Supone un nuevo marco de relaciones laborales y, por tanto, acabar con los marcos anteriores, vengan de donde vengan y en la época que se hayan producido. Nosotros queremos tener un nuevo escenario, dejar atrás el pasado, todos los pasados.
Luz Rodríguez, secretaria de Empleo del PSOE, tenía este jueves una reunión con los sindicatos. Acompañada de Miguel Ángel Heredia, se ha reunido este jueves con los responsables de Acción Sindical de CC.OO. y UGT, Ramón Gorri y Toni Ferrer, respectivamente, para explicarles las primeras iniciativas que el PSOE promoverá en la Cámara Baja.
El encuentro ha ofrecido un resultado inesperado. Los socialistas se han comprometido ante los representantes sindicales a derogar las últimas reformas laborales, "vengan de donde vengan". No es una expresión vacía de contenido. Lo que UGT y CCOO le han pedido al PSOE es que fulmine la reforma que el PP aprobó en 2012, pero también la de 2010 del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Y Rodríguez se ha mostrado de acuerdo: lo que quieren los socialistas es un nuevo marco legal que, según recoge Europa Press, recupere el espíritu del primer Estatuto de los Trabajadores como "carta de derechos". "No hay ningún pasado mejor al que volver", ha asegurado.
El anuncio es muy significativo y no sólo desde el punto de vista político. Es cierto que implica una enmienda al último ejecutivo socialista. Pero lo más relevante es lo que supondría para el mercado laboral español: lo que propone el equipo de Pedro Sánchez es volver al marco de relaciones laborales vigente en 2009, cuando España destruía un millón de empleos al año.
Las dos reformas
Llegados a este punto, habría que recordar que las dos últimas reformas en realidad no se diferencian tanto, al menos en los principios que las guiaban. Podría decirse que la diferencia era una cuestión de grado, más que de fondo. De hecho, no hay más que ver que PSOE y PP vendieron en Bruselas un argumentario muy parecido: que su nueva ley garantizaba "flexibilidad interna" en las empresas; permitía el "descuelgue" de los convenios colectivos de ámbito superior, acercando la negociación con los sindicatos al ámbito empresarial; y "reducía" el coste del despido.
En este sentido, es hasta coherente que Rodríguez anuncie ahora que acabarán con las dos reformas, puesto que las dos son similares en algunos aspectos. Aunque Pedro Sánchez hizo hincapié en la campaña electoral en la de 2012, la del PP, los sindicatos siempre han unido el destino de ambas.
Por ejemplo, en una de las cuestiones más polémicas, el coste del despido, el PSOE rebajó en la práctica de 45 a 33 días para los improcedentes para la mayoría de los trabajadores (ampliando los casos en los que se podía recurrir a los llamados contratos de fomento del empleo que tenían este coste más reducido). También fueron los socialistas los primeros que cambiaron la redacción de la norma sobre despidos por causas económicas (que se pagan a 20 días por año) para que las empresas en dificultades pudieran acogerse a esta opción (antes de 2010 el porcentaje de despidos objetivos en España era muy reducido). Y también fue en 2010 cuando se abrió la puerta a un descuelgue de los convenios más sencillo, reduciendo de este modo el poder de bloqueo de las grandes centrales sindicales.
Es cierto que muchas de estas cuestiones quedaron demasiado abiertas y desde Bruselas presionaron al Gobierno español para que las definiese mejor. Así, en la reforma de 2012, el coste del despido improcedente pasó a 33 días por año trabajado en todos los contratos indefinidos. Aunque esto era algo que ya estaba generalizado, porque en los años previos el contrato de fomento del empleo se había convertido en el más habitual, la principal novedad es que se aplicaba también a los contratos vigentes, que consolidaban sus derechos adquiridos hasta ese momento a 45 días por año pero empezaban a contar a 33 a partir de entonces.
Además, la reforma del PP definía con más claridad las causas económicas para aplicar despidos objetivos (20 días por año), ampliaba las posibilidades para descolgarse del convenio colectivo, permitía a las empresas descolgarse de determinadas cláusulas de estos convenios en caso de dificultades (la famosa flexibilidad interna) y acababa con la ultraactividad. Podría decirse que era un paso más en el camino que había iniciado el PSOE.
Ahora, lo que proponen los socialistas es desandar todo ese camino, desde el principio. Y aquí surgen varias dudas. En primer lugar, cómo será el nuevo estatuto de los trabajadores del que este jueves hablaba Luz Rodríguez. ¿Habrá cambios de fondo respecto a las reformas de los últimos años o estamos sólo ante un anuncio más propagandístico, destinado a poder vender que se han cargado la reforma del PP? Escuchando a Pedro Sánchez en la campaña, primero declarando que iba a derogar toda la reforma, luego que sólo parte y al final que todo otra vez, quedan muchas dudas. Porque además, su mano derecha en cuestiones económicas, Jordi Sevilla, parece partidario de avanzar en muchos de los aspectos abiertos en las reformas de 2010 y 2012 (flexibilidad, cambios en negociación colectiva, cambio en las modalidades de contratación,…).
Y está también Bruselas, no lo olvidemos. La reforma laboral de 2012 ha sido la ley española más alabada por las instituciones comunitarias en el último lustro. Si acaso, lo que han pedido la Comisión Europea, el Banco Central Europeo o el FMI ha sido que se avance respecto a lo iniciado entonces, pero nunca dar un paso atrás. Desde el extranjero se contempla con horror la posibilidad de volver a una normativa que generó la mayor destrucción de empleo, en el menor tiempo, de la historia moderna de Europa. España pasó de menos de dos millones a más de cuatro millones de desempleados en menos de dos años. La mayoría de los expertos coinciden en que fue la rigidez del mercado laboral la principal culpable. En los últimos ejercicios, el ritmo de creación de empleo se acerca al medio millón cada doce meses. No sólo eso, entre 2013 y 2014, por primera vez, España consiguió crear empleo sin necesidad de crecer por encima del 2%. Sin embargo, la dirección del PSOE promete que desandará el camino emprendido por sus propios compañeros. Si llegan al Gobierno será una de las primeras medidas que les exigirán los sindicatos o sus posibles socios parlamentarios. Por ahora, es sólo una promesa, casi con un toque poético: "No hay pasado mejor al que volver", asegura Rodríguez.