Nueva sorpresa para los inquilinos de la Comunidad de Madrid. Durante todo 2015 y ahora también en 2016, el Gobierno de la región ha intensificado las reclamaciones del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) al alquiler de casas.
Aunque es un impuesto que lleva en vigor desde el año 1993, eran pocos los inquilinos que conocían su existencia porque la Comunidad de Madrid no ponía demasiado empeño en cobrar. Según la normativa, los alquilados deben pagarlo sólo una vez y en el momento de hacer el contrato. En este caso, el alquiler se considera una adquisición onerosa, como es la compra.
Para ponerles al tanto y, de paso, para aumentar la recaudación, la Consejería de Hacienda ha empezado a mandar "de forma masiva", cartas certificadas dirigidas a los inquilinos reclamando el pago, según Idealista. Una vez reciban la misiva, los alquilados no sólo tendrán que proceder al pago del impuesto, sino que tendrán que pagar los intereses de demora por no haberlo abonado cuando correspondía.
Respecto al importe a pagar, para un contrato con una renta de 600 euros mensuales y una base imponible mínima de tres años, asciende a 86,4 euros, según el portal inmobiliario. En el caso de un alquiler de 1.166 euros/mes, suponiendo una duración de tres años, se pagaría un ITP de 167,90 euros.
El abono del impuesto puede hacerse con documentos timbrados, con el modelo 600 de la Agencia Tributaria en los 30 días hábiles posteriores a la firma del contrato o a través de la oficina virtual.
"La CAM no está sancionando"
"Se trata de una Ley del Estado y, mientras esté vigente, la Comunidad de Madrid tiene la obligación de cumplir la ley y recaudar este impuesto independientemente de la opinión que se tenga de este impuesto", explican a Libre Mercado desde la CAM. "Estas actuaciones no responden a una campaña específica sobre esta materia, sino que este tipo de actuaciones se enmarcan en nuestro plan de lucha contra el fraude", añaden.
La Administración tiene potestad de sancionar con el 50% del importe del impuesto reclamado y la Comunidad de Madrid "no está sancionando y está teniendo en cuenta las alegaciones de los ciudadanos por el desconocimiento del impuesto y su nula intención de defraudar" explican.