Adiós a los refrescos. El Ayuntamiento de San Antonio, en Ibiza, aprobó ayer jueves una insólita medida para luchar contra el botellón en la vía pública.
El consistorio gobernado por PSOE, PI y Reinicia Sant Antoni (Podemos) ha decretado una particular ley seca para evitar que los grupos de personas atesten sus calles para consumir alcohol: prohibir también beber otros líquidos, como refrescos o agua.
Esto no significa que el consistorio vaya a dejar deshidratarse a sus vecinos: la normativa se refiere al consumo de "bebidas -sin especificar que sean alcohólicas-cuando puedan causar molestias a las personas que usen los espacios públicos y al vecindario".
También hay una referencia a lo que podríamos denominar el botellón de refrescos: "No se permite el consumo de bebidas por parte de una o varias personas cuando por la morfología o naturaleza del lugar público el consumo se pueda hacer de forma masiva por grupos de personas o invite a la aglomeración que podría deteriorar la tranquilidad del entorno o provocar situaciones de insalubridad".
Otro aspecto llamativo de la normativa es que los establecimientos que desarrollen actividades recreativas o los alojamientos turísticos deberán evitar que sus clientes los abandonen llevando bebidas, independientemente de las bebidas que se trate y de los envases en los que las lleven, si éstas se pudiesen consumir en la vía pública.
Ya tienen su ley seca
El anterior Gobierno del PP ya prohibió el consumo de alcohol en este municipio ibicenco con el objetivo de evitar los problemas de ruido y suciedad y hacer un guiño a los bares.
"Nos hemos visto ante la necesidad de adoptar esta medida" porque es difícil "diferenciar si se trata de alcohol o simples refrescos", según ha explicado la actual concejala de Gobernación del PSOE, Aida Alcaraz.
Alcaraz recuerda que "hay zonas como las terrazas donde lógicamente sí se podrá beber, pero lo que no se podrá es sacar bebidas a la calle en vasos de plástico, tal y como se estaba haciendo".
La medida es de aprobación inicial, y de aquí a un mes se tomará la decisión definitiva. Aunque el Partido Popular ha votado en contra de la normativa, PSOE (6), Reinicia (4) y PI (3) tienen mayoría en el Ayuntamiento, por lo que se prevé que darán luz verde al texto.