Hace ya casi cuatro años, concretamente el 3 de abril del 2012, el ministro de Hacienda, tras incrementar las transferencias a las autonomías y avalar su demencial endeudamiento mediante los llamados hispabonos, lanzó a los gobernantes autonómicos la contundente advertencia de que ya no aceptaría "más excusas ni pretextos" en lo relacionado con el cumplimiento de los objetivos de reducción del déficit. Montoro les recordó que la entonces recién aprobada Ley de Estabilidad Presupuestaria disponía de un mecanismo de "vigilancia, sanción e intervención", ante el que no cabían "posturas autóctonas", que dotaba al Gobierno de “suficiente armadura para hacer cumplir los objetivos de consolidación fiscal”. Montoro llegó a afirmar textualmente: "Si hay que intervenir una comunidad autónoma porque no esté en la senda de consecución de ese (tope de) déficit, se hará".
Aquella severa advertencia era imprescindible no sólo porque las comunidades autónomas habían sido las grandes responsables del desvío del déficit público comprometido con Bruselas en el último año de la legislatura de Zapatero, sino porque el imperativo de la estabilidad presupuestaria había adquirido rango constitucional en 2011 con la modificación del articulo 135 de la Carta Magna.
A pesar de las advertencias de Montoro, no ha habido desde entonces un solo año en el que el conjunto de las Administraciones autonómicas no haya sobrepasado los topes de desequilibrio presupuestario, sin que el Gobierno de Rajoy haya, no ya intervenido, sino siquiera sancionado a una sola de ellas. Por el contrario, lo que ha hecho el Gobierno de Rajoy ha sido financiar el descontrol a través del Fondo de Liquidez Autonómica y establecer diferentes exigencias de reducción del déficit en función de su nivel de incumplimiento. Así, las incumplidoras se han visto al año siguiente beneficiadas con topes de desequilibro presupuestario más laxos.
Esta burda maniobra de elevar el número de aprobados mediante la reducción del nivel de exigencia a los menos esforzados no solo causó un entendible malestar entre las comunidades cumplidoras, sino que tuvo como lógica consecuencia que en años posteriores algunas autonomías que habían respetado el tope de déficit dejaran de hacerlo.
El caso es que ya en agosto de 2013 el FMI había recomendado al Gobierno de Rajoy que interviniera las comunidades díscolas en aplicación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, si no quería que ésta quedara definitivamente en papel mojado. Una advertencia similar volvió a hacer este organismo en agosto de 2015.
Este miércoles ha sido la propia Comisión Europea la que ha enviado un nuevo aviso al Gobierno para que cumpla sus objetivos de déficit haciendo mención expresa a las comunidades autónomas y reclamando la activación de "los instrumentos preventivos y correctivos previstos en la Ley de Estabilidad española".
En este como en tantos otros ámbitos, mientras el Gobierno no cumpla su deber de hacer cumplir la ley, seguirá haciéndose cómplice de quienes la infringen.