como mucho, otros 5.500 millones de euros al año, lejos de los abultados números rojos que registra la Seguridad Social.
El modelo francés: un palo de 40.000 millones
¿Cuál es la realidad? A diferencia de lo que dice Sánchez, la propuesta del PSOE, tal y como sí detalló Sevilla, consiste en aprobar una subida generalizada de impuestos a todos o casi todos los contribuyentes, a imagen y semejanza del modelo francés. El "recargo solidario" del PSOE funcionaría de forma muy similar a la "Contribución Social Generalizada" del país galo, cuya recaudación asciende a 90.000 millones de euros cada año.
Dicho recargo, de entre el 5% y el 10%, es sufragado por todo tipo de asalariados, incluidos pensionistas y desempleados, afectando tanto a rentas del trabajo como plusvalías, rentas del capital y hasta prestaciones, informa OKdiario. En caso de trasladarse a España, el palo fiscal podría ascender a 40.000 millones de euros.
Por último, otro dato curioso es que Sánchez también apostó por bonificar la contratación de los parados de larga duración, pese a que ha criticado con dureza las ventajas fiscales aprobadas por el PP para incentivar la creación de empleo. Este tipo de bonificaciones facilitan la contratación, pero reducen la recaudación por cotizaciones.