El PSOE y Podemos presentarán este jueves en el pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha una proposición no de ley para suspender la financiación pública de los servicios religiosos en Sanidad, Educación y Bienestar Social, pese a tratarse de un acuerdo internacional con la Iglesia Católica.
El Gobierno regional del socialista Emiliano García-Page, que depende del apoyo de Podemos, anunció recientemente que congelará este año la financiación a la educación concertada, pero ahora da un paso más y propone eliminar los servicios religiosos en los servicios públicos básicos, especialmente en el ámbito de la Sanidad.
Según señala la iniciativa, "España alcanzó en 1985 un acuerdo con la Iglesia Católica sobre asistencia religiosa en centros hospitalarios, en virtud del cual el Estado asumía la financiación de asistencia religiosa católica en los Centros Hospitalarios Públicos […] Treinta años después de aquella disposición, España reconoce el arraigo creciente de otras confesiones, y aunque garantiza su acceso a centros sanitarios, mantiene una situación de evidente discriminación que choca frontalmente con el artículo 14 de la Constitución y con el espíritu de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa".
Por ello, las Cortes de Castilla-La Mancha instan al Gobierno central a:
- "Garantizar la libertad de cualquier persona a recibir la atención religiosa que precise de acuerdo a su confesión, sin discriminación de ningún tipo".
- "Suspender cualquier disposición derivada de Acuerdos y Convenios Internacionales que trasladen la obligación a las Comunidades Autónomas de financiar con dinero público los servicios religiosos de cualquier confesión particular en el ámbito de los servicios públicos como la Sanidad, la Educación o el Bienestar Social".
El gasto destinado a este fin en los Presupuestos de Castilla-La Mancha asciende a 425.470 euros. PSOE y Podemos defienden que se dejen de financiar dichos servicios o que su coste, en última instancia, sea asumido por el Gobierno central.