Los exdirectivos de Caja Madrid Matías Amat, Carlos Vela García, Juan Manuel Astorqui y Ricardo Morado; el consejero propuesto por el Partido Popular (PP) Estanislao Rodríguez-Ponga y el ex secretario general de UGT Madrid José Ricardo Martínez han pedido al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que archive la causa abierta contra ellos por la utilización de las denominadas tarjetas black.
En sendos recursos, a los que ha tenido acceso Europa Press, los antiguos representantes de la caja de ahorros defienden que sus tarjetas eran un medio retributivo legal, que no era opaco a Hacienda ni a la Comunidad de Madrid y que podía ser utilizado para todo tipo de gastos sin justificación. Además, critican la "confusión terminológica" en la que incurre el auto al confundir a los miembros de los órganos de gobierno con los directivos de la entidad y denuncian que el juez no ha individualizado las conductas delictivas que cada uno de ellos habría cometido.
En este sentido, el que fuera representante de UGT José Ricardo Martínez (44.154 euros) denuncia que se le está sometiendo a la "incertidumbre" de un procedimiento penal, sin saber si es por haber utilizado la 'visa' durante un año y medio o por haberlo hecho en gastos que "no estaban permitidos al no ser gastos de representación".
El exresponsable de Crédito a Empresas Carlos Vela García (249.202 euros), el que fuera director de Comunicación Juan Manuel Astorqui (292.992 euros) y el director de Organización Ricardo Morado (450.818 euros) advierten de que el auto incurre en un "manifiesto error fatídico" al confundir a los miembros del Consejo de Administración y la Comisión de Control con los directivos, que no pertenecen a ninguno de estos órganos de gobierno y que disponían de una segunda tarjeta para gastos de representación por su actividad.
Por su parte, el consejero propuesto por el PP Estanislao Rodríguez-Ponga (255.372 euros) denuncia la "confusión terminológica" y aclara que la visa plata que recibió "sin solicitarla" se trataba de una "remuneración legal" para gastos de libre disposición. En este sentido, advierte de que en los 23 años de existencia de la tarjeta no hubo ningún expediente abierto por la entidad tutelante, la Comunidad de Madrid, ni por ninguna otra autoridad administrativa ni judicial.
El ex consejero ejecutivo Matías Amat, considerado como el 'número dos' del expresidente Miguel Blesa, ha pedido también sobreseer su caso de forma definitiva incidiendo en que la tarjeta le fue entregada en "concepto retributivo y sin limitación alguna en cuanto a su finalidad". "La contabilización y la falta de información fiscal de estas tarjetas son extremos en que nuestro representado ni ha tenido conocimiento, ni ha tenido intervención alguna", concluye.
Aclaraciones al auto
Finalmente, Luis Blasco (51.580 euros) ha pedido una aclaración al auto al considerar que adolece de un "concepto oscuro", al igual que ha hecho el expresidente de Caja Madrid y Bankia Rodrigo Rato (99.054 euros) y el ex consejero José Manuel Fernández Norniella (185.226 euros), quienes han solicitado que se haga constar que devolvieron a Bankia la parte del dinero gastada con su tarjeta.
El juez dictó el pasado 23 de diciembre un auto en el que transformaba las actuaciones en procedimiento abreviado, trámite equivalente al procesamiento, para concluir la investigación y proponer sentar en el banquillo a 66 antiguos representantes de Bankia y Caja Madrid por utilizar las 'tarjetas black', que fueron emitidas "sin respaldo contractual alguno" y usadas para "gastos personales y propios", que ascendieron entre 1999 y 2012 a un total de 15,5 millones de euros.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 que los hechos podrían ser constitutivos del delito de administración desleal, en el caso de los imputados que ocuparon cargos en los Consejos de Administración de ambas entidades (órganos que aprobaron el uso de los plásticos), y de apropiación indebida en el del resto de directivos que los utilizaron.