Asociamos las Constituciones a la libertad, cuando es un error. Hay constituciones en las dictaduras más oprobiosas, como China, Cuba y Corea del Norte. Los países democráticos, todos con Constituciones impecables, han registrado en las últimas décadas considerables subidas de impuestos y una multitud de controles, prohibiciones y regulaciones. Apelar a la Constitución, por lo tanto, no sólo no garantiza la protección de las libertades y derechos individuales, sino que puede promover su transgresión.
Esta regularidad es nítida en los más desatados enemigos de la libertad, que sistemáticamente distorsionan el concepto de derecho, transformándolo en exigencias para el quebrantamiento de otros derechos.
Hace unos meses leí en El País este titular: "IU quiere garantizar el trabajo en una nueva Constitución" y con un precioso texto en negrita que aludía al "derecho al gasto público". En efecto, los comunistas, en su infinita bondad, quieren "una nueva Constitución de marcado carácter social", que garantice que el trabajo, los derechos sociales y la renta mínima sean "exigibles en los tribunales", porque hay un “derecho constitucional al gasto público”.
Voy a dejar hoy de lado el absurdo razonamiento de los comunistas, que seriamente proponen que si, por cualquier razón, no hay empleo suficiente, "el Estado sea empleador subsidiario".
Me voy a concentrar en la mayor barbaridad jurídica de su planteamiento, que es sostener que los nuevos derechos sociales deberían estar "en el mayor nivel de protección jurídica, igualándose con los derechos clásicos liberales".
No se puede exponer el odio a la libertad de modo más diáfano, porque la característica fundamental de los derechos clásicos liberales es que su ejercicio por cualquier persona no comporta la usurpación de los derechos de otras personas. Mi propiedad no conspira contra la suya, y yo puedo ir a mi iglesia sin impedir que usted acuda a su sinagoga, y un periódico liberal no implica que no pueda haber otro periódico socialista. El mundo de esos derechos es el mundo de la libertad.
En cambio, los nuevos derechos sociales son radicalmente diferentes, porque todos ellos exigen la violación de los derechos individuales, empezando por la propiedad privada, necesariamente arrasada por el "derecho al gasto público", que abre la puerta a cualquier grado de confiscación impositiva que arbitre el poder político y legislativo.
Recuerde, señor, que estos liberticidas se llenan la boca con los "derechos", pero jamás titubearán en pisotear los suyos.