El PSOE ya ha puesto encima de la mesa su propuesta de Pacto de Investidura. Se titula "Programa para un gobierno progresista y reformista" y es el documento que llevarán a las negociaciones con Ciudadanos, Podemos, IU y todos los demás partidos que necesitan para que Pedro Sánchez llegue a La Moncloa. Son 53 páginas divididas en 7 capítulos, cada uno con unos cuantos epígrafes. Y hay un poco de todo: desde reforma de la Constitución a planes de "emergencia social" o un "Pacto por la ciencia".
En economía, la propuesta no incluye grandes novedades. De hecho, recuerda bastante al programa electoral que Sánchez presentó hace unos meses con Jordi Sevilla. Las líneas principales se mantienen: derogar la reforma laboral, disparar el gasto público, fiar el incremento de recaudación a la mayor actividad económica y a la lucha contra el fraude, pedir más margen con el déficit a Bruselas, apretar las clavijas a los autónomos y volver a la apuesta de Zapatero por la energía verde, lo que incluye la prohibición del fracking y el cierre de las centrales nucleares.
Eso sí, entre tantas propuestas destacan algunas ausencias: la reforma de las pensiones, el artículo 135 de la Constitución y los grandes impuestos (IRPF e IVA) ni aparecen. Estos son algunos de los temas más polémicos que se han caído del texto de los socialistas.
En conjunto, el documento parece más cercano a Ciudadanos que a Podemos. Hay algunos guiños a la izquierda (sobre todo en lo que tiene relación con las rentas básicas o las ayudas a las familias en dificultades) pero nada que suene muy rupturista o cercano a las tesis más radicales de los de Iglesias en temas como los desahucios o el impago de los servicios básicos. Se trata más de enunciados genéricos (del tipo "dar prioridad a la lucha contra la pobreza y la exclusión") que medidas concretas. De hecho, algunos de los olvidos de los que hablamos en el párrafo anterior (la modificación del artículo 135 de la Constitución o la reforma de las pensiones del PP) parecen alejar a los socialistas de los de Iglesias. Para la formación morada son líneas rojas que siempre han parecido intocables.
Enfrente, con Ciudadanos hay numerosos puntos en común. Por una parte, en las cuestiones más de forma, el documento defiende la independencia en los organismos reguladores, realizar una auditoría del gasto público siguiendo criterios del FMI, la simplificación de trámites para la creación de empresas, el apoyo a la internacionalización y el crecimiento de las pymes o la liberalización de servicios profesionales.
También en el enfoque del déficit público, la reforma impositivo e incluso algunas medidas para el mercado laboral (como la reducción de modalidades de contratación a tres) parece haber una clara cercanía con los de Rivera. En su momento, ya comentamos que Luis Garicano y Jordi Sevilla probablemente tienen más en común que cuestiones fundamentales que les separen.
Del documento presentado este lunes, quizás lo más complicado de pactar entre PSOE-C´s tendría que ver con la derogación de algunos aspectos de la reforma laboral, como la flexibilidad interna de las empresas, la vuelta a la negociación colectiva a nivel sectorial o el apunte a que los despidos sean el "último recurso para las empresas en dificultades". Pero incluso en esta cuestión, el texto es lo suficientemente ambiguo como para mantener abierta la puerta de la negociación.
Empleo
El PSOE propone derogar alguno de los puntos clave de la reforma laboral. También es cierto que mantiene algunos otros aspectos. Por ejemplo, no dice nada del coste del despido. Además, plantea una redacción un tanto ambigua en lo que tiene que ver con la negociación colectiva a nivel de empresa y la ultra-actividad. En estos dos puntos, no parece que habría demasiados cambios respecto a la actualidad. Y en lo que hace referencia a los tipos de contratos, no dice nada del contrato único de Ciudadanos, pero habla de reducir el número a sólo tres modalidades.
- El fin de la flexibilidad interna: el PSOE promete eliminar la posibilidad de modificación de las condiciones de trabajo por parte del empresario. Éste es un cambio muy importante y que va dirigido a un tema clave de la reforma laboral, uno de los que más han alabado los organismos internacionales (la mejora de la flexibilidad interna en las empresas). Puede que sea el principal punto de fricción en un hipotético pacto con C's. Parece complicado que Garicano acepte esta vuelta atrás en un tema tan fundamental.
- ¿Cambios en los despidos?: la propuesta dice que se cambiará la norma para que el despido sea la "última medida aplicada por las empresas para superar las situaciones económicas adversas". El problema es que esta redacción puede significar todo o nada. Leída de un modo, apunta a cambiar las causas de despido objetivo, las que permiten despedir a 20 días (los famosos tres trimestres de disminución persistente del nivel de ingresos). Pero también puede no significar nada y quedarse en una exigencia a las empresas de que justifiquen la causalidad algo más que en la actualidad.
- "Reducir a tres las modalidades de contrato de trabajo: uno indefinido, uno temporal y uno de relevo y formación".
- "Empleos de transición": es una de las grandes novedades del documento. El PSOE habla de "proyectos de personas paradas" a las que la administración les pagaría el salario "durante seis meses" para que pongan en marcha su negocio.
- Por último, el PSOE plantea un salario mínimo que se acerque al 60% del salario medio neto, la "cuantía que señala la Carta Social Europea". Esto llevaría el SMI cerca de los 1.000 euros. Parece una cifra muy complicada de conseguir sin perder competitividad, aunque de nuevo, aquí el diablo está en los detalles y, sobre todo, en el dato que se tome como referencia de "salario medio neto".
Gasto, déficit y pensiones
El documento incluye un puñado de promesas de incremento del gasto. Curiosamente, es mucho más moderado en lo que hace referencia a los ingresos. Los grandes impuestos (IRPF o IVA) casi ni aparecen. Y desde luego, no se propone subirlos. ¿Cómo cuadrar las cuentas entonces? Pues luchando contra el fraude y pidiendo a Bruselas que no sean tan duros con España.
- Más gastos: "Ingreso Mínimo Vital como prestación no contributiva", "incremento de la prestación por hijo a cargo", "programa de alquiler social", "recuperar la universalidad del Sistema Nacional de Salud", "Plan Estatal de Rehabilitación Sostenible de viviendas y edificios" que incluya hasta 200.000 inmuebles rehabilitados al año"... El programa del PSOE gira a la izquierda cuando se trata del gasto. Propone numerosos programas públicos y subvenciones para todo tipo de colectivos. Además, hay algunas medidas dirigidas a limitar los desahucios o a luchar contra la "pobreza energética".
En una primera lectura, podría parecer que ésta es la parte en la que más cercanía podría intuirse con Podemos. En realidad, el equipo de Sánchez ha presentado un texto que no se aleja demasiado de las normas actualmente en vigor en cuanto a desahucios o la ley de segunda oportunidad. No hay peticiones genéricas de paralizar desahucios o abonar los suministros de todos aquellos que no paguen a las compañías eléctricas como planteaba Podemos en su Ley 25 de Emergencia Social. Incluso aquí, da la sensación de que se ha querido marcar distancias con la formación morada.
- Déficit: el PSOE propone negociar con Bruselas un camino más flexible de reducción del déficit, que sitúe los números rojos "en el entorno del -1% del PIB en 2019", cuando ahora mismo el objetivo es del -0,3% en 2018. Eso sí, un punte importante en este apartado es que se cae cualquier referencia a una posible modificación del artículo 135 de la Constitución (el precepto que PSOE y PP pactaron cambiar en 2011 para contentar a Bruselas). Lo único que apunta el programa de Sánchez en este aspecto es cambiar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para que el objetivo de déficit máximo sea del 0,5% a lo largo del ciclo y no del 0% como ahora.
- Impuestos: el PSOE habla de "reforma fiscal", pero deja al margen los dos principales tributos del sistema, IRPF e IVA. De hecho, la principal novedad no es tal, porque ya estaba en su programa. Pide un "mínimo común" para el Impuesto de Patrimonio y promete crear una comisión que le asesore en una propuesta para la "tributación de la riqueza", signifique esto lo que signifique.
Eso sí, habrá subida (y fuerte) de impuestos especiales y fiscalidad de medio ambiente. En cuanto al Impuesto de Sociedades, vuelven a hablar de una tarifa mínima del 15%, pero sin aclarar si ese límite incluye beneficios en el exterior y consolidación de resultados del grupo (se entiende que sí en ambos casos, tal y como recogía su programa; y en ese supuesto, la diferencia respecto a la situación actual sería mínima).
- Autónomos: serán los grandes perdedores. Eso sí, no sólo el PSOE pide "igualar retenciones y cotizaciones sociales" respecto a los ingresos reales de los autónomos. Todos los partidos lo proponen en sus programas. Y en este documento, también está la medida que, en la práctica, supondrá una importante subida de impuestos para los trabajadores por cuenta propia.
- Pensiones: quizás la gran sorpresa llegue en el apartado de las pensiones. El PSOE llevaba en su programa electoral la siguiente promesa: "Derogar todos los cambios legales introducidos a lo largo de esta legislatura: la regulación de la jubilación anticipada del RDL 5/2013 y, de forma íntegra, la Ley 23/2013 [la del factor de sostenibilidad]". Pues bien, en el nuevo documento esta propuesta se cae sin ninguna explicación. En pensiones, apenas hay una referencia genérica a "recuperar el papel del diálogo social" y "del Pacto de Toledo". Eso sí, se mantiene la propuesta de reforma del "sistema de financiación con nuevos ingresos procedentes del sistema tributario". Es decir, un nuevo impuesto para pagar el déficit de la Seguridad Social.
- Energía: todo el documento está lleno de promesas de recuperar la apuesta por la energía verde que caracterizó al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero. Esto incluirá incrementos de gasto (para apoyar proyectos en renovables) y aumentos de impuestos (hay varias propuestas de nueva fiscalidad medioambiental). Junto a estas medidas, destacan otras dos: el PSOE pide "prohibir el fracking" e impulsar "el cierre progresivo de las centrales nucleares al cumplir los 40 años de vida útil".