Montoro cumple su amenaza de tomar represalias contra las regiones incumplidoras. El Ministerio de Hacienda retendrá recursos a Aragón y Extremadura por retrasos en el pago a los proveedores, ha puesto en alerta a Baleares, mantiene la alerta a Valencia y avisa a otras 8 CCAA, según las cartas que remitió el viernes la Secretaría de Estado de Administraciones Públicas, dirigida por Antonio Beteta, a las que ha tenido acceso Europa Press.
De esta forma, el Ministerio inicia con Aragón y Extremadura el procedimiento de retención de recursos del sistema de financiación para el pago directo a proveedores previsto en el artículo 20.6 en virtud de la aplicación de las medidas previstas en la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera.
Esta medida se adopta después de las numerosas comunicaciones de Hacienda a estas CCAA para que redujeran a un máximo de 30 días el plazo del pago a proveedores. Las primeras advertencias se produjeron con fecha 5 y 26 de marzo de 2015 y en la última de éstas ya se ponía las ponía en alerta.
Pero la situación persistió y el pasado 11 de septiembre se les comunicó el inicio de la adopción de las "medidas automáticas de corrección" que prevé la Ley. A pesar de ello, el periodo medio de pago a los proveedores ha seguido superando los 30 días, plazo máximo que prevé la normativa de morosidad.
Pedirá los datos a la Intervención General
Por ello y ante el reiterado incumplimiento, Antonio Beteta ha remitido sendas comunicaciones a los consejeros de Hacienda de Aragón y Extremadura, Fernando Gimeno y Pilar Blanco-Morales, en las que se comunica el inicio del procedimiento para retener "los importes a satisfacer por los recursos de los regímenes de financiación" con el objeto de "pagar directamente a los proveedores".
El secretario de Estado de AAPP expone en estas comunicaciones que para calcular el importe que se retendrá, el Ministerio pedirá la información en los próximos días a la Intervención General de las citadas CCAA y poder cuantificar así la parte de la deuda comercial que "se va a pagar con cargo a los recursos del sistema de financiación sujetos a liquidación".
Posteriormente, la Secretaría General de Coordinación Autonómica y Local notificará a la CCAA el importe que será objeto de retención o deducción. Este procedimiento de retención se mantendrá para cada uno de los meses hasta que la CCAA cumpla con el plazo máximo de 30 días para pagar a sus proveedores durante 6 meses consecutivos.
Exige que cumplan seis meses consecutivos
En el caso de Baleares, Beteta recuerda al Ejecutivo de las islas que el Ministerio ya le han hecho "determinadas observaciones" para que cumpliera, que podrían requerir la "actualización del importe destinado a proveedores" y otras medidas.
Por ello, avisa a Baleares de que en aplicación del artículo 18.4 de la Ley de Estabilidad, queda en "alerta". Por este motivo, la citada autonomía tendrá que adoptar medidas de reducción de gastos e incremento de ingresos "acelerando, en su caso" la aplicación de las ya previstas en su plan de ajuste u otras medidas de "gestión de cobros y pagos" que les permita generar la tesorería necesaria para reducir el periodo medio de pago a sus proveedores a 30 días.
Además, en la carta, se pide a la Consejera de Hacienda balear, Catalina Cladera, que integre toda esa información en el plan de tesorería que debe remitir al Ministerio el próximo 15 de abril, así como el cuestionario que mensualmente debe enviar la región mientras supere ese plazo de pago de 30 días, en el que se detallará la información del impacto de las medidas aplicadas.
Ocho CCAA deberán adoptar medidas
La Secretaría de Estado de AAPP ha comunicado también a otras ocho autonomías la obligación de adoptar medidas para que cumplan con los plazos de pago a proveedores. Se trata de Andalucía, Cataluña, Madrid, Murcia, Castilla León, Cantabria, Galicia y Asturias.
Las comunicaciones remitidas a todas ellas son iguales, salvo las tres enviadas a Cataluña, Galicia y Murcia. En estos últimos tres casos el Ministerio no pone de manifiesto, como sí hace con el resto, que "no han estado dando adecuado cumplimiento" a la remisión de información "con la periodicidad prevista".
Pero lo que sí advierte a todas ellas es que el Ministerio está observando "con preocupación" la "desviación" que registran en relación a la cuantía de la deuda comercial así como al periodo medio de pago a proveedores.
Por ello, les recuerda que deben incluir "inmediatamente" en la actualización de su plan de tesorería el importe de los recursos que van a dedicar mensualmente para reducir el periodo medio de pago y también el "compromiso" de adoptar medidas cuantificadas de reducción de gastos, incremento de ingresos u otras medidas de gestión de cobros y pagos que le permita generar la tesorería necesaria para cumplir con los plazos de pago a proveedores.
También les requiere la cumplimentación del cuestionario relativo a las medidas a adoptar por haber superado los plazos máximos de pagos, así como el impacto de estas.
Valencia sigue en alerta
En el caso de Valencia, la comunicación que ha remitido en el Ministerio mantiene en la situación de alerta a esta autonomía en virtud del artículo 18.4 y vuelve a requerirle que adopte las medidas necesarias para cumplir con los plazos de pago a los proveedores, así como la actualización adecuada del plan de tesorería.
En esta comunicación, Beteta recuerda al consejero de Hacienda valenciano, Vicent Soler, que "se ha puesto de manifiesto que se ha continuado, de forma ininterrumpida, superando el plazo máximo de pago previsto en la normativa de morosidad, por lo que los efectos de la mencionada comunicación de alerta se mantiene hasta su cumplimiento".
Retiene fondos a 351 ayuntamientos
Por otro lado, Hacienda retiene fondos de la Participación en los Impuestos del Estado (PIE) de este mes a un total de 351 ayuntamientos por no haber facilitado al departamento que dirige Montoro los datos necesarios para el cierre del ejercicio de 2014.
Según los datos a los que ha tenido acceso Europa Press, de estos 351 hay un total de 31 municipios con más de 5.000 habitantes, entre los que se encuentra el ayuntamiento de Marbella, que tiene 138.679 habitantes. Por población, le seguirán en esta restricción de ingresos del PIE: Almuñécar (Granada), con 27.195 habitantes; los municipios gaditanos de Los Barrios (22.991) y Barbate (22.861) y el ayuntamiento alicantino de Calpe (22.437).
El Ministerio ha adoptado esta decisión después de las reiteradas advertencias realizadas a estos municipios para que cumplieran con la obligación de entregar la información correspondiente a 2014 y se ha aplicado con fecha 4 de abril en virtud del artículo 36 de la Ley de Economía Sostenible.
Estas 351 entidades locales son 41 menos que hace un mes y sumaban una población de 693.587 habitantes a uno de enero de 2014, frente a los 43,94 millones de españoles, es decir, la medida afecta a municipios que agrupan el 1,58 por ciento de la población.