Esta campaña será recordada por sus debates, que desde los medios se celebran como la esencia de la democracia, pero no por su precisión. En todos los enfrentamientos entre candidatos que han tenido lugar hasta ahora, unos y otros, del PP a Podemos, pasando por el PSOE o Ciudadanos, han dado datos erróneos, se han apoyado en mitos que se saben falsos desde hace años y han defendido modelos que no existen. Por cierto, hasta ahora esto ha ocurrido sin que ninguno de los periodistas presentes como moderadores les hayan afeado estas cifras erróneas.
Y es que la vieja y la nueva política se parecen cada vez más. Al menos en sus argumentos. Todos los partidos defienden un relato que no se sostiene con las cifras. Hay una serie de mitos sobre la economía española que siguen viajando de debate en debate sin que nadie haga nada por desmentirlos. Unos porque encajan con su esquema ideológico; otros porque quizás tienen miedo a desmontar esos mitos; y los de más allá porque piensan que pueden ser útiles para rascar unos votos de última hora.
Esta noche, llegó el turno a Soraya Sáenz de Santamaría, Pedro Sánchez, Albert Rivera y Pablo Iglesias. Aquí les ofrecemos a los lectores de Libertad Digital 10 datos para que se armen contra la demagogia o, directamente, la mentira. Y no hablamos de cuestiones ideológicas. Ahí cada cual tendrá su visión de quién tiene razón. Se puede defender una subida o una bajada de impuestos… lo que no se debería es engañar sobre lo que se paga en España, quién lo paga o cuáles son nuestros tipos del IRPF o IVA comparados con los países de nuestro entorno. Eso es mentir, lo haga un presidente con corbata o un candidato con camisa y vaqueros.
1. Fraude para todo: todos los partidos prometen sustanciales subidas del gasto (según el prometrómetro de El Confidencial, van de los 134.000 millones de Podemos a los 2.000 del PP). También piden que España se acerque a la media de la UE en lo que hace referencia a los ingresos públicos (38,6% frente al 45,2% en 2014).
Hasta aquí, la ideología. Cada uno tendrá su opinión sobre cuánto debe recaudar y gastar el Estado; también sobre qué nuevos gastos puede afrontar el sector público (renta básica, subvenciones a las renovables, industrialización del país...). El primer gran mito de la política española llega cuando se plantea cómo y quién paga todo esto. Hablamos de 70.000 millones más de ingresos para el Estado sólo para igualarnos a la UE en porcentaje de ingresos públicos; y a eso que habría que sumar las nuevas promesas.
Y aquí todos coinciden: la palabra mágica es FRAUDE. Parece que acabar con la economía sumergida resolverá todos nuestros problemas de ingresos o gastos públicos. Pues bien, esto es mentira. Para empezar, según el informe The Shadow Economy in Europe 2013, el tamaño de la economía sumergida en nuestro país suponía en marzo de 2013 alrededor del 18,6% del PIB, apenas un poco por encima del 18,4% de media de la UE. Sí, estamos muy por encima de Austria (7,5%), Luxemburgo (8,0%) u Holanda (9,1%). Pero también estamos mejor que Portugal (19,0%), Italia (21,1%) o Grecia (23,6), países con una renta per cápita y una estructura productiva muy parecida a la nuestra.
Pero supongamos que el nuevo Gobierno lo hace muy bien en este campo y reduce la economía sumergida española al nivel de la francesa (10% del PIB). Eso significaría que saldrían a la luz unos 80.000 millones de euros. Si ese dinero pagase el 40% en impuestos, la Hacienda española recaudaría 32.000 millones. Es un planteamiento fantasioso, porque si acaso esa mejora de la recaudación llegará tras varios años de medidas eficaces contra el fraude… No se va a conseguir de un día para otro. Pues bien, incluso así, apenas serviría para tapar la mitad del déficit público (más de 60.000 millones en 2014) y eso sin empezar a contar los nuevos gastos que prometen los partidos.
Habrá quien diga que las cifras de fraude fiscal son más altas que las que dice el estudio que citamos. Puede ser. La economía sumergida (como su nombre indica) es complicada de medir. Pero no hay ningún estudio internacional que apoye las tesis de los partidos españoles (esas cifras de posible nueva recaudación a los pocos meses de su llegada a Moncloa). Por ejemplo, Juan Ramón Rallo utilizaba en 2012 los datos de Gestha para calcular cuánto podría sacar España en este capítulo: "En el mejor de los supuestos -nos convertimos en Suecia en lo relativo al nivel de cumplimiento de las normas-, sólo recaudaríamos entre 15.000 y 20.000 millones por combatir el fraude fiscal".
2. Fraude de ricos: el segundo mito relacionado con el anterior es que el fraude en España es cosa de ricos, de esos millonarios que esconden sus fortunas en Suiza. Es decir, que la lucha contra el fraude se tiene que centrar en los grandes patrimonios, dejando tranquilo al pobre ciudadano de a pie.
También es mentira. Ya hemos visto los datos en Europa: Grecia, Italia, Portugal o España son los países con más economía sumergida. Por lo general, los países con menos fraude son los más ricos y los que tienen más residentes ricos. Y del mismo modo, los países en los que se calcula una mayor economía sumergida son los más pobres, los que tienen menos grandes fortunas y los que tienen menos grandes empresas. Lo mismo pasa en España. Según un informe de Gestha (a la que nuestros políticos citan a menudo, aunque no en esto): las regiones con más paro, menos nivel de ingresos y menos grandes empresas son también las que tienen más economía sumergida y las que más han empeorado en este aspecto durante la crisis. Andalucía, Castilla La Mancha, Extremadura y Canarias lideran este ránking (todas por encima del 25%, con provincias superando el 30% de economía sumergida sobre su PIB).
Que no le engañen: en España la economía sumergida es cosa de la factura sin IVA, el autónomo que no declara o el contrato en negro del pequeño empresario. Todos contribuimos a ello. Y si se quiere reducir este fraude nos afectará (encareciendo estos movimientos económicos) a todos.
Y por cierto, si alguno saca a relucir otro estudio de Gestha que dice que "las grandes fortunas y grandes empresas evadieron al fisco 42.711 millones de euros en 2010, un 71,8% del total del fraude en España", recuerde que nadie ha visto ese informe (que, por cierto, sería totalmente contradictorio con sus propios datos por regiones… y quizás por eso nadie lo ha visto, porque no existe).
3. Y las malvadas grandes empresas: el tercer gran mito no tiene tanto que ver con el fraude como con la elusión fiscal (utilizar los recovecos legales). En España, se repite una y otra vez que las grandes empresas pagan una cantidad mínima del Impuesto de Sociedades: 6% es la última cifra de moda. También es mentira. Como explicaba nuestro compañero Daniel Nagore hace unas semanas en Libre Mercado:
Si se utiliza la base imponible, las empresas cotizadas del IBEX (más de 250 empleados y que cotizan en bolsa) pagaron en 2011 en concepto de IS un 17,7%, mientras que las empresas no consolidadas de "no grupo" pagaron un 19,2% sobre BI y un 16,7% sobre Resultado Contable.
El objetivo de este artículo no es concluir si un 17,7% es mucho o poco. Tampoco se entra en el debate de si se puedan estar realizando prácticas de ingeniería contable para disminuir las bases imponibles para pagar menos impuestos (entraría dentro de lo posible), sino tratar de dar luz sobre el famoso mito del 3% [ahora 6%] que se repite en casi todos los foros sociales y que ha terminado por convertirse en un dato permanente en el subconsciente de la sabiduría popular.
4. Muchos ricos: en esta línea, escuchando a nuestros políticos parecería que el problema de España es que existen muchos ricos y muchas grandes empresas que viven a nuestra costa. Pues bien, tampoco. Si acaso, nuestro problema es el contrario. España tiene menos ricos en relación a su población o su PIB que los países más prósperos de la UE. Y también tiene menos grandes empresas.
En cuanto a los millonarios, en Libre Mercado ya lo hemos explicado varias veces, pero no está de más recordárselo a nuestros políticos: "El 1% más rico de España atesora una renta media de 153.000 euros, por lo que no hablamos de una élite tan pudiente como la de otros países de la OCDE. Por ejemplo, el 1% más rico de España atesora el 8% de la renta nacional, mientras que en Francia, Italia y Suiza, este porcentaje alcanza el 9%, 10% y 11%, respectivamente. De hecho, cuando acudimos al informe de UBS sobre los multimillonarios del mundo encontramos que Madrid tiene tres veces menos ricos que París y seis veces menos que Londres".
En este sentido, también tiene mucha importancia el debate sobre la desigualdad. Para empezar, casi nunca se dice que aunque es cierto que los índices de desigualdad han crecido en esta crisis, lo hicieron sobre todo de 2007 a 2011 y apenas durante la última legislatura (entre otras cosas porque en España los índices de desigualdad están muy ligados al paro; por ejemplo, en 2013 el índice Gini cayó). Y tampoco se dice casi nunca (no desde luego en ningún debate) que, como explicaba José Fernández Albertos en El Diario, "un análisis de la estructura de la desigualdad indica que somos un país más desigual que nuestros vecinos no porque nuestra clase media sea particularmente pobre en relación a los más ricos, sino porque nuestra clase baja es particularmente pobre respecto a la clase media (…) No parece que en España los muy ricos sean comparativamente más ricos que los muy ricos en los países de nuestro entorno".
5. ¿Quién pagará la factura?: el resumen de todo lo dicho hasta ahora es que si quiere que los ingresos públicos en España sean similares a los de Suecia o Dinamarca, tendrá que pagarlo usted. Hay muchos socialdemócratas que pueden estar de acuerdo con una subida de impuestos que ellos creen que generará mejores servicios públicos. De hecho, este domingo por la noche hubo varios que defendieron en las redes sociales esta postura. Por ejemplo, Pablo Simón, profesor de la Universidad Carlos III y miembro de Politikon: "Ojalá partidos valientes que propongan subir la presión fiscal (y no se escuden en los "impuestos de los ricos" alias los demás)". Esto sí es coherente y aquí debería estar el debate político: ¿queremos más gasto público e impuestos o preferimos impuestos más bajos y menos gasto público?
Ningún país del mundo cobra el 55% del PIB en impuestos sólo con lo que aportan los ricos, aunque estos son los que más pagan en todos (también en España). Es más, en la mayoría de los países que se citan en esta campaña (por ejemplo, Dinamarca) el peso de la imposición indirecta suele ser muy superior al que tiene en España. Usando el lenguaje de los políticos españoles, podríamos decir que tienen sistemas fiscales más "regresivos" que el nuestro. ¿Cree usted que habrá alguien que esta noche prometa subir el IVA para acercarnos a los impuestos daneses? Pues eso...
Por poner todo esto en contexto en lo que hace referencia a España: en 2012, "las grandes empresas pagaron en impuestos 3.000 veces más que las pymes. Sólo el 0,1% de las empresas (1.171) aportó a Hacienda la mitad de la recaudación por Sociedades, unos 11.000 millones de euros". En lo que hace referencia al IRPF, "las rentas altas, de más de 30.000 euros, suponen un porcentaje cada vez más grande del dinero que recauda la Agencia Tributaria española. Si en 2003 estos niveles de renta aportaban el 58% del total recaudado por IRPF, los datos para 2012 elevan esta cuota hasta niveles del 72%". De nuevo, se puede seguir defendiendo una subida de impuestos a los más ricos o a las multinacionales o a quien uno quiera… pero el mantra de que no pagan impuestos o que la mayoría de la recaudación llega de las clases medias-bajas es mentira. Y decir que se puede disparar la recaudación sólo subiendo a los que más cobran, también.
6. Ingresos sí, gasto no: otro mito, esta vez basado en un dato verdadero, pero del que nunca se ofrece la otra cara. Ya lo hemos dicho antes, España tiene unos ingresos públicos alejados de la media de la UE: 38,6% frente al 45,2% en 2014. Esto no tiene por qué ser malo. Con menos ingresos públicos que España están países muy ricos, como Reino Unido (38,2% del PIB), Irlanda (34,4%) o Suiza (33,5%), por citar sólo algunos estados europeos.
Pero la diferencia con la UE es lo que posibilita que todos los partidos digan que España tiene un problema de ingresos públicos, que hay que subir los impuestos y que el déficit no es culpa del derroche de nuestros gobernantes sino de lo poco que pagamos los contribuyentes. Y aquí llama la atención que nadie mire la otra cara de la moneda: el gasto. Quizás es porque aquí estamos mucho más cerca de la media europea: 44,5% del PIB frente a 48,2%, a menos de dos puntos de países asociados a la socialdemocracia más clásica como Holanda, Islandia o Noruega y por encima de otros como Alemania. Claro, es un gasto que financiamos con déficit. Pero para ver el tamaño real del sector público en España parece una cifra mucho más significativa que la de los ingresos, aunque aparezca menos (por ejemplo, en el debate económico del domingo de La Sexta sólo se mostró este último).
7. Pagar impuestos para ser daneses: llegados a este punto, no extraña que todos los partidos miren a Dinamarca. Es su modelo. ¿Y cómo conseguir llegar hasta ese objetivo? Pues parece que lo único que nos separa de los daneses son los impuestos, porque es lo único de lo que hablan nuestros políticos. Otra mentira.
Según el Índice de Libertad Económica del Wall Street Journal y la Fundación Heritage, Dinamarca está en el puesto 11º mientras que España se sitúa en el 49º. Y eso teniendo en cuenta que el país nórdico puntúa muy bajo en la clasificación de impuestos y peso del Estado en la economía. ¿Cómo puede ser el 11º en la clasificación general cuando en dos de los 10 sub-índices está en el último puesto? Pues porque en todo lo demás está en el top ten: 1º en derechos de propiedad, 1º en corrupción, 2º en libertad para hacer negocios, 5º en libertad y flexibilidad del mercado laboral (recordemos que es un país sin Salario Mínimo y sin indemnización por despido), 2º en libertad monetaria, 10º en libertad comercial, 4º en libertad inversora y 3º en libertad financiera.
Olvídese de todo eso cuando escuche hablar a un político español. Todos ellos quieren ser Dinamarca… pero sólo en lo que hace referencia a impuestos. ¿Lo demás? Debe ser una anécdota. Oyéndoles, parece claro que la prosperidad de aquel país no tiene nada que ver con esa libertad económica y sí con la fiscalidad. Hay otros que pensamos: porque son ricos pueden pagar muchos impuestos y no al revés (no son ricos por pagar muchos impuestos). Pero esto ya entraría dentro de la discusión ideológica de la que hablábamos antes. Lo único que habría que pedirles es que, para que esa discusión sea justa, no nos escamoteen los datos.
8. Los malditos recortes: lo mismo ocurrirá cuando llegue el turno de los servicios públicos. El debate siempre se centra en el gasto y en los recortes. La estrella aquí es la educación. Todos los problemas de las escuelas españolas tienen que ver con el gasto.
También es mentira. El Panorama de la Educación 2013 de la OCDE comparaba los sistemas educativos de los países ricos. Y lo hacía con los datos del año 2010, antes de los recortes en España. Las conclusiones son claras: gastábamos más por alumno en todos los niveles que la media de la OCDE y ya entonces obteníamos peores resultados (por ejemplo, 9.559 euros en educación secundaria por 8.412 euros en la OCDE). Los sueldos de los profesores estaban por encima de la media en términos de paridad de poder adquisitivo y el tamaño de las clases (alumnos por profesor) presenta una ratio más baja en nuestro país. Tomando un índice de 100 para el año 2005, España gastaba en educación obligatoria (primaria y secundaria) 87 en el año 2000 y 113 en el 2010: 26 puntos de incremento. En realidad, desde 1990 hasta 2010, el gasto por alumno se dobló y no parece que la calidad del sistema se doblase en consonancia.
Por eso, la única cifra que citan todos los políticos es la del gasto en educación pública respecto al PIB (algo menor en España que en la OCDE): el problema es que este dato no tiene en cuenta el número de alumnos o el peso de la educación concertada. Los datos sobre gasto por alumno, salarios de los maestros o condiciones materiales no engañan: el problema es de modelo, no de dinero invertido. Otra cosa es el modelo que luego defienda cada uno. Ésa debería ser la discusión. Pero ocultar los números no es honesto.
9. Sueldos por decreto: en este caso, no es tanto una cifra lo que tiene que tener en cuenta para que no le engañen, como dos gráficos. Lo aconsejable es que recuerde estas dos tablas, que muestran el sueldo por hora en los países europeos y la productividad hora.
¿Se parecen, verdad? Pues cuando oiga hablar a los políticos de lo poco que cobramos los españoles, de lo malvados que son los empresarios, de la culpa que tiene la reforma laboral en esos bajos sueldos, de que hay que subir los salarios por decreto, de que algo tiene que hacer el Gobierno para acabar con la precariedad… recuerde las dos tablas. Cobramos menos que los daneses o los suecos porque, desgraciadamente, somos menos productivos. ¿Y por qué? Pues hay muchas causas y aquí sí podría entrar la discusión ideológica. Desde Libre Mercado, destacaríamos la poca libertad que tienen trabajadores y empresarios para pactar las condiciones de su relación, hay poca y mala formación a los trabajadores (antes y después de su llegada al mercado laboral), una legislación laboral rígida que consagra la dualidad, intervencionismo normativo… Pero esto es discutible. Los datos de productividad y salarios, no.
Ah, y una cuestión que no es probable que nadie recuerde tampoco esta noche: las grandes empresas pagan más, despiden menos, son más productivas y tienen más nivel de contratos fijos. Recordemos que España tiene un porcentaje muy bajo de trabajadores en grandes empresas y un porcentaje enorme de trabajadores en micro-pymes. Piense en ello también cada vez que un político ataque a las multinacionales, diga que sólo hay que proteger a los autónomos o a las pymes y desprecie a los grandes empresarios. Lo que en realidad quiere decir es que le gustan los pequeños empresarios sólo mientras sigan siendo pequeños... si un día tienen éxito y empiezan a crecer, que se preparen.
Por cierto, que sobre mercado laboral también hay otra cuestión a tener en cuenta para cuando aparezca el tema en el debate. La mayoría de los candidatos achacan los problemas de España a la desregulación y las últimas reformas, que han dado todo el poder a los empresarios respecto a los trabajadores. Pues bien, en materia laboral, nuestro país ocupa el puesto 118ª del Índice de Libertad Económica (de un total de 141 países). Somos uno de los lugares con una legislación más rígida en este aspecto. De nuevo, es perfectamente legítimo pensar que debería ser más rígida o cree que esto no tiene nada que ver con nuestra tasa de paro. Pero no debería mentirse al ciudadano al respecto (o hacerle creer que en otros países tienen normativa sobre despidos o contrataciones que hace décadas que ya no existen).
10. Pensiones protegidas: el último mito quizás sea también el más dañino, porque afectará a un colectivo que tendrá poca capacidad de maniobra. Todos los partidos lo repiten hasta la saciedad, el sistema público de pensiones no corre peligro.
Esto sólo es verdad si entendemos que "no corre peligro" quiere decir que la Seguridad Social seguirá existiendo en 2040 y seguirá pagando alguna prestación. Pero el español medio no entiende eso. Lo que piensa cualquiera al escuchar esa frase es que la relación entre su pensión y su último sueldo (o el salario medio de la economía) se mantendrá. Y esto último no es cierto. Las última reformas aseguran que el sistema se irá deteriorando poco a poco. Será sostenible en el sentido de que ingresos y gastos irán acompasados, pero no en el sentido de mantener el valor de las pensiones (al menos en relación a los sueldos, probablemente ni siquiera en términos de poder adquisitivo).
España es en estos momentos uno de los países ricos con una tasa de sustitución (pensión respecto al último salario) más elevada: 89%, sólo por detrás de Holanda. Esta cifra va a empezar a bajar. No es una cuestión ideológica. Es una identidad contable. Si queremos mantener esa relación, habrá que disparar el gasto en pensiones respecto al PIB (y ya estamos entre los que más dinero dedicamos a este capítulo con un 10,5% del PIB y la cifra seguirá subiendo).
En 2050, España será uno de los países con una población más envejecida y con menor porcentaje de trabajadores respecto al número de mayores de 65 años. Quizás algún candidato recuerde estas cifras demográficas, pero que las asocie a lo inevitable (un sistema público que obligará a cotizar mucho más y recibir menos) y que pida un cambio en el modelo para hacer lo que hacen la mayoría de los países ricos (complementar el sistema de reparto con uno de capitalización individual)… eso ya parece más improbable.