Las inspecciones del Ministerio de Trabajo permiten conocer el alcance del fraude laboral en España. De acuerdo con la última campaña acometida por los funcionarios del gabinete que dirige Fátima Báñez, cuatro de cada diez bajas son fraudulentas.
Para ser precisos, los datos que ha facilitado el Ministerio se basan en la revisión de 395.374 procesos de incapacidad temporal. De los mismos, se ha retirado la ayuda a un total de 160.702 personas. Los datos corresponden al periodo comprendido entre enero y septiembre de 2015, por lo que el número final será más elevado.
En 2012, en el primer año de la presente legislatura, el Ministerio de Trabajo detectó 330.010 bajas fraudulentas. Un año después fueron 248.071 los casos irregulares. En 2014 se alcanzó la barrera de 230.796. Para 2015, la cifra final podrían ser de 215.000, a tenor del patrón observado entre enero y septiembre, aunque, por el momento, se trata de una estimación.
En total, si sumamos las extinciones de incapacidad temporal que ha dictado Trabajo a lo largo de la legislatura, llegamos a la cifra de un millón de bajas fraudulentas.
La factura del fraude para las arcas públicas por este concepto fue de 1.603 millones en 2012, 1.856 millones en 2013, 1.592 millones en 2014 y 1.331 millones en los tres primeros trimestres de 2015. A esto se suma el embargo de devoluciones tributarias: 67 millones en 2012, 87 millones en 2013, 69 millones en 2014 y 62 millones en el periodo analizado del pasado ejercicio.
Según Trabajo, las bajas por incapacidad se dispararon en los años de la burbuja y la Seguridad Social se ha visto obligada a firmar convenios con las Comunidades Autónomas para agilizar la detección del fraude.
También hay fraude en las prestaciones asistenciales por hijos a cargo. En los diez primeros meses de 2015 se detectaron 82.409 casos irregulares, un 10% del total. Algo parecido ha ocurrido con las jubilaciones parciales: desde 2012 se han detectado 5.000 expedientes fraudulentos.