Estamos a las puertas de las elecciones generales y ningún partido político ha puesto encima de la mesa una propuesta fiscal capaz de dar la vuelta de una vez por todas al desaguisado tributario que sufren los contribuyentes españoles.
La primera cuestión que deberíamos abordar en la próxima legislatura es la de la simplificación y rebaja del IRPF. En los peores momentos de la crisis, con la recaudación por los suelos, los estudios de José Félix Sanz ya señalaban que el IRPF podía reducirse a solamente dos tipos, del 25 y el 35%. Aquella propuesta partía, además, de un aumento del mínimo exento que aseguraba que todos los contribuyentes verían reducida su carga fiscal, sin excepciones.
Hoy la situación fiscal es más favorable que entonces. De hecho, en 2015 los tipos han bajado y la recaudación no solo no se ha desplomado, sino que ha aumentado. Por tanto, la propuesta de simplificación y rebaja del IRPF puede revisarse sobre la base de dos nuevos tramos, que se situarían en el entorno del 20 y el 30%. Dichos umbrales no generarían pérdidas en los niveles de recaudación y podrían ser revisados a la baja conforme lo permita la situación fiscal. En última instancia, el objetivo sería llegar a un escenario en el que solamente quedaría en pie un tipo único (flat tax).
El segundo punto pasaría por eliminar el Impuesto de Patrimonio, para lo cual sería necesario derogar el Decreto Ley 13/2011 y recuperar la Ley 4/2008, que suprimía este gravamen. La pérdida recaudatoria no sería significativa (no llegaría a 1.000 millones de euros), mientras que el efecto sería positivo desde el punto de vista técnico (evitaría la doble tributación), económico (facilitaría el incremento del patrimonio de las familias) y moral (enviaría un mensaje favorable respecto a la creación de riqueza).
En tercer lugar, el Gobierno central debería coordinar con las comunidades autónomas la eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que se pactaría junto con la abolición de los más de 70 impuestos regionales que se han venido aprobando en los últimos años. Ambas medidas supondrían una pérdida de recaudación de 4.000 millones de euros para los Gobiernos autonómicos, obstáculo que sería salvado con un nuevo sistema de financiación territorial que cerrase la brecha fiscal resultante con todos los territorios que se sumen a la iniciativa.
El cuarto punto pasaría por reformar el IVA para alcanzar un único tipo fiscal. De acuerdo con los informes de la Comisión Europea, el gravamen medio que soporta el consumo en España es del 14%. Por tanto, nuestro país tiene la oportunidad de eliminar los diversos tramos de IVA vigentes y adoptar un tipo único del 14% que ni siquiera se traduciría en una pérdida recaudatoria. El tramo podría ser revisado a la baja con el paso del tiempo, conforme lo permita el aumento de la recaudación que irá alimentando la recuperación del consumo.
En quinto lugar, el Impuesto de Sociedades debería ser revisado por entero para adoptar un sistema más atractivo. El nuevo modelo debería garantizar la deducción total de los beneficios cosechados en el extranjero. Además, debería converger hacia un tipo único cercano al gravamen efectivo que soportan las compañías españolas en la práctica. Esto arrojaría una tarifa inicial de entre el 15 y el 20%, sin pérdida de recaudación. Superada esa primera fase de reforma, el gravamen tendría que ser corregido a la baja hasta asumir un modelo en el que solamente se aplicase al reparto de beneficios empresariales.
Las anteriores propuestas aseguran una profunda reordenación del sistema tributario español. Hablamos de llevar IRPF, IVA y Sociedades hacia un modelo de tipo único, pero también de eliminar los Impuestos de Sucesiones, Donaciones y Patrimonio y de acabar con los setenta gravámenes autonómicos que se han ido acumulando a lo largo de los años. El coste fiscal de esta simplificación tan radical sería de apenas 5.000 millones de euros, un efecto muy limitado que podría ser compensado con un limitado ajuste del gasto, que apenas alcanzaría el 0,5% del PIB.
Consolidar este nuevo escenario ayudaría a asumir nuevas reformas tributarias que partirían de un sistema mucho más atractivo y sencillo. España pondría el cascabel al gato y conseguiría el resultado último de esta agenda de reforma fiscal: tener unos impuestos tan simples que sería cada vez más fácil reducirlos, con el ánimo de mejorar el bienestar de familias y empresas.