Corría el año 2005. Rafael Correa era entonces el ministro de Economía de Ecuador, aunque su asalto a la Presidencia estaba cada vez más cercano. No obstante, por aquel entonces, el que luego se convirtió en uno de los principales referentes del socialismo bolivariano estaba centrado en eliminar el fondo petrolero que el país andino había creado para enfrentar situaciones de emergencia.
Aquel vehículo, conocido como Fondo de Estabilización, Inversión Social y Productiva y Reducción del Endeudamiento Público (FEIREP) recibía ingresos derivados del petróleo desde su creación en el año 2003. Había 500 millones de euros en reserva, guardados con el objeto de construir un colchón de ahorro lo suficientemente grande como para enfrentar posibles escenarios de desequilibrio presupuestario. Sin embargo, Rafael Correa no veía necesario mantener el FEIREP, hasta el punto de que afirmaba que dicho fondo de ahorro "no tiene sentido técnico ni ético".
Su decisión de acabar con dicho fondo se antoja especialmente desafortunada si tenemos en cuenta que, diez años después, Ecuador se ve obligado a enfrentar un complejo escenario fiscal, a raíz del continuo deterioro de sus cuentas y del estrés adicional que se deriva del duro terremoto que ha sufrido el país andino.
Años de continuas subidas tributarias
Tras la catástrofe, la respuesta de Correa ha sido anunciar una subida masiva de los impuestos, que incluye un aumento del IVA del 12% al 14%, un nuevo impuesto a las utilidades, un gravamen extra al patrimonio o una tasa destinada a recaudar un día de sueldo entre los trabajadores que ganan más de 1.000 dólares al mes.
Estas subidas fiscales se suman a las que ya se dieron en los años de bonanza, cuando los ingresos petroleros estaban sobre máximos y no había ninguna emergencia que atender. Entre los aumentos tributarios, los continuos aumentos en el Impuesto a la Salida de Divisas (que empezó en el 0,5% y fue creciendo hasta el 5%) o la subida del 45% en los aranceles aplicados a más de 2.500 productos de primera necesidad.
La agresiva apuesta de Rafael Correa por subir los impuestos continuó en 2015, cuando pretendió introducir un "paquetazo fiscal" en el que se incluía una subida del Impuesto de Sucesiones hasta un tipo máximo del 77,5%. Las manifestaciones que llenaron las calles del país lograron frenar aquella reforma fiscal.
Una "excusa para recaudar más"
Ahora, sin los fondos del FEIREP como reserva, Correa vuelve a optar por subir impuestos, supuestamente para las tareas de reconstrucción que se derivan del devastador terremoto que ha sufrido Ecuador. Sin embargo, los informes de Merryl Lynch a los que ha tenido acceso la prensa ecuatoriana sostienen que los ingresos que espera conseguir Correa con esta reforma tributaria están muy por encima de lo que se necesita para la reconstrucción.
Según el documento en cuestión, "cuando ocurren desgracias así, los gobiernos solamente pagan una parte del coste de la reconstrucción, ya que el sector privado asume también una parte importante del desembolso necesario para subsanar los daños". Merryl Lynch subraya que, tras el terremoto que sufrió Chile en 2010, el gobierno sufragó el 30% de las tareas de reconstrucción, mientras que el 70% fue gasto privado.
¿Y qué puede pasar en Ecuador? El estudio subraya que el desembolso que debe asumir el Estado asciende a 1.000 millones, mientras que Correa persigue aumentar la recaudación en 2.400 millones. En consecuencia, Merryl Lynch entiende que el gobierno está usando la emergencia como excusa para cubrir un déficit que ya estaba desbocado antes del terremoto.
Por otro lado, teniendo en cuenta la bonanza petrolera posterior a la eliminación del FEIREP, conviene señalar que el gasto público ligado a la reconstrucción se podría haber financiado íntegramente con el dinero de dicho fondo.
¿Hay alternativa?
Pablo Arosemena, presidente de la Cámara de Comercio de Guayaquil, ha señalado al respecto que "cargar de más impuestos a una economía que ya está muy débil no es la solución".
En consecuencia, ha propuesto declarar a las provincias afectadas como "Zona Especial de Desarrollo Económico, un estatus para 35 años que conllevaría incentivos tributarios, bonificación al 100% del Impuesto sobre la Renta para ciudadanos y empresas…". La Cámara de Comercio de Portoviejo también ha secundado la propuesta.