Una de las promesas electorales más sonadas de Mariano Rajoy ha sido la de ampliar desde dos a cuatro años el mínimo exento de cotización a la Seguridad Social. A partir del 1 de marzo de 2015, cualquier empresario que contrate de manera indefinida a un parado (o convierta un contrato temporal en uno indefinido) está exento de cotizar a la Seguridad Social por los primeros 500 euros de salario durante los dos años siguientes: la nueva promesa de Rajoy consiste en ampliar este plazo por dos ejercicios más. Así, por ejemplo, quien contrate a un indefinido el 1 de enero de 2016 podría estar sin cotizar a la Seguridad Social hasta el 1 de enero de 2020.
Con esta medida, el líder de los populares pretende fomentar la creación de empleo de calidad, dando prioridad al contrato indefinido sobre el temporal. Sin embargo, es bastante dudoso que, pese a la pompa con la que se ha comercializado la promesa electoral, vaya a mostrarse verdaderamente eficaz.
Primero, recordemos que, desde el punto de vista del empresario, estamos hablando de una exención de cotizar por contingencias comunes sobre los primeros 500 euros de salario: dado que la cotización empresarial por contingencias comunes es del 23,6%, estamos hablando de un ahorro de 118 euros mensuales sobre el salario de un trabajo de jornada completa (si fuera de jornada parcial, el ahorro ascendería a 59 euros mensuales). El salario medio de España en 2014 fue de 1.881,3 euros, lo que añadiendo las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social asciende a 2.440 euros: por tanto, estamos hablando de un ahorro medio de costes del 4,8% durante cuatro años.
Ahora bien, esta rebaja de costes laborales debe verse matizada por otra serie de costes que aumentan. Primero, la exención es incompatible con casi todos los restantes beneficios actualmente existentes en las cotizaciones a la Seguridad Social. Segundo, si un trabajador es despedido antes de doce meses, el empresario deberá reembolsar todos los ahorros de cotización de los que se ha beneficiado (si bien la exención se consolida por períodos de doce meses: es decir, si lo despide en quince meses, sólo deberá reembolsar tres). Y tercero, el empresario deberá optar por el contrato indefinido frente al temporal, lo que supone una mayor indemnización en caso de despido (el coste de la indemnización por despido de un contrato temporal es de doce días por año, mientras que el de un contrato indefinido es de 33 días: es decir, estamos hablando de un sobrecoste potencial de 21 días por año).
Así pues, supongamos que un empresario estima que existe un 60% de riesgo de que, al cabo de un año, tenga que despedir a un trabajador con sueldo medio de 1.881 euros mensuales: en tal caso, existirá un 60% de probabilidades de que tenga que abonarla una indemnización extra por despido de 1.315 euros, así como la devolución de todas las cotizaciones a la Seguridad Social que se ha ahorrado merced a la exención (1.416 euros), a saber, unos 2.730 euros. De manera un tanto simplificada, podemos decir que el valor esperado de un riesgo de 2.730 euros es de 1.640 euros, de modo que para el empresario de este ejemplo seguiría siendo inconveniente contratar de manera indefinida (beneficios = 1.416 euros; costes = 1.640 euros). Y aquí no estamos ni siquiera considerando los costes de renunciar a otras bonificaciones existentes en la Seguridad Social.
Por supuesto, los incentivos a la contratación son tanto mayores cuanto menor sea el salario de un trabajador y más bajas las probabilidades de despido. Por ejemplo, para un trabajador con un salario mensual de 1.000 euros y una probabilidad de ser despedido del 20%, los beneficios siguen siendo de 1.416 euros y los costes se reducen a unos 425 euros: pero, aun así, estamos hablando de un ahorro de costes salariales del 6,3% (siempre y cuando no hubiera otras bonificaciones a la Seguridad Social a las que pudiera optar). Por consiguiente, como mucho la medida de Rajoy estimulará la contratación indefinida de ocupaciones con bajos salarios entre aquellas empresas con mejores perspectivas de negocio (es decir, donde los riesgos de reducir plantilla sean menores).
Pese a lo anterior, el Gobierno alega que la exención de cotización de 500 euros vigente desde marzo de este año ya se ha probado exitosa: entre febrero y noviembre de 2015 se han suscrito 1.160.000 contratos indefinidos, unos 100.000 más que en el mismo período del año anterior, cuando tal exención no estaba vigente. Es decir, y según relata el PP, la medida de Rajoy ha permitido crear 100.000 contratos indefinidos más.
Claro que este mensaje resulta bastante pueril, habida cuenta de que ha sido la contratación en general –debido al mayor crecimiento económico– lo que ha aumentado durante ese mismo período. ¿Verdaderamente observamos alguna diferencia de fondo entre el ritmo de contratación indefinida en estos meses de 2015 con respecto a períodos anteriores? No, en absoluto: el porcentaje de contratos indefinidos en 2015 es prácticamente idéntico al de 2013 y 2014.
En suma, la lógica nos indica que la medida estrella del PP tendrá un impacto muy limitado, y la experiencia parece confirmarnos que así ha sido hasta la fecha. ¿Por qué, entonces, el PP disfraza de revolucionaria lo que, en el fondo, es una medida secundaria y poco relevante (incluso a efectos recaudatorios: si se creara la friolera de un millón de puestos de trabajo indefinidos y a jornada completa, el coste total ascendería a 1.500 millones anuales, menos que la rebaja del IRPF prometida por Ciudadanos)? Pues porque el PP no tiene, en realidad, nada que ofrecer salvo cuatro años de continuidad: Rajoy y sus ministros se han cansado de repetir hasta la saciedad que ya han desplegado toda la agenda de reformas y ajustes, de modo que sólo les queda esperar a que éstos den sus frutos. A lo que aspiran, por tanto, es a seguir en el poder otros cuatro años más mientras la economía siga –según ellos mismos esperan– mejorando: ni una sola liberalización ni un solo recorte del gasto adicional.
Lógico, por otro lado, para un partido conservador que aspira a la inacción. Indeseable para cualquier liberal que rechaza un Estado elefantiásico que asfixia nuestra prosperidad y que tanto el PP como el resto de partidos adoran con fanática devoción.