Decepcionante rumbo el que han seguido las Administraciones regionales en materia de reducción de organismos públicos. Desde enero de 2012 hasta julio de 2015, las Comunidades Autónomas apenas aprobaron un tajo del 20% en su red de empresas, fundaciones y entidades.
A comienzos de la presente legislatura, el Ministerio de Hacienda contaba un total de 2.245 sociedades de este tipo. La cifra oficial con la que ha concluido el primer semestre del presente año rebaja el inventario total a 1.778, una cifra casi idéntica a las 1.784 que se registraban hace diez años.
Andalucía, a la cola
El ajuste se ha repartido de manera desigual. En Andalucía, por ejemplo, apenas bajó un 7% el número de entidades dependientes de la Junta, pasando de 357 a 331.
Tampoco en la Comunidad de Madrid hubo un esfuerzo significativo: el descenso fue del 9%, bajando de 173 a 157. Ligeramente superiores fueron el descenso del 10% registrado en Extremadura, la caída del 12% observada en Asturias o el recorte del 13% aprobado en Canarias
Las reducciones más significativas se dieron en Baleares (-55%), Castilla-La Mancha (-37%), Cantabria (-28%), Galicia (-28%), Comunidad Valenciana (-28%) o Castilla y León (-27%). Más tímidas fueron las caídas en Aragón (-16%), Navarra (-16%) o Cataluña (-17%).
Cataluña, la que más entes públicos mantiene
En cualquier caso, el registro del ministerio de Hacienda deja muy claro que el grueso del problema de los entes públicos se concentra en dos regiones: a la cabeza está Cataluña, que mantiene 393 organismos de este corte; en segundo lugar figura Andalucía, con sus 331 entidades.
Por encima de la barrera de los 100 entes nos encontramos con la Comunidad de Madrid (157), Galicia (115) y Comunidad Valenciana (115). En el extremo opuesto está Castilla-La Mancha, que ha pasado de 55 a 35 organismos entre 2012 y 2015.