A la hora de abordar el debate sobre la desigualdad hombre-mujer, un argumento recurrente en el debate español comprende la defensa de un sistema de cuotas que obligaría a que las empresas destinen un número de puestos de alta dirección a mujeres. La propuesta bebe de la legislación aprobada en Noruega en 2003, cuando se exigió que el 40% del consejo de administración de las empresas cotizadas esté compuesto por mujeres.
Los efectos no anticipados que ha tenido el experimento noruego son un jarro de agua fría para quienes defienden este tipo de medidas. De entrada, se ha producido una agresiva estrategia de transformación jurídica por parte de una de cada cinco empresas afectadas. Y es que, de las 500 compañías que iban a quedar sujetas a este nuevo marco regulatorio, unas 100 han alterado su estructura legal para esquivar la aplicación de la ley, tal y como recuerda la revista Fortune.
En segundo lugar, de acuerdo con los estudios que Kenneth Ahern y Amy Dittmar han dedicado a esta cuestión, "el valor de las empresas cotizadas ha caído un 12% con cada aumento del 10% en la presencia femenina en los consejos". El informe documenta cómo el nuevo marco ha resultado en más deuda empresarial y peores resultados operativos.
Estos resultados han sido apuntalados por los trabajos de Nina Smith, que también señala que la imposición de cuotas golpea el desempeño empresarial. ¿El motivo? En ambas investigaciones se apunta, entre otros factores, a una menor experiencia como hecho diferencial.
Hay un tercer factor que tampoco se suele comentar a la hora de defender la aplicación de cuotas. Según determinan Cathrine Seierstad y Tore Opsahl, "estas políticas no tienen un impacto beneficioso para la mayoría de las mujeres, sino que sus beneficios se concentran en una pequeña élite de directivas que ya están en puestos de relevancia". Hablaríamos, pues, de una medida que apenas tiene impacto en el grueso del tejido empresarial, más allá de las grandes casas cotizadas.
Marianne Bertrand, Sandra Black, Sissel Jensen y Adriana Lleras-Muney han llegado a conclusiones similares: el alcance de las cuotas se limita a unas pocas decenas de puestos, mientras que en el grueso del mercado laboral no se ha observado ningún cambio a mejor en la situación de las mujeres.
Pero, si todo lo anterior no fuese suficiente para dudar sobre la efectividad de las cuotas, hay un cuarto elemento que introduce más sombras en el debate. Se trata del nulo éxito que ha tenido este mecanismo a la hora de llevar a las mujeres a los máximos puestos de dirección. Y es que, a pesar de la introducción de las cuotas, sigue sin haber ninguna mujer ocupando el puesto de Consejero Delegado en las empresas cotizadas de Noruega.
Un caramelo envenenado
Queda claro, por tanto, que las cuotas no tienen el efecto anunciado y que conviene explorar otras vías para impulsar una mejoría real en la situación de las mujeres en el mercado de trabajo. Una posible alternativa es la de las leyes orientadas a promover la "conciliación de la vida laboral y familiar".
Como explicó Libre Mercado, Nuria Rodríguez Planas y Daniel Fernández Kranz han estudiado los resultados de la Ley 39/1999, con la que se pretendía ayudar a que las trabajadoras españolas tuviesen un mejor desempeño en el mercado. Según ambos expertos, el resultado es que, "tras la ley, las mujeres jóvenes en España lo tienen más difícil para encontrar trabajo, obtener un contrato indefinido e incluso conciliar su día a día profesional con su vida personal. La ley produjo unos incentivos perversos que han acabado perjudicando al grupo al que se pretendía ayudar".
Rodríguez Planas y Fernández Kranz subrayan que, desde la aprobación de esta normativa, "se ensancha la brecha entre indefinidos y temporales, perpetuando lo segundo para las mujeres jóvenes y empeorando sus posibilidades de conciliación, ya que este tipo de contratos no pueden disfrutar de los derechos otorgados por la ley".