Ya se ha convertido en una tradición, aunque preocupante. En los últimos años, el Estado tira de forma recurrente del Fondo de Reserva de la Seguridad Social para abonar las pagas extra a los pensionistas, una en verano y otra en Navidad.
La última vez ha tenido lugar este mismo miércoles, ya que la Tesorería de la Seguridad Social ha dispuesto de otros 7.750 millones de euros de la denominada hucha de las pensiones para garantizar el "pago puntual" de las prestaciones contributivas a los jubilados.
"Como viene siendo habitual, en los meses de diciembre se produce una necesidad adicional de financiación para hacer frente al abono de dos mensualidades de pensiones (paga ordinaria y extraordinaria), que este mes de diciembre alcanza un importe de 15.387 millones de euros", hecho por el cual el Gobierno ha tenido que recurrir de nuevo al Fondo. Esta cuantía es muy similar a la registrada el 1 de diciembre de 2014, cuando la Seguridad Social retiró otros 8.000 millones del Fondo.
Desde 2012 se vienen sucediendo las retiradas de dinero para cubrir el agujero que presente el sistema público de pensiones. Como consecuencia, el Fondo, cuyo dinero está invertido exclusivamente en deuda pública española, cuenta hoy con unos activos de 34.221 millones de euros -a valor de adquisición-, lejos, por tanto, de los 66.815 millones que registraba a cierre de 2011.
En total, la citada hucha se ha vaciado en 32.594 millones durante la presente legislatura, reduciéndose a casi la mitad en los últimos cuatro años. Hoy por hoy, registra su nivel más bajo desde 2005, cuando acumulaba 27.184 millones.
Dicho Fondo, cuya creación tuvo lugar a principios de la pasada década para cubrir, precisamente, este tipo de eventualidades, no ha dejado de vaciarse desde 2012, momento en el que los ingresos derivados de las cotizaciones sociales empezaron a no llegar para cubrir el pago total de las prestaciones contributivas. La creciente brecha entre ingresos y gastos ha sido compensada por esta hucha y por el traspaso final de las pensiones no contributivas a los Presupuestos Generales del Estado para que, de este modo, sean sufragadas mediante impuestos en lugar de cotizaciones sociales.
El problema, sin embargo, es que el déficit estructural se mantendrá e incluso se agravará con el tiempo debido al declive demográfico que sufre España, de modo que se deberán adoptar nuevas medidas durante la próxima legislativa con el fin de mantener el sistema en pie, bien adelantando los mecanismos automáticos de corrección que contiene la última reforma de las pensiones, bien subiendo impuestos para tratar de reducir el déficit de la Seguridad Social o, en última instancia, abogando por un cambio de modelo que, por el momento, ningún partido se atreve a plantear, a pesar de que el actual sistema de reparto es una especie en peligro de extinción entre los países ricos.