La reforma laboral del PP está en peligro. PSOE y Podemos han prometido derogarla según lleguen al poder. Ciudadanos parece que apoya la mayoría de las medidas aprobadas en 2012, tanto en materia de flexibilidad interna en las empresas como en lo que tiene que ver con una negociación colectiva más cercana a cada empresa y no secuestrada por centrales y patronal a nivel sectorial. Sin embargo, no está claro si el partido naranja hará de esto un casus belli en la negociación que mantiene con los socialistas o aceptará el órdago de Pedro Sánchez.
Por otro lado, es cierto que tampoco es evidente hacia dónde quiere ir el PSOE. Su líder ha prometido acabar por completo con la reforma que el PP sacó adelante en 2012. Es más, su secretaria de Empleo, Luz Rodríguez, llegó a prometer a UGT y CCOO dar marcha atrás, no sólo a lo aprobado en 2012, sino incluso a la reforma que el propio PSOE aprobó en 2010, con José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno.
Claro, la pregunta que surge es, ¿cuál es la alternativa? En el PSOE hablan de crear "un nuevo marco de relaciones laborales", pero sin aclarar del todo en qué consistiría y en la campaña electoral han dado versiones diferentes. En Podemos, la propuesta se centra en derogar las dos reformas de 2010 y 2012, pero no se avanza nada nuevo. Parece que el escenario base es volver a la situación anterior a la segunda legislatura de Zapatero.
El problema es que esa situación previa no era precisamente un paraíso. Esto parece claro, porque nuestro país fue el que más empleo destruyó de la UE entre 2009 y 2010. Entre 2007 y comienzos de 2013, cuando se estabiliza la tasa de paro y comienza (por entonces muy poco a poco) a descender, España pasó del 8% a más del 26% en cinco años. Sólo Grecia puede compararse y en muchos de los índices, ni siquiera el país heleno lo hizo peor, al menos hasta que llegó el rescate de la troika.
Este martes, por ejemplo, la OCDE publicaba su informe sobre "Calidad del Empleo" en los países ricos. Las conclusiones no pueden ser más demoledoras. España era en 2013 el segundo país (de nuevo, tras Grecia) con menos seguridad laboral y calidad del empleo de la OCDE (el grupo de los países más ricos del mundo). Y el que vio cómo la situación se deterioraba más de 2007 a 2013. No parece una perspectiva muy halagüeña que queramos volver a aquellos años.
¿Seguridad?
Los datos se explican por sí solos. Los siguientes son los gráficos principales del informe. En los que se puede ver la situación de España. Sólo un apunte, muy importante, tanto los gráficos sobre valor absoluto como los que miden la evolución durante la crisis hacen referencia a la situación en 2013 (algunos incluso con datos de 2012) o a la evolución entre 2007 y 2013. La reforma laboral del PP, a la que se achacan todos los males desde los partidos políticos y buena parte de los medios de comunicación, se aprobó como proyecto en febrero de 2012 y entró en vigor de forma definitiva a mediados de aquel año.
Es cierto que durante los primeros meses post-reforma continuó la destrucción de empleo y que la tendencia sólo empezó a cambiar a mediados de 2013. Pero estas cifras de la OCDE hacen referencia fundamentalmente a los años previos a la misma. Es decir, se piense lo que se piense de aquella reforma, estas cifras muestran, sobre todo, lo que ocurría en el mercado laboral español antes de su aprobación.
El primer gráfico muestra a los países clasificados según su "calidad en los salarios". Como vemos, justo en este tema España no está especialmente más situada. Es un indicador que pondera por un lado el nivel de los sueldos y por otro la distribución entre los trabajadores. Estamos lejos de los mejor clasificados, como Holanda, Luxemburgo o Suiza, pero no tanto de otros países como EEUU, Irlanda o Italia.
A pesar de la demagogia con este tema, no es una cuestión (ni el nivel salarial absoluto ni las disparidades en los ingresos) en la que nuestro país salga especialmente mal en la foto. De hecho, en otra tabla del informe, que muestra la evolución salarial durante la crisis, España está incluso en el grupo de cabeza.
¿Por qué? Pues entre otras cosas porque la mayor parte del empleo destruido ha sido temporal y de bajo nivel. O por decirlo de otra manera, los trabajos que se han mantenido han sido los mejores. No quiere esto decir que la crisis no haya afectado a los que tienen un empleo, pero en comparación con otros países, no ha sido tan relevante.
Éste gráfico sí es muy significativo. Los países aparecen clasificados en función de la "inseguridad laboral", un indicador que mezcla la posibilidad de perder el empleo con la red de seguridad que tiene el empleado en esa tesitura. España es el segundo por la cola, tras Grecia.
Lo mismo pasa cuando lo que se mide es lo que la OCDE denomina "calidad en las condiciones de trabajo" y que se mide comparando las exigencias de los puestos de trabajo con los recursos puestos a disposición de los empleados. De nuevo, España obtiene la medalla de plata tras Grecia... pero entre los peores mercados laborales.
Éste es el gráfico más demoledor. Muestra el cambio en la "seguridad" en el mercado laboral entre 2007 y 2013. España es el país que peor lo ha hecho durante la crisis. Y como explicamos antes, la mayor parte de este desempeño es anterior a la reforma laboral. A la norma del PP habrá que juzgarla cuando salga la comparativa 2012-2016, pero lo que pasaba antes no era culpa de esta ley.
¿Y qué pasaba? Pues lo que se ha dicho en numerosas ocasiones. La destrucción de empleo en España cuando la economía se ralentizó tras la burbuja superó, con mucho, la que se produjo en los países de nuestro entorno. Además, se cebó especialmente con los que tenían un contrato temporal, con los que perdieron su empleo a una determinada edad o con los que querían acceder al mercado laboral por primera vez.
Como explica aquí Juan Ramón Rallo, con dos gráficos muy significativos, una cifra de paro por encima del 20% y de la temporalidad en el empleo no tiene nada que ver con la reforma laboral. Hace 30 años que el mercado laboral español tiene estos dos problemas enquistados, de forma que podría considerarse "estructural". Los datos de este martes de la OCDE no hacen más que confirmarlo.
Cuidado, esto no quiere decir que la reforma suponga la cura de todos estos males. Por ejemplo, en lo que hace referencia a la dualidad, a la precariedad no buscada (porcentaje de empleados temporales y a tiempo parcial que querrían un contrato fijo y a tiempo completo) o al paro España sigue en los peores puestos de la UE tres años después de aprobada aquella norma. Pero lo que tampoco puede hacerse es plantear una vuelta a 2010 o 2011 como si en aquel momento todo fuera perfecto, cuando los principales indicadores eran incluso peores que en la actualidad.
"Derechos" y "garantías"
En este sentido, el relato de lo que ha ocurrido en el mercado laboral a partir de 2012 gira alrededor de un mito que habla de una "pérdida de derechos" de los trabajadores y de una norma que facilita el despido, generando más inseguridad para los empleados. Enfrente, se califica la normativa anterior a 2012 (e incluso 2010) como "garantista" y "protectora" de los trabajadores. En parte, todo esto parte de que en España existe una gran diferencia entre los empleados fijos (teóricamente protegidos, hasta que son despedidos, con una indemnización alta pero con pocas posibilidades de reincorporación) y los temporales, que salieron del mercado a miles (incluso a ritmos de un millón al año) en cuanto la economía dio un giro.
Por cierto, que entre los países "menos inseguros" (o más seguros) en cuanto al mercado laboral, están algunos de los ejemplos recurrentes de los políticos españoles como Austria o Dinamarca. Ya se ha contado muchas veces, pero no está de más repetirlo. En el segundo, el despido es prácticamente libre y la capacidad del empresario para ajustarse a los cambios en el mercado está muy poco limitada. Mientras, Austria da nombre a la famosa "mochila", que se corresponde a una indemnización que el trabajador cobra si es despedido, porque no existe una indemnización tal y como se entiende en España.
En estos países, el objetivo es que la seguridad se consiga facilitando las condiciones para que los trabajadores en paro consigan un empleo y haciendo que la empresa tenga muy fácil la contratación (porque no se llevará un susto a futuro si quiere prescindir de su empleado). En los términos habituales en el debate público español, son unas condiciones muy poco "garantistas".