Con datos del Banco de España y el Ministerio de Hacienda, el think tank Civismo acaba de publicar un ranking que jerarquiza a las Comunidades Autónomas según su nivel de nuevo endeudamiento y según su morosidad en el pago a proveedores.
Regiones como La Rioja, Galicia, Navarra, Castilla-La Mancha, País Vasco, Cantabria, Madrid o Islas Baleares figuran en las mejores posiciones de la tabla, mientras que Comunidad Valenciana, Murcia, Extremadura, Islas Canarias, Aragón, Cataluña, Castilla y León o Andalucía. Por último, en la posición central del ranking de Civismo nos encontraríamos con el Principado de Asturias.
En lo tocante a las emisiones de nueva deuda firmadas entre septiembre de 2014 y septiembre de 2015, Civismo observa que La Rioja, Galicia, Navarra, Castilla-La Mancha y País Vasco han asumido nuevos compromisos por un valor inferior al 0,5% del PIB. Cantabria, Madrid y Baleares figuran a continuación, en niveles que van del 0,6% al 0,8%.
El informe de Civismo apunta que por encima de dichos niveles están los gobiernos de Asturias o Andalucía, donde el pasivo autonómico ha crecido un 1,1% del PIB, y Castilla y León o Cataluña, que han aumentado su deuda por un valor que asciende al 1,3% del PIB. Ya en el tramo más alto figuran Aragón (+1,4%), Canarias (+1,4%), Extremadura (+2,3%), Murcia (+2,4%) y Comunidad Valenciana (+2,4%).
Retrasos en los pagos a proveedores
Solamente dos autonomías pagan a los proveedores por debajo del plazo regulado: País Vasco y Navarra, que se mueven entre 1 y 3 días de adelanto.
El plazo medio de pago se sitúa a nivel nacional en 58 días. Por debajo de este umbral figuran Canarias (11), Asturias (18), La Rioja (22), Galicia (27), Castilla y León (30), Castilla-La Mancha (32), Madrid (37) y Cantabria (40).
Los retrasos superiores a la media nacional identificados por Civismo se registran en Andalucía (63), Cataluña (63), Comunidad Valenciana (79), Baleares (80), Aragón (92) y Murcia (92). No obstante, la palma se la lleva Extremadura: 120 días deben esperar, de media, los proveedores del gobierno autonómico para cobrar sus facturas.