Una de las múltiples medidas que incluye el pacto electoral acordado entre Podemos e IU consiste en imponer multas y sanciones administrativas "proporcionales a la renta de las personas sancionadas". El punto concreto reza así:
Incorporación de criterios de corrección a los procesos sancionadores que incorporen la rendición de cuentas de la persona ofensora, equidad y proporcionalidad de la sanción en función del nivel de renta y un sistema de cálculo ágil y limitado, partiendo de tipos básicos y fijando umbrales.
Podemos detalla algo más esta propuesta en su programa electoral de cara a los pasados comicios de diciembre:
Crearemos un sistema de pago de sanciones administrativas y multas económicas proporcionales a la renta de la persona sancionada, para modificar el actual sistema por uno más justo, proporcional y funcional. Para ello, nos basaremos en los siguientes principios:Rendición de cuentas de la persona ofensora.
- Cumplimiento de la función de disuasión. Para que las multas cumplan esta función, las personas con menos ingresos deben poder pagarlas, pero su impacto debe ser equivalente al de las personas con mayores rentas.
- Obligación de ser equitativas. Las multas proporcionales son inherentemente más justas, pues las cantidades no son ni demasiado bajas para determinados sancionados ni tan altas como para exceder la capacidad de otros.
- Establecimiento de un sistema de cálculo ágil y limitado partiendo de un tipo básico y estableciendo diferentes umbrales, similares a los que se fijan para el pago del IRPF en función de los ingresos del sancionado.
El caso de Finlandia
Finlandia es uno de los escasísimos países que cuenta con un sistema de multas similar, concretamente en materia de Tráfico. Hace algunos años saltó a la prensa internacional la noticia de que un conductor finlandés había recibido una multa por exceso de velocidad con un importe de 54.000 euros, después de que las autoridades comprobaran en su declaración de la renta que sus ingresos anuales superaban los 6 millones de euros. No es la sanción más alta. En 2003, un joven finlandés tuvo que pagar 170.000 euros por circular a 80 km/h en una zona de 40 km/h.
Sin embargo, este tipo de sistemas genera muchas dudas a nivel jurídico, razón por la cual es una excepción en los países desarrollados, ya que viola el principio básico de igualdad ante la ley, y, por tanto, es contrario al Estado de Derecho.
Al tratarse de una infracción, al igual que sucedería con un delito, se considera que la pena debe ser lineal con independencia de quien la cometa para evitar discriminaciones jurídicas. Llevado al Código Penal, por el ejemplo, la aplicación de un sistema proporcional supondría una mayor o menor condena en función, no del tipo de delito cometido, sino de las circunstancias personales del delincuente e incluso de la víctima.