El Tribunal de Cuentas ha publicado un duro informe en el que alerta de la falta de controles efectivos por parte del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Según el organismo auditor, no se controla adecuadamente el alcance de las prestaciones por desempleo que se perciben de manera indebida.
Como prueba de esta falta de coordinación, el Tribunal de Cuentas señala que el SEPE reconocía en 2013 que 320.396 contribuyentes habían cobrado prestaciones indebidas por valor de 582 millones de euros. Sin embargo, las direcciones provinciales arrojan una cifra de 320.396 deudores y 563 millones cobrados de manera indebida.
Ante estas discrepancias, el Tribunal de Cuentas solicitó un inventario al SEPE. Lejos de conciliar las diferencias entre la cifra nacional y los datos provinciales, esta nueva fiscalización ha elevado el número de expedientes afectados a 418.272 trabajadores. En suma, habrían cobrado 770 millones de manera indebida.
Diez medidas para mejorar la eficiencia
Según el informe, 1,2 millones de los 47 que los Servicios Centrales del SEPE incluyen en el inventario como "deuda derivada de la responsabilidad empresarial" ya han sido dados de baja por las direcciones provinciales, al considerarlos "créditos incobrables".
¿Cómo se pueden solucionar estos problemas y evitar el descontrol? El Tribunal de Cuentas aporta numerosas vías de trabajo que responden a los muchos fallos detectados:
- Coordinación con la Tesorería General de la Seguridad Social: dicha instancia cuenta con el fichero de inscripción de empresas, lo que permitiría actualizar la base de datos con aquellas compañías que se dan de baja o que son insolventes.
- Cruce de datos con el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa): ayudaría a evitar fraudes en la prestación.
- Intercambio de información con el Registro Civil: permitiría detectar el pago a fallecidos.
- Enlace con los servicios de empleo autonómicos: avisaría de ofertas de trabajo rechazadas, abandonos de itinerarios formativos u otros requisitos que es necesario cumplir para cobrar las prestaciones de paro.
- Convenios con el CGPJ: comunicarían sentencias favorables a los trabajadores en casos de despidos individuales o colectivos, mejorando el funcionamiento de todo el entramado administrativo.
- Actualización de las aplicaciones informáticas: resultan inoperantes por su falta de integración, lo que se traduce en ineficiencias, errores, datos duplicados...
- Coordinación de los equipos provinciales: el SEPE no cumple su función de homogeneizar y coordinar a sus equipos territoriales, lo que impide unificar mecanismos de trabajo.
- Comunicación con los bancos: deben suscribirse convenios de información para que las entidades informen automáticamente cuando se cancela una deuda o, por el contrario, cuando expiren plazos y no se hayan abonado las obligaciones pendientes.
- Nueva política de recursos humanos: hay gestiones de procedimiento que se realizan manualmente aún siendo potencialmente automatizables, lo que ocupa a muchos trabajadores y genera menos eficacia y procesos más dilatados.
- Actualización de los mecanismos de pago: la propia web del SEPE debería permitir que se salden las deudas pendientes.